Patricia Bullrich aseguró esta mañana que no estaba al tanto de los cambios en el sistema de discapacidad que el gobierno de Javier Milei introdujo en el proyecto de Presupuesto 2027, a pesar de integrar la mesa política del oficialismo. La declaración expone una fisura en la coordinación interna de la coalición gobernante en un momento en que la aprobación del presupuesto se vuelve estratégica para el año electoral.
La senadora y presidenta del PRO admitió -en declaraciones a Radio Rivadavia- que el tema “no salió a la luz” en las reuniones de la mesa política, y que el presupuesto llegó con esos cambios sin previo aviso para los socios de la coalición. “No nos enteramos, yo no miento, es la verdad”, enfatizó la legisladora, que luego expresó cierta molestia porque cuando los legisladores aliados llegan al Congreso sin haber sido informados, quedan expuestos ante sus propios bloques y ante la oposición. “Quedás como un tonto o como que engañás, eso resiente las relaciones”, lamentó.
En el mismo sentido, Bullrich reconoció que en Diputados ya existía un acuerdo político entre el oficialismo y sectores opositores para discutir el tema de discapacidad “de determinada manera”, acuerdo que ahora quedaría en cuestión con la aparición de estos artículos en el texto presupuestario. El Senado actúa como cámara revisora en materia presupuestaria, por lo que deberá esperar a ver qué texto llega desde la cámara baja antes de definir su postura. “Está bastante peliaguda la discusión”, reconoció.
Desde los bloques opositores, las reacciones fueron inmediatas. El diputado Juan Marino, de Unión por la Patria, calificó los cambios como “ilegales e inconstitucionales” y denunció que el proyecto busca “desmantelar” la Ley de Emergencia en Discapacidad. El legislador Esteban Paulón, de Santa Fe, subrayó que los cambios aparecieron luego de que La Libertad Avanza había impulsado junto a bloques afines una iniciativa propia para tratar la emergencia, sin revelar su contenido real.
El Presupuesto derogó puntos históricos del sistema de discapacidad que rigen desde 1997
El proyecto enviado al Congreso incluye, en su Capítulo VI, los artículos 36 a 41, que modifican en forma permanente pilares del sistema de atención a personas con discapacidad. Entre los puntos más sensibles figura la derogación de varios artículos de la Ley de Emergencia en Discapacidad (ley 27.793) y cambios profundos en la ley 24.901, que desde 1997 sostiene el sistema de prestaciones básicas de atención integral.
El corazón de la reforma apunta al Nomenclador de Prestaciones Básicas: el texto establece que ya “no incluirá valores universales”, lo que elimina los aranceles obligatorios de referencia para obras sociales, prepagas y prestadores. En la práctica, las familias de personas con discapacidad deberán negociar individualmente el valor de terapias y tratamientos con sus coberturas. La actriz Valentina Bassi, madre de un adolescente con autismo, lo resumió con crudeza en Radio Con Vos: “Es letal la desregulación del nomenclador único”.
Otro de los cambios centrales reinstala el esquema de pensión por invalidez laboral, lo que implica que el Certificado Único de Discapacidad (CUD) ya no funcionará como garantía directa de acceso a las prestaciones. Además, quienes cuenten con empleo registrado o estén inscriptos en el monotributo perderán la compatibilidad con ese beneficio, una modificación que hasta ahora permitía a muchas personas con discapacidad trabajar sin perder su cobertura.
El diputado Maximiliano Ferraro, de la Coalición Cívica, advirtió que la reforma “elimina dos principios fundamentales: que los aranceles sean iguales para todas las obras sociales, prepagas y el Estado, y que esos aranceles se actualicen automáticamente mediante el índice de movilidad jubilatoria”. “En criollo, eliminan el criterio de arancel único para todo el sistema y reemplazan una regla objetiva por un esquema fragmentado, discrecional e incierto”, señaló desde su cuenta de X.
Los cambios en los valores de las prestaciones también dejarán de ser automáticos y mensuales. El Gobierno fijará esos montos a su propio criterio de forma trimestral, y solo se recurrirá al Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC si ese ajuste no se realiza en tiempo y forma. Se elimina además el estudio anual de costos de cada prestación, que incorporaba a los aranceles los aumentos de componentes no reflejados en la inflación general.
