Como saben todos los estudiantes, los padres y sus hijos, el año real no empieza en enero, sino en septiembre: el arranque del curso escolar pone fin al verano y las vacaciones e inaugura otra etapa de rutinas y nuevos propósitos (septiembre, de hecho, suele superar a enero en matriculaciones en gimnasios).
Pero, ¿por qué el curso escolar empieza en septiembre y no en cualquier otro mes? La respuesta se remonta al siglo XIX, cuando empezó a extenderse la idea de la educación universal, pero no tiene que ver con las posibles necesidades de los alumnos.
El documento más antiguo que regula el calendario escolar en España es el Plan y Reglamento General de Escuelas de Primeras Letras, aprobado en España por el rey Fernando VII el 16 de febrero de 1825, que apenas contemplaba descansos: solo las tardes de los jueves, las vacaciones de Navidad entre el 25 de diciembre y el 6 de enero, Carnaval, Semana Santa y algunos días de patronazgo de maestros. No había vacaciones de verano.
El Reglamento de 1838 y, más tarde, la Ley Moyano de 1857 reconocieron por primera vez la posibilidad de que las comisiones locales fijaran vacaciones adicionales en las poblaciones rurales, de hasta seis semanas en verano. Sin embargo, la norma de 1838 permitía a la vez la admisión de alumnos en los diez primeros días de julio, lo que demuestra que, en la práctica, buena parte de las escuelas continuaba funcionando durante buena parte del año.
La ley que ordenó la enseñanza española durante 113 años
La Ley de Instrucción Pública, conocida como Ley Moyano por el ministro de Fomento que la impulsó, Claudio Moyano, se publicó el 9 de septiembre de 1857 bajo el reinado de Isabel II. La norma, compuesta por 307 artículos y siete disposiciones transitorias, estructuró por primera vez la enseñanza española en tres niveles, primaria, media y superior, y estableció la obligación estatal de crear escuelas de niñas. Las disposiciones provisionales que acompañaron la ley fijaron que “el curso académico de 1857 a 1858 dará principio el 1º de octubre en todos los establecimientos públicos de enseñanza”.
Esa fecha de arranque en octubre se mantuvo como referencia durante décadas. La razón fue doble: el trabajo agrícola y las teorías higienistas que predominaban entonces.
España era un país agrícola, y las necesidades del trabajo infantil en las cosechas no podían obviarse. Frente a ellas, la escuela tenía una importancia secundaria. Buena parte de la infancia trabajaba en el campo, y un calendario escolar que respetara los periodos de mayor demanda de mano de obra facilitaba la asistencia del alumnado el resto del año.
Un estudio sobre el Madrid rural del primer tercio del siglo XX, basado en cuadernos de asistencia de maestros, muestra que la concurrencia a clase seguía una curva estacional muy marcada: septiembre era el mes de asistencia mínima en 24 provincias españolas, mientras que junio lo era en otras 22. Es decir, el ausentismo no se concentraba únicamente en el verano, sino en los meses de mayor actividad agrícola local, que variaban según el tipo de cultivo de cada región. El trabajo de los investigadores concluye que “la participación de los niños en las tareas determinadas por el calendario agrícola es el factor más decisivo del extendido absentismo escolar” en las zonas rurales. Esto explica por qué el calendario escolar español terminó fijando un receso estival largo pero flexible en sus fechas exactas según la región, tal como permitía el Reglamento de 1838, en lugar de una pausa uniforme en todo el territorio.
Los académicos que lograron que tengamos vacaciones largas
Por otro lado, el origen del higienismo en España —un movimiento médico y pedagógico organizado— suele situarse en 1847, año en que el catedrático Pedro Felipe Monlau publicó sus Elementos de higiene pública, un texto pionero en aplicar criterios médicos a la vida escolar. La corriente se consolidó institucionalmente en las últimas décadas del siglo XIX y primeras del XX, impulsada sobre todo por la Institución Libre de Enseñanza.
Los higienistas fueron esenciales a la hora de reclamar vacaciones más largas, pero su programa incluyó también la mejora de la ventilación e iluminación de los edificios escolares, la vigilancia médica del crecimiento infantil, la introducción de ejercicios corporales en el currículo y la promoción de excursiones y colonias de vacaciones como forma de contacto con la naturaleza. El concepto médico central que manejaban era el “surmenage” o fatiga escolar, término que describía el agotamiento intelectual producido por una enseñanza memorística y formalista, sin espacio para el juego ni el descanso.
Este cuerpo de ideas se tradujo en normas concretas que reforzaron, desde el terreno médico, la misma lógica que ya operaba desde el terreno agrícola: un calendario escolar con pausas largas y bien delimitadas, que en la práctica terminó coincidiendo con los meses de verano y del calor. La ordenación estable del almanaque escolar, sin embargo, no llegó hasta el Real Decreto del 18 de mayo de 1923, conocido como Estatuto del Magisterio. Su artículo 10 disponía que se procurara “el funcionamiento de la escuela durante aquellos períodos en que pueda ser mayor y más constante la asistencia de los niños a ella”, y fijó un máximo de 240 días laborables al año con cinco horas de clase diarias. Poco a poco, desde entonces, septiembre se acabó imponiendo como el mes más ‘lógico’ para poner fin a las vacaciones de verano y empezar de nuevo el calendario escolar.
