El presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha agradecido este viernes la aprobación legislativa del crédito del Fondo Monetario Internacional (FMI) por valor de 1.900 millones de dólares (unos 1.650 millones de euros), lo que permitirá "blindar" las reservas internacionales y estabilizar la economía nacional, según ha anunciado el mandatario.

La norma, aprobada con el respaldo de más de dos tercios de los votos en ambas Cámaras, representa para el presidente boliviano una señal "contundente de madurez política, unidad y certidumbre económica".

"Este respaldo demuestra que, cuando el bienestar común está primero, las diferencias ideológicas quedan en segundo plano. Estos recursos están destinados a blindar nuestras reservas y abrir oportunidades reales de inversión y empleo", ha aseverado Paz a través de sus redes sociales.

Asimismo, Paz ha calificado este decreto como un "paso histórico" para la economía nacional, especialmente para "cada agricultor, comerciante, trabajador, industrial y emprendedor que todos los días sostiene a este país con su esfuerzo".

Por su parte, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Christian Morales, ha defendido ante el Senado que la inyección financiera forma parte del plan gubernamental para ordenar las cuentas públicas, avanzar hacia un régimen de mayor flexibilidad y restaurar la confianza en el acceso a los mercados internacionales de crédito.

Tras concluir con éxito su tramitación en ambas cámaras, la ley ha quedado vista para sentencia a la espera de la promulgación del presidente Paz para su entrada en vigor.

La aprobación del decreto, concebido según el Ejecutivo para reforzar la economía y la estabilidad nacional, coincide con un escenario de marcada inestabilidad política. La medida se produce después de que la Asamblea Legislativa ratificara la prórroga del estado de excepción -vigente desde el pasado 20 de junio a raíz de la ola de protestas y bloqueos dirigidos contra el presidente-, cuya vigencia expiraba este mismo viernes.

El estado de excepción fue impuesto a finales del pasado mes de junio después de semanas de bloqueos de carreteras por todo el país impulsado por asociaciones afines al expresidente Evo Morales, que pedían la dimisión de Paz poco más de medio año después de su nombramiento.

Durante los momentos más críticos de la protesta se registraron más de un centenar de bloqueos repartidos en siete de los nueve departamentos que conforman Bolivia. Después de varios intentos fallidos por establecer un diálogo, finalmente cuando se cumplían 50 días de bloqueos la Central Obrera Boliviana (COB) y el Gobierno llegaron a un acuerdo, tras lo que Paz decretó el estado de excepción para servirse de las Fuerzas Armadas para levantar estos bloqueos aún mantenidos entonces por agrupaciones campesinas y aliados de Morales.