El caos en Ceuta será el —¿único?— protagonista en el inicio de un curso político que ya se vaticinaba turbulento para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. La sensación que perciben los que viven el día a día en la ciudad autónoma, un mes después de la entrada masiva de 72.000 migrantes entre los días 30 y 31 de julio, es que la convivencia en la ciudad sigue siendo insostenible. Síntoma de ese nerviosismo han sido los altercados que se están repitiendo en los últimos días, entre ellos asaltos a los migrantes, a los voluntarios de Cruz Roja e incluso a los propios ceutíes musulmanes.
En medio de este clima de violencia creciente, Sánchez comparecerá este jueves en el Congreso para dar explicaciones sobre su gestión, especialmente después de ser señalado por su insistencia en atender la crisis desde su residencia vacacional. Unos días antes, el lunes, ofrecerá una entrevista a la Cadena Ser, en la primera oportunidad para que el presidente conteste a algunas preguntas esenciales: por qué tardó tanto en regresar a La Moncloa, en convocar el Consejo de Seguridad Nacional, en declarar el mando único en la ciudad, en aprobar el plan de emergencia, en pedir ayuda financiera y medios a la UE —reclamó a Frontex tras rechazarlo dos veces— o en organizar con las comunidades autónomas el traslado de los 500 menores en situación de vulnerabilidad.
La debilidad institucional que se ha demostrado en la crisis le ha llevado a encajar una fuerte crítica transversal, desde el socio minoritario hasta la oposición. El Ejecutivo se ha defendido en todo momento, asegurando que el presidente lleva volcado con Ceuta desde el “minuto uno” y que desde entonces ha permanecido en contacto ininterrumpido con sus ministros involucrados, recordando además que el líder socialista ha visitado cuatro veces el enclave español, mientras que Aznar —que viajó este jueves— solo ha ido como expresidente.
Un gabinete enfrentado
A todo esto se unen los problemas en casa, revelados tras el choque entre Marlaska y Robles por el papel del servicio de inteligencia español. ¿Tuvo conocimiento previo el CNI de la entrada masiva? Y de saberlo, ¿alertó al Gobierno de ello? El presidente deberá aclarar un relato que, por el momento, ofrece versiones contradictorias.
Ninguno de los seis ministros que han declarado en el Congreso ha hecho el mínimo ejercicio de autocrítica. Ni hacia ellos ni hacia el gobierno de Marruecos, a quien siguen considerando —pese a las sospechas de que pudo mirar hacia otro lado para permitir el paso de los migrantes hacia la frontera— como un socio fiable hacia quien solo tienen palabras de agradecimiento por colaborar en los retornos.
Mientras la Audiencia Nacional trata de esclarecer las posibles responsabilidades, la versión oficial atribuye la avalancha migratoria a un “conjunto de factores”, que comenzó con una sentencia judicial “tergiversada” del Tribunal Supremo y continuó con su difusión masiva en las redes, impulsada por las mafias y “agentes externos”. “¿Alguien se puede creer que puedan asaltar un país y puedan entrar 80.000 personas y ni los gobiernos español y marroquí lo sepan?”, se preguntó en tono irónico el portavoz de los populares Borja Sémper en unas declaraciones a los periodistas en el Congreso.
La tensión en las calles dificulta la salida de la crisis
El ministro de Justicia, Félix Bolaños, reconoce que la situación “no se resuelve en un santiamén”. Al menos, si se quieren evitar los mismos errores que se cometieron en el asalto a la valla de Melilla en 2021, cuando el Gobierno optó por la devolución en masa sin respetar el derecho humanitario (como así reflejó el Tribunal Supremo en una sentencia posterior). Sánchez tratará de rebajar la tensión en las calles ante la preocupación de que una escalada acabe dificultando todavía más el traslado, la identificación y la devolución de las personas migrantes. El ministro Ángel Víctor Torres y el presidente ceutí, Juan Vivas, llevan días haciendo llamamientos a la calma: “Queremos que regrese la convivencia. En 2021, en Ceuta se consiguió la normalidad, y ahora también se va a conseguir, pero no va a ser posible si seguimos avivando la violencia”, ha señalado Torres.
El PP nacional, por su parte, evita sumarse a estos llamamientos, alegando que “la ciudadanía ceutí está cansada”. En privado, fuentes del partido de Alberto Núñez Feijóo creen que esta crisis puede resquebrajar definitivamente a un Gobierno que llega muy tocado en vísperas de año electoral. En este contexto, el vicesecretario de Política Autonómica y Municipal y Análisis Electoral, Elías Bendodo, ha anunciado la convocatoria de manifestaciones por Ceuta en los ayuntamientos socialistas “que no las secunden” para que sus ciudadanos “puedan expresar su apoyo a Ceuta y exigir la normalidad”.
Por el momento, más de 260 municipios han respaldado de manera oficial concentraciones ciudadanas frente a sus ayuntamientos este 2 de septiembre, mientras que, en el caso de Madrid capital, la manifestación se ha convocado frente al Congreso.
