Madrid, 2 sep (EFE).- La defensa de Wilmer Chavarría, Pipo, presunto líder de Los Lobos, la banda criminal más poderosa de Ecuador, ha sumado nuevos argumentos al recurso con el que pretende frenar su extradición al país, como el temor a ser enviado a Estados Unidos, cuya petición de entrega fue rechazada por la Audiencia Nacional.
Chavarría ha presentado un escrito, al que ha tenido acceso EFE este miércoles, con diversa documentación en la que reitera que su vida está en riesgo y acusa a Ecuador de ocultar documentación a las autoridades españolas, como el procesamiento de este reclamado en la investigación sobre por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023.
Su defensa aporta también declaraciones públicas de dirigentes políticos en los que se alude a una posible futura extradición a Estados Unidos, para pedir que los magistrados frenen la entrega.
Los letrados del presunto líder de Los Lobos consideran que Ecuador no busca que este reclamado termine de cumplir los cinco años que le quedan de una condena de 16 años de cárcel por tres homicidios durante un tiroteo tras el asalto a un banco en 2010, sino juzgarle por el asesinato del candidato a la presidencia Fernando Villavicencio en 2023, eludiendo el control de España.
La Audiencia acordó la extradición de Chavarría a finales de julio, meses después de que los magistrados rechazasen su entrega a Estados Unidos, que le reclamaba por su supuesta participación en una operación de narcotráfico para la introducción de cinco kilos de cocaína en California.
El presunto narcotraficante fue detenido en noviembre de 2025 en Málaga, donde había llegado en 2022 con una identidad falsa desde Colombia tras fingir su muerte en Ecuador. Al parecer se habría operado siete veces el rostro para no ser reconocido.
La Audiencia Nacional, que deberá estudiar su recurso, accedió a entregarle por otros hechos distintos al mencionado magnicidio: el asalto a una sucursal bancaria en Ecuador en el que en un tiroteo con la policía murieron tres personas, por el que Chavarría fue condenado a 16 años de cárcel, en una condena que se declaró extinta cuando se le dio por muerto en septiembre de 2021. Después se anuló dicha extinción.
En el nuevo escrito presentado ante la Audiencia Nacional, su defensa sostiene que "la vinculación del reclamado a la causa por el asesinato del Sr. Villavicencio no es una conjetura sobre el futuro, sino un procesamiento con prisión preventiva y difusión roja acordados en febrero de 2026 y silenciados ante esta Sala".
Esta defensa acusa a Ecuador de callar que ha procesado al "reclamado por un magnicidio, que ha ordenado su prisión y que ha pedido su captura internacional" para "obtener una decisión que, con la información completa, no obtendría".
También aporta documentación para denunciar el riesgo que supondría ingresar en la cárcel de El Encuentro, aludiendo a la supuesta muerte por asfixia de un reo también vinculado a Los Lobos o a denuncias sobre torturas.
Chavarría recuerda que en febrero fue interrogado en la prisión de Zuera (Zaragoza), a petición de la Fiscalía ecuatoriana, en relación con el asesinato del candidato a la presidencia de Ecuador Fernando Villavicencio en 2023, y aseguró que el crimen fue ordenado por el actual presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, ante el temor de que el candidato asesinado ganara las elecciones de 2025. Por ello, sospecha que su declaración contra el actual presidente le pone en riesgo.
La Audiencia Nacional acordó su extradición después de que Ecuador le informase acerca de la normativa sobre derechos y garantías de personas privadas de libertad, así como de las acciones concretas implementadas para garantizar los derechos a la vida y a la integridad personal de los presos, que el tribunal consideró que revelaba "la prestación de garantías suficientes" de que el ingreso en prisión "va a respetar sus derechos fundamentales". EFE
