La senadora Jennifer Pedraza envió una proposición a la Comisión Segunda Constitucional Permanente del Senado para realizar un debate de control al ministro de Defensa Nacional, general (r) Jorge Eduardo Mora López, y al director del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), Carlos Andrés Ríos, por las operaciones militares que se han llevado a cabo en el departamento de Guaviare.
La congresista pretende que los funcionarios respondan ante la corporación por las decisiones, actuaciones y omisiones en las que hayan incurrido por el desarrollo de las acciones militares en el departamento en agosto de 2026, particularmente, la Operación Amón, que tuvo lugar el 27 de agosto, en municipio de El Retorno. En esa acción militar murieron tres menores de edad.
Según Pedraza, el ministro y el director del Dapre deben dar explicaciones porque hay distintos organismos que han presentado alertas por la situación de los niños, niñas y adolescentes en el país en medio del conflicto armado.
Entre sus advertencias está el incremento de los casos de reclutamiento forzado por parte de grupos armados, lo que quiere decir que, posiblemente, los menores de edad se encuentren en los campamentos de las organizaciones criminales, que son objeto de ataques por parte de la fuerza pública.
“Tenemos el pico más alto en la historia en reclutamiento forzado de menores según Human Right Watch, la @defensoriacol ha emitido varias alertas sobre el riesgo que tienen los niños y niñas en regiones como el Guaviare y Norte de Santander, ¿y @mindefensa en lugar de acatar sus recomendaciones bombardea campamentos? ¿El resultado? Tres niños murieron en un bombardeo en Guaviare”, indicó la senadora en una publicación en su cuenta de X.
En la proposición que la congresista presentó a la corporación se explica que el propósito del debate de control político es establecer las circunstancias en las que fueron planeadas, autorizadas y ejecutadas las operaciones militares. De igual manera, se busca conocer si el Ministerio de Defensa tenía información de inteligencia que diera luces sobre la posible presencia de niños, niñas y adolescentes en las zonas atacadas y si las autoridades adoptaron medidas para protegerlos.
También tiene el fin de conocer los criterios jurídicos y operacionales empleados por el Gobierno de Abelardo de la Espriella para autorizar la ejecución de bombardeos en sitios en los que existe el riesgo de presencia de menores de edad.
En su cuenta de X, Pedraza recordó que, aunque las organizaciones criminales son responsables del reclutamiento de los niños, niñas y adolescentes, el Estado no puede desentenderse de su obligación de garantizar su seguridad. “Los grupos son responsables de reclutarlos, sí; pero el Estado les falló al no protegerlos. Por eso radiqué debate de control político: para exigir respuestas y una política que proteja a nuestros niños antes de que sea demasiado tarde”, indicó.
En ese sentido, con la proposición, la senadora también busca conocer y examinar la respuesta del Estado con respecto al reclutamiento de menores de edad por parte de las organizaciones al margen de la ley. Esto implica evaluar las medidas de prevención, protección, recuperación y restablecimiento de derechos de los niños que son utilizados por los grupos armados.
Asimismo, aseguró que es necesario saber cuáles fueron las actuaciones del Gobierno luego de que se ejecutara la Operación Amón, lo que involucra la identificación de los menores, el acompañamiento de sus familias y las investigaciones que se iniciaron posteriormente.
“La política de defensa y seguridad no puede reducirse a los bombardeos, tiene que estar atravesada por una estrategia contundente y clara frente al reclutamiento, con presupuesto y plan de acción. La lucha contra los grupos armados exige mayor rigor y un enfoque de derechos humanos, porque ninguna ventaja táctica justifica triturar la vida de la niñez”, precisó Pedraza en X.
