Almería, 3 sep (EFE).- El acuerdo del pleno del Ayuntamiento de Carboneras (Almería), que el pasado 7 de julio declaró nula la licencia de obras del hotel de El Algarrobico, ha recibido hasta cuatro recursos en contra, según han confirmado a EFE fuentes municipales.
Los recursos han sido interpuestos por distintas partes vinculadas al conflicto urbanístico: la propia mercantil promotora del inmueble, Azata del Sol; el concejal no adscrito del Consistorio, Felipe Cayuela; el portavoz del grupo municipal socialista, José Luis Amérigo, junto a otros dos ediles de su formación; y el Grupo de Acción Local del Sector Pesquero Costa de Almería (GALP Costa de Almería).
En el caso de este último colectivo, destaca que la gerencia del GALP Costa de Almería está ocupada en la actualidad por Cristóbal Fernández, quien ejercía como alcalde de Carboneras bajo las siglas del PSOE en el año 2003, fecha en la que la comisión de gobierno municipal otorgó la licencia de obras que ahora ha sido anulada.
La impugnación de este acuerdo plenario abre un nuevo frente administrativo en torno a la edificación situada en el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar. La nulidad fue aprobada por la corporación local para dar estricto cumplimiento a un requerimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) de 2021, y contaba con el aval de un dictamen preceptivo y vinculante del Consejo Consultivo de Andalucía.
Aquel pleno del 7 de julio estuvo marcado por una profunda división política. La anulación salió adelante por mayoría absoluta con los votos del alcalde Salvador Hernández (Cs), del PP y de dos concejalas del PSOE (Mariana Esteban e Isabel Hernández Caparrós). Instantes antes de la votación, Amérigo, Cayuela y otros ediles abandonaron el salón de plenos argumentando la ausencia de informes sobre el riesgo patrimonial para el municipio.
Este desenlace se produjo tras una sesión anterior, celebrada el 17 de junio, en la que siete concejales (cinco del PSOE y dos no adscritos) unieron sus votos para dejar el expediente de anulación sobre la mesa, alegando la necesidad de recabar nuevos informes económicos y jurídicos. Esta maniobra motivó que el TSJA dictara un ultimátum de veinte días hábiles bajo advertencia de responsabilidades penales e instara a la ejecución subsidiaria de la sentencia.
A raíz de ese primer bloqueo plenario, la Fiscalía Provincial de Almería incoó el pasado mes de agosto diligencias de investigación preprocesales para esclarecer la posible comisión de un delito de prevaricación administrativa por parte de los siete ediles que votaron a favor del aplazamiento, tras admitir a trámite una denuncia de la asociación ecologista Salvemos Mojácar.
La formalización de estos cuatro recursos se produce mientras el Gobierno central y la Junta de Andalucía mantienen el mandato de coordinar, a través de una comisión mixta, la hoja de ruta técnica y económica para acometer la demolición del hotel y la posterior restauración ambiental de la zona protegida. EFE
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