Millones de cubanos enfrentan cortes prolongados de agua y dudas sobre su potabilidad, mientras el acceso a un servicio que el Estado declara universal depende cada vez más de los recursos de cada familia para comprarla, almacenarla, bombearla o tratarla. La crisis se extiende de La Habana a Baracoa y ocurre pese a una red nacional que cuenta oficialmente con 24.654 kilómetros de acueductos y 91 plantas potabilizadoras.
La inversión estatal exhibe una brecha marcada: entre 2022 y 2024, el Gobierno destinó 95,801 millones de pesos al turismo, diez veces más que a toda la inversión hidráulica y 16 veces más que los 5,934 millones asignados a programas de abasto de agua. Una encuesta de Cubadata realizada en marzo entre 1.788 personas para DIARIO DE CUBA indicó que cerca del 47% padecía falta de agua a diario o varias veces por semana.
En La Habana, una avería en la Conductora de la Cuenca Sur dejó sin suministro a seis municipios. El problema se superpone con una red cuyo funcionamiento depende de la electricidad: Antonio Rodríguez Rodríguez, presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, reconoció en marzo que solo el 13% de la población abastecida tenía alguna alternativa energética y que el 87% dependía directamente del Sistema Electroenergético Nacional.
Los apagones detienen el bombeo, vacían tuberías y alteran los ciclos de distribución y tratamiento. En abril, el Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología de Santiago de Cuba informó que la potabilizadora Altos de Quintero liberaba unos 3.240 metros cúbicos de agua sin clorar durante los cortes eléctricos, debido a fallas del grupo electrógeno por falta de combustible.
El gasto doméstico para suplir un servicio intermitente
Alberto Martínez, residente del municipio habanero de Cerro y protegido por un seudónimo ante posibles represalias, vincula el deterioro de la distribución en su zona con obras realizadas en Vía Blanca durante la construcción del hotel Torre K, perteneciente al conglomerado militar GAESA e inaugurado en febrero de 2025. “El agua, que entraba cada tres o cuatro días, empezó a llegar semanalmente. Eso fue el año pasado”, relató.
El hotel cerró en marzo, poco después de cumplir su primer año, pero los intervalos se extendieron. “Este año es cada 15 días o cada veintitantos días”, explicó Martínez, quien también pasa temporadas en el municipio de Playa por asuntos familiares y describe una situación similar.
Su edificio dispone de una cisterna compartida por diez viviendas y su departamento tiene dos tanques elevados de 1.000 litros. Cuando las reservas se agotan, una pipa cuesta USD 100 y llena la cisterna; dividida entre los residentes, representa USD 10 por vivienda, pero alcanza apenas para tres o cuatro días incluso con racionamiento.
Mantener un flujo relativamente estable requeriría entre USD 30 y USD 40 mensuales por apartamento, según su cálculo. El salario promedio ronda USD 12 al mes, por lo que los vecinos solo reúnen dinero para una pipa durante las esperas más largas.
En Camagüey, María Matos puede recibir agua dos o tres veces por semana, aunque también ha pasado 15 días sin servicio. Compra la destinada a beber a vendedores que llenan recipientes en puntos de suministro o en viviendas con pozos y la distribuyen mediante triciclos.
“El botellón de 20 litros, que años atrás costaba 40 centavos, vale ahora 70 pesos”, señaló Matos. Antes de instalar una turbina, pagaba 2.500 pesos, equivalentes a USD 3,76, por llenar un tanque de 1,000 litros mediante transportistas particulares.
Yunier Gutiérrez, en Bayamo, recibe el servicio cada siete o diez días y debe comprar agua semanalmente, incluso cuando almacena y raciona sus reservas. Allí se ofrecen pipas, tanques de 55 galones y recipientes de cinco o 20 litros, mediante vehículos privados o camiones estatales desviados al mercado informal.
El agua potable se vende oficialmente a un peso por litro en algunos puntos de la ciudad, pero llevarla hasta una casa eleva el gasto. Gutiérrez paga entre 100 y 150 pesos por cada recipiente de 20 litros entregado en su vivienda, aunque continúa abonando al Estado siete pesos trimestrales por consumidor.
En Santiago de Cuba, el activista Jorge Amado Robert puede esperar más de un mes por el suministro. Paga entre 500 y 600 pesos por un tanque que reserva “para descargar el baño y el fregado”, porque tampoco sabe si el contenido es apto para beber.
Las familias con mayores recursos construyen cisternas, compran turbinas o levantan aljibes para almacenar lluvia. “No hace falta permiso; más bien lo que hace falta son recursos para construirla”, dijo Amado sobre las cisternas.
En Baracoa, el acueducto por gravedad mejoró el servicio para parte de la población, aunque dejó fuera a viviendas situadas en comunidades a lo largo de las carreteras de Moa y Maisí. Emilio Almaguer explicó que residentes de Sabana, Vertiente, Punta de Maisí y El Cayo transportan agua en tanques instalados en carretas, animales de tiro o grandes bidones detrás de tractores que funcionan como pipas privadas.
