La posibilidad de contratar médicos especialistas extranjeros volvió a la agenda del Gobierno panameño, una propuesta que ha sido planteada durante distintas administraciones, pero que enfrenta resistencia gremial y dificultades para concretarse.
El debate reaparece mientras profesionales formados en el país reclaman oportunidades laborales y residencias médicas.
El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, confirmó que el Ejecutivo analiza recurrir a personal foráneo si no logra cubrir con panameños las vacantes existentes en especialidades críticas. La prioridad, aseguró, será contratar nacionales antes de buscar candidatos fuera del país para fortalecer la atención en hospitales públicos.
“Realmente, médicos en Panamá hay suficiente cantidad de médicos generales. Especialistas hacen falta y tenemos que ver cómo cubrimos esa necesidad”, declaró Boyd. Entre las áreas con mayor escasez mencionó cardiología, anestesiología y oncología, disciplinas que requieren varios años adicionales de formación profesional.
El anuncio surgió después de una reunión con representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica, quienes inspeccionaron la instalación de un acelerador lineal destinado al tratamiento del cáncer.
La ampliación de la capacidad tecnológica obliga al sistema a disponer también de oncólogos, físicos médicos, radioterapeutas y personal entrenado para operar los nuevos servicios.
Sin embargo, la contratación internacional no es una idea nueva. En marzo de 2026, el Ministerio de Salud y la Caja de Seguro Social ya habían abierto una convocatoria para cubrir 71 plazas críticas, permitiendo la participación de extranjeros cuando no existieran postulantes nacionales. Los interesados debían entregar sus credenciales para verificar formación, experiencia e idoneidad.
El problema tampoco comenzó con el actual Gobierno. La Ley 69 de 2013 autorizó al Ministerio de Salud y a la Caja de Seguro Social a contratar profesionales y técnicos extranjeros en áreas deficitarias, bajo determinadas condiciones. Su aplicación ha tropezado con cuestionamientos relacionados con la idoneidad, la equiparación académica y la protección del empleo para los panameños.
Durante la pandemia, en 2020, el Gobierno consideró traer especialistas ante la presión que soportaban los hospitales. La propuesta provocó el rechazo de organizaciones médicas, que exigieron comprobar primero la disponibilidad de profesionales nacionales. El plan fue inicialmente pausado, aunque posteriormente Panamá contrató personal cubano para reforzar la respuesta contra la COVID-19.
Aquella controversia dejó una discusión que continúa vigente: traer especialistas puede cubrir una urgencia inmediata, pero no corrige las fallas de planificación, formación y distribución. Los gremios sostienen que antes de acudir al exterior deben ofrecerse nombramientos, estabilidad y condiciones adecuadas a quienes ya poseen idoneidad en Panamá.
La magnitud del déficit tampoco cuenta con una cifra oficial única y actualizada. Se ha estimado que faltan entre 3.000 y 4.000 médicos, entre generales y especialistas. El cálculo parte de una necesidad de entre 11.000 y 12.000 profesionales frente a unos 7.400 disponibles.
La estimación, sin embargo, no significa que todas esas personas puedan ser contratadas inmediatamente. El déficit incluye desigualdades territoriales y necesidades acumuladas, mientras la creación de plazas depende del presupuesto público. De esa manera, un médico puede estar disponible para trabajar y, al mismo tiempo, existir una comunidad donde la atención sanitaria continúa incompleta.
Esa contradicción también se observa en la formación. Más de 200 aspirantes aprobados quedaron sin plazas para realizar su internado médico, mientras las oportunidades de residencia para especializarse se han reducido. Sin suficientes cupos de entrenamiento, el país gradúa médicos generales, pero limita el camino que les permitiría convertirse en los especialistas que el sistema necesita.
La escasez tampoco está distribuida de manera uniforme. Las áreas urbanas concentran buena parte del recurso humano, mientras hospitales del interior y regiones de difícil acceso tienen mayores problemas para atraer y retener personal especializado. La falta de equipos, vivienda, incentivos, estabilidad familiar y posibilidades de desarrollo profesional condiciona la aceptación de plazas alejadas de la capital.
El propio Boyd reconoció que el fenómeno trasciende a Panamá. Representantes del Organismo Internacional de Energía Atómica le señalaron que la falta de especialistas afecta a toda América Latina, lo que también complica la contratación en el exterior: los países buscan perfiles similares y compiten por profesionales con experiencia en áreas de alta complejidad asistencial.
La regionalización de oncología aumentará esa demanda. El Ministerio proyecta brindar cobertura desde Bugaba para Chiriquí, Bocas del Toro, Veraguas y las comarcas, además de extender posteriormente los servicios hacia las provincias centrales.
Instalar equipos fuera de la capital será insuficiente si cada centro no cuenta con personal capaz de atender pacientes y mantener operativa la tecnología.
Por eso, la discusión no puede reducirse a escoger entre médicos panameños o extranjeros. Una respuesta sostenible exige determinar cuántos profesionales hacen falta, en cuáles especialidades y en qué regiones, además de abrir plazas, ampliar residencias y ofrecer incentivos. La contratación externa podría resolver vacantes puntuales, pero no sustituye una política permanente de formación y retención.
El Gobierno deberá demostrar primero qué puestos permanecen desocupados después de convocar a profesionales nacionales y cuáles requisitos aplicará a los candidatos extranjeros. Sin esa información, la propuesta corre el riesgo de repetir debates anteriores: anuncios de emergencia, oposición de los gremios y pocas soluciones duraderas para pacientes que continúan esperando una consulta o procedimiento especializado.
