Tras el aumento del trabajo remoto y la atención permanente por celular que dejó la pandemia de Covid-19, la diputada de Morena Leonor Gómez Otegui presentó ante el Congreso de la Ciudad de México una iniciativa para reconocer el derecho a la desconexión digital de las y los servidores públicos en la capital. La propuesta busca frenar mensajes, llamadas y tareas laborales fuera de la jornada, ante los riesgos de estrés, ansiedad, trastornos del sueño y sobrecarga de cuidados.
El objetivo, de acuerdo a la legisladora, es impedir que las dependencias exijan atención laboral fuera de horario mediante celulares y computadoras, una práctica que vinculó con estrés, daños a la salud y desigualdad en las tareas de cuidado.
La iniciativa plantea reformar el Artículo 14 y adicionar el Artículo 27 Bis a la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del Apartado B del Artículo 123 constitucional. El proyecto busca fijar límites a las comunicaciones y actividades de trabajo durante descansos, permisos, licencias y vacaciones.
Gómez Otegui citó el Estudio de Riesgo Psicosocial 2026, que ubicó la carga de trabajo como el principal factor de riesgo, con 39.4%, seguido de la jornada laboral extensa, con 37.9%.
La iniciativa buscó frenar la disponibilidad permanente
La propuesta de la legisladora de Morena fue turnada a la Comisión de Asuntos Laborales, Trabajo y Previsión Social y después por el Pleno Legislativo local. Por tratarse de una modificación a un ordenamiento federal, el Congreso capitalino debe remitir el dictamen al Congreso de la Unión en caso de aprobarlo, para que continúe el proceso parlamentario.
La propuesta buscó reconocer de forma expresa que las y los servidores públicos tenían derecho al respeto de su vida personal y familiar cuando concluía su jornada. También pretendió impedir que la permanencia o el desarrollo profesional dependieran de responder llamadas, mensajes o instrucciones después del horario establecido.
“Las y los servidores públicos también tienen el derecho al respeto pleno de su tiempo de descanso, permisos, licencias y vacaciones, así como de su identidad personal y familiar. Garanticemos que las herramientas tecnológicas sirvan para la eficiencia del Estado y no para la precarización de la salud de las personas trabajadoras, en pro de la salud pública”, afirmó.
El estrés laboral fue uno de los argumentos de la propuesta
Gómez Otegui señaló que el confinamiento provocado por la pandemia de COVID-19 aceleró el uso del teletrabajo y de herramientas digitales en las actividades de gobierno. Expuso que esa transición dejó pendientes reglas para proteger a quienes debían atender asuntos laborales desde dispositivos electrónicos fuera de jornada.
“Esta falta de límites claros ha detonado una crisis de salud en las dependencias de gobierno, debido a la exigencia real de atender asuntos laborales fuera del horario de trabajo por medio de celulares y computadoras”, sostuvo.
La diputada relacionó la hiperconexión con ansiedad, depresión, alteraciones del sueño, fatiga visual, dolores cervicales y sedentarismo. Señaló que esos padecimientos podían derivar en enfermedades crónico-degenerativas.
La legisladora refirió cifras del Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS) según las cuales cerca del 75% de las personas trabajadoras en México experimentaba estrés laboral. Añadió que el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) había advertido sobre un aumento de incapacidades médicas tramitadas por servidores públicos a causa de ese padecimiento.
También citó una estimación de la OIT que calculó pérdidas superiores a 100,000 millones de pesos anuales para México por tratamientos médicos, ausentismo y disminución de productividad vinculados al estrés laboral.
La diputada planteó una revisión con perspectiva de género
Gómez Otegui sostuvo que la disponibilidad tecnológica fuera del horario laboral afectaba de manera distinta a hombres y mujeres. En el caso de ellos, dijo, reducía la posibilidad de involucrarse en la crianza de hijas e hijos.
Para las mujeres, la exigencia de mantenerse conectadas podía sumarse a las tareas domésticas y de cuidados. La legisladora advirtió que esa condición profundizaba las brechas dentro del ámbito profesional y podía condicionar oportunidades de desarrollo en el servicio público.
“Derivado de ello, es que nace la urgencia de regular este derecho, que adquiere una dimensión aún más crítica cuando se analiza bajo una perspectiva de género e interseccionalidad. La exigencia de la disponibilidad permanente, fuera del horario de trabajo, no es neutral. Profundiza las brechas de desigualdad de las mujeres en el ámbito profesional”, puntualizó.
La iniciativa busca que las herramientas tecnológicas se usen para organizar y agilizar el trabajo gubernamental, sin convertir el tiempo de descanso de las y los servidores públicos en una extensión obligatoria de la jornada.
