Ante el regreso a clases en los centros de estudios superiores, la Federación de Asociaciones de Profesores Universitarios de Venezuela (Fapuv) denuncia que las universidades públicas del país “han sido despojadas de las condiciones mínimas para funcionar”.
“Venezuela ocupa el último puesto en financiamiento universitario de América Latina. Las instituciones operan con un déficit de entre el 95% y el 99%. El Estado no transfiere ni el 5% de lo solicitado”, señala la organización gremial.
En cuanto a su situación laboral, exponen que acumulan más de 4 años con el sueldo congelado. “El Sistema Patria -plataforma digital del gobierno nacional- centralizó los pagos, eliminó los beneficios históricos e impuso bonos que igualan hacia abajo, provocando renuncias masivas de talento calificado”, enumeran los motivos de su reclamo.
El sueldo de un profesor titular a dedicación exclusiva equivale a 64 centavos de dólar. Su remuneración se completa a través de bonos. Apelando a esta figura, el gobierno interino estableció un “ingreso mínimo integral” de 240 dólares para todos los trabajadores de la administración pública. Por esa razón, los gremios indican que el régimen chavista aplica una “desalarización de las remuneraciones de los profesores universitarios en Venezuela”.
La Asociación de Profesores de la Universidad Central de Venezuela (APUCV) ha tachado de “arbitrario y excluyente” el mecanismo empleado por el Ministerio de Educación Universitaria, a cargo de Ana María Sanjuán, para la cancelación del denominado “Bono de Responsabilidad Profesional”, cuestionando que se ha “discriminado sistemática y deliberadamente” a parte de la nómina de las casas de estudio.
Sanjuán se ha convertido en un símbolo de la renovación que intenta ejecutar la presidenta encargada Delcy Rodríguez. Con un perfil académico y sin militancia en el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), llegó a la cartera de Educación Universitaria con la promesa de promover el diálogo y buscar soluciones a los problemas que arrastra el sector desde hace décadas.
Sin embargo, el conflicto ha ido escalando y ya los profesores han protagonizado huelgas para exigir respuestas a sus reclamos.
Controversia
Los profesores manifiestan que “proliferan las denuncias por el colapso de los campus”, que funcionarían “sin internet, sin laboratorios, sin comedores y con el transporte paralizado”. Advierten que “la gratuidad de la educación dejó de existir”, ya que los costos caen sobre las familias y el propio personal de las instituciones.
Fapuv niega que la matrícula universitaria haya aumentado, tal como afirman las autoridades. La ministra Sanjuán detalló que 397 mil 556 estudiantes se inscribieron en el Sistema Nacional de Ingresos para un total de 363 mil 971 plazas disponibles. Al final, 237 mil 754 bachilleres tienen sus cupos asignados.
“La realidad es muy distinta. Estar inscrito no es lo mismo que asistir: el hambre, los apagones y la necesidad de trabajar obligan a miles de jóvenes a abandonar sus estudios”, sostienen.
La federación asevera que “el 85% de las universidades públicas del país ya están bajo control directo del gobierno. La OPSU (Oficina de Planificación del Sector Universitario), la Plataforma Patria y la intervención directa para asuntos de infraestructura, son los mecanismos de hipercentralización que violan la autonomía en todas ellas”.