Una carga puede costar cerca de 3,000 pesos. En El Paraíso, una zona elevada de Baracoa donde el servicio debería llegar lunes y viernes, las averías pueden reducirlo a una vez por semana o dejar a las familias sin agua durante varias semanas.
La falta de combustible limita incluso las respuestas de emergencia. Los camiones para vaciar fosas sépticas permanecen paralizados y ya no es posible recurrir a vehículos de bomberos como en crisis de abastecimiento anteriores, según la fuente consultada por DIARIO DE CUBA.
Agua turbia, sin cloro y sin controles públicos suficientes
La llegada del agua no elimina las preocupaciones sanitarias. Martínez afirma que el líquido que recibe parece normal a simple vista, sin tierra ni larvas, pero los vecinos sospechan que no está clorado y relacionan esa incertidumbre con problemas gastrointestinales.
“Todo el mundo ha cogido la virosis esa del estómago, no sé si será por el agua, pero es muy probable que lo sea, porque casi nada funciona bien”, sostuvo. Él lleva dos meses con diarrea y varios miembros de su familia en Playa padecieron síntomas similares pese a hervir el agua destinada a beber.
Para desinfectarla, agrega hipoclorito de sodio, una solución de cloro al 1% que no siempre está disponible en farmacias. “El hipoclorito que ellos le echaban al acueducto, ahora tenemos que echárselo nosotros al agua”, afirmó.
Matos describió el suministro en Camagüey como “pésima, oscura, sucia, con olor a fango y, a veces, con larvas de mosquitos”. También aseguró haber visto aguas residuales alrededor de tuberías rotas, una situación agravada por los apagones que impiden hervir el líquido.
En Bayamo, Gutiérrez recibe agua “contaminada, turbia, mezclada con tierra”. Algunas veces percibe olor a cloro y otras cree que ha sido bombeada directamente de un río o embalse: “Esta agua no se puede beber”.
La Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) atribuye a La Habana una cobertura de agua potable del 100%, pero ese indicador mide el acceso a una fuente considerada mejorada, no la continuidad ni la calidad del suministro. Una vivienda puede figurar dentro de esa cobertura aunque reciba agua cada 20 días, deba almacenarla durante semanas o necesite tratamiento adicional.
La propia ONEI registró que solo el 61,2% de la población tenía acceso a agua gestionada de manera segura en 2022: procedente de una fuente mejorada, disponible dentro de la vivienda cuando se necesita y libre de contaminación fecal o química. Cálculos posteriores estimaron que unas 4,3 millones de personas quedaban fuera de ese estándar.
Entre 2020 y 2024, la red de acueductos perdió 52 kilómetros y la de alcantarillado se redujo de 5.420 a 5.035 kilómetros. En 2024, solo el 52% de las aguas residuales evacuadas recibió tratamiento.
La Organización Mundial de la Salud advierte que la pérdida de presión en las tuberías permite que agua contaminada del exterior entre por grietas, uniones defectuosas y salideros. La intermitencia también dificulta mantener niveles adecuados de cloro y obliga a acumular el líquido en depósitos que pueden contaminarse si no están limpios y cerrados.
Las estadísticas públicas no permiten determinar cuántas muestras de agua son examinadas, en cuántas se detectan coliformes fecales —bacterias presentes en el excremento— ni qué proporción cumple las normas sanitarias. La ONEI informó que la carga contaminante vertida en cuencas hidrográficas de interés nacional pasó del 6% al 23% entre 2008 y 2015, pero dejó de publicar esa serie después de ese año.
Un estudio de 2024 realizado por científicos de la Universidad de Oriente y el Laboratorio Farmacéutico Oriente detectó incumplimientos ocasionales de turbidez y cloro libre residual en el Hospital Infantil Sur de Santiago de Cuba, la Cervecería Hatuey y el Combinado Lácteo. El análisis se concentró en instalaciones abastecidas por la potabilizadora Altos de Quintero y atribuyó los problemas al deterioro de las redes y a las malas condiciones de almacenamiento.
Enfermedades diarreicas, hepatitis A y contaminación fecal
Cuba registró 163.102 atenciones médicas por enfermedades diarreicas agudas en 2024, un incremento del 29,1% frente a las 126,344 del año anterior, de acuerdo con el Anuario Estadístico de Salud del Ministerio de Salud Pública. El aumento coincidió con severas interrupciones del servicio: en septiembre de 2024, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos reconoció afectaciones en la red para más de 199.000 clientes de La Habana.
En abril de 2026, las autoridades admitieron que unos 200,000 habaneros continuaban afectados por desabastecimientos, averías e inestabilidad eléctrica. La prolongación de la crisis supera los 19 meses.
