La publicación del Decreto Supremo 123-2026-PCM estableció una medida inédita para la seguridad en Lima Metropolitana y la Provincia Constitucional del Callao durante el estado de emergencia: los miembros de la Policía Nacional del Perú (PNP) tienen prohibido usar sus teléfonos personales durante operativos y patrullajes reservados.
La decisión, informada por el Gobierno a través del diario oficial El Peruano, apunta a frenar las filtraciones y fortalecer el control interno en un contexto marcado por el incremento de la criminalidad.
¿Qué dice el Decreto Supremo 123-2026-PCM?
El estado de emergencia declarado por 60 días en Lima y Callao responde al aumento de delitos como homicidio, sicariato y extorsión. Según el decreto, la PNP mantiene el control del orden interno junto a las Fuerzas Armadas (FF.AA.), con el objetivo de combatir la inseguridad ciudadana.
La medida permite restringir derechos constitucionales vinculados a la inviolabilidad del domicilio, la libertad de tránsito, la libertad de reunión y la seguridad personal.
El Gobierno dispuso que la PNP determine zonas de intervención basadas en información de inteligencia, estadísticas y mapas del delito. También se regula la realización de actividades masivas, que requerirán permisos especiales durante la emergencia, mientras que las de menor escala podrán desarrollarse con normalidad.
En este marco, sobresale la norma que prohíbe el uso de equipos de comunicación personal por parte del personal policial encargado de los operativos. Esta directiva busca evitar que información delicada llegue a bandas delictivas a través de filtraciones internas.
Nuevo comando de coordinación y blindaje de información
El decreto estableció la creación del Comando de Coordinación Operativa Unificada (CCO), que debe conformarse en las primeras 24 horas de vigencia de la declaración.
Este organismo será presidido por el comandante general de la PNP y contará con representantes del Estado Mayor Conjunto de las FF.AA., la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), el Ministerio de Economía y Finanzas, INDECI, la Fiscalía, el Poder Judicial y los alcaldes de Lima y Callao.
El CCO tendrá la función de liderar acciones integradas para restablecer el orden y reducir la criminalidad, asegurando recursos y coordinación táctica.
El esquema incluye la posibilidad de clasificar como reservada la información sobre patrullajes y operativos, conforme a la Ley de Transparencia. El Peruano subrayó que los acuerdos de este comando podrán ser catalogados como secretos si así lo exige la estrategia de seguridad.
La participación de los municipios distritales también fue reforzada, ya que podrán incrementar la presencia de serenos con experiencia en operativos urbanos. La estrategia oficial contempla patrullaje intensivo, control territorial y el uso exclusivo de canales oficiales de comunicación.
La decisión gubernamental de restringir el uso de celulares personales en operativos se presenta como una respuesta directa a las denuncias sobre filtraciones, mientras el estado de emergencia redefine el modo en que la seguridad pública se gestiona en la capital peruana y en el principal puerto del país.