El agua contaminada y el saneamiento deficiente favorecen la transmisión de cólera, disentería, fiebre tifoidea, hepatitis A y E, giardiasis y otras parasitosis, según la Organización Mundial de la Salud. La hepatitis E puede causar insuficiencia hepática aguda, pérdida fetal y muerte materna durante el embarazo.
Sancti Spíritus cerró 2024 con unos 1.080 diagnósticos de hepatitis A, tras casi una década sin un aumento similar. La subdirectora provincial de Higiene y Epidemiología, Yurien Negrín Calvo, advirtió que la mayoría eran diagnósticos presuntivos por falta de medios de laboratorio específicos y que existía un subregistro imposible de cuantificar.
En junio de 2026, Matanzas notificó siete casos positivos y 49 sospechosos en una semana. El municipio cabecera concentraba cerca del 40% de los casos acumulados de la provincia, mientras permanecían activos los brotes en Versalles y Cárdenas.
En febrero de 2025, las autoridades sanitarias matanceras confirmaron coliformes fecales en la fuente Bello, que abastece a El Naranjal, Matanzas Este, Matanzas Oeste y Versalles. Andrés Lamas, director provincial de Higiene y Epidemiología, recomendó hervir el agua o utilizar la distribuida por camiones cisterna.
La contaminación se relacionó con un derrame de cachaza, un residuo orgánico de la producción azucarera, procedente del central Boris Luis Santa Coloma, en Mayabeque. El material se filtró hacia los manantiales, en una zona donde estudios anteriores habían identificado una conexión subterránea entre el ingenio y la cuenca de Bello.
Datos demográficos indican que el sistema abastece a más de 60.000 habitantes, alrededor del 40% de la población municipal. Residentes cuestionaron que la respuesta oficial no precisara el número de personas expuestas ni garantizara una distribución alternativa suficiente.
Odalis Altamirano describió el agua como “con peste, mal sabor y carmelita” y afirmó que en La Cumbre no había llegado “ni una pipa distribuyendo agua”. María Isabel Tamayo cuestionó la recomendación de hervirla en medio de los apagones y la falta de combustible: “Con todo respeto, ¿hervir?”.
Pozos, bombas y aljibes como sustitutos de la red estatal
La reducción de la presión en las conductoras ha extendido el uso de bombas autocebantes, conocidas como “ladrones de agua”. Los equipos succionan el caudal que no entra en las viviendas ni asciende a los tanques, pero cuando varios operan al mismo tiempo reducen aún más la presión para quienes no disponen de ellos.
Matos depende de una turbina para aprovechar las escasas horas de suministro. “Dos o tres veces por semana logro llenar mis tanques porque tengo turbina”, explicó, mientras que las familias sin esos equipos reciben un caudal incapaz de entrar en las instalaciones domésticas.
En Facebook, estas bombas se ofrecen por entre 15,000 y 25,000 pesos, o entre USD 47 y USD 50. El Consejo de la Administración Municipal de Habana del Este entregó 20 bombas manuales para más de 3,000 personas, dispositivos comunitarios destinados a extraer agua sin electricidad.
En La Playa, Matanzas, los pozos registrados en una circunscripción electoral pasaron de 20 a 40 en cuatro meses. Radio 26 documentó perforaciones de hasta cinco metros de profundidad, con costos superiores a USD 200, además de aceras rotas y mecanismos rudimentarios para acceder a aguas subterráneas.
La Ley 124 de las Aguas Terrestres permite pozos rústicos para uso doméstico o abastecimiento animal sin autorización previa, siempre que se destinen al “autoconsumo racional”. La norma no certifica que el agua sea potable ni habilita extracciones ilimitadas.
El médico matancero Juan Carlos Perdomo Arrier alertó que la cercanía entre pozos y fosas sin planificación técnica aumenta el riesgo de contaminación cruzada. “Un pozo mal ubicado puede recibir residuales”, advirtió.
En Baracoa, los pozos también dependen de las lluvias y se secan durante la temporada seca. Muchas familias construyen aljibes de cemento para recoger agua pluvial, destinada a cocinar, bañarse y otras necesidades domésticas, aunque requiere tratamiento antes de beberse.
En Holguín, anuncios en redes sociales ofrecen perforaciones de cinco a diez metros de profundidad y seis pulgadas de diámetro con promesas de “agua segura, rápida y lista para usar”. Las ofertas no mencionan estudios del terreno, distancias respecto de fosas o alcantarillas, ni análisis microbiológicos y químicos.
El Servicio Geológico de Estados Unidos advierte que el bombeo excesivo en zonas costeras puede atraer agua de mar, reducir las reservas de agua dulce e inutilizar las perforaciones. Mientras las redes estatales pierden capacidad, las familias cubanas financian sistemas propios para obtener, transportar, guardar y tratar un recurso cuya disponibilidad depende cada vez más del dinero y de la capacidad individual de resolver.
