La organización Yaaj, dedicada a la promoción y defensa de los derechos humanos de la comunidad LGBT en México, se sumó a las exigencias de justicia para el feminicidio de Paola Buenrostro, mujer trans fue asesinada en 2016 y cuyo fue reclasificado como homicidio calificado esta semana tras la captura de su agresor.
El colectivo afirmó el caso de Paola Buenrostro es un emblema para la lucha por los derechos de las mujeres trans a nivel internacional, por lo que la reclasificación de su asesinato no solo es injustificado, sino que representa un retroceso en el reconocimiento de las violencias que sufre este sector de la población.
“La exigencia de justicia por el transfeminicidio de Paola Buenrostro constituye un CASO EMBLEMA de la lucha por los derechos de las mujeres trans en México, con una resonancia que ha trascendido las fronteras nacionales para convertirse en referente regional y global”, señaló el colectivo en un comunicado.
Expresó su respaldo a la activista Kenya Cuevas, fundadora del colectivo Casa Tiresias y quien presenció y denunció el feminicidio de Paola, para quien exigió que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México le aplique de forma puntual los protocolos de seguridad “y la garantía de trato digno”, que van desde el respeto a su identidad de género y pronombres, hasta su reconocimiento como víctima indirecta y familiar social.
“La detención del probable responsable constituye un avance indispensable, pero el acceso a la justicia no termina con una detención: exige también un procedimiento digno, técnicamente sólido, libre de discriminación y capaz de garantizar verdad, justicia y no repetición”, agregó.
En el mismo comunicado, hizo un llamado a que no haya una reclasificación regresiva del caso, al recordar que durante años “el asesinato de Paola fue reconocido e investigado durante años bajo la figura de feminicidio, atendiendo a las razones de género, la violencia y el prejuicio presentes en el crimen.
Por ello, considero que pretender “ahora formular la imputación únicamente como homicidio calificado representa un retroceso injustificable’.
“Hoy, la propia legislación reconoce el transfeminicidio como una forma específica de violencia contra las mujeres trans; esa evolución jurídica confirma, precisamente, que la identidad trans de Paola nunca debió ser motivo para excluir su asesinato del análisis de las razones de género.
“En este caso, exigimos que se mantenga la clasificación de feminicidio y que se investiguen y acrediten con rigor las razones de género y prejuicio”, puntualizó.
En este sentido, recalcó que reclasificarlo como homicidio no solo desconoce los avances construidos durante años alrededor del caso de Paola, sino que invisibiliza las características específicas de la violencia que enfrentó por ser una mujer trans.
Asimismo, Yaaj solicitó a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) a dar continuidad efectiva y acompañamiento de derechos humanos, al mantener una presencia en la audiencia de hoy contra Arturo ‘N’ y dar cumplimiento de la Recomendación 02/2019, así como verificando “que las garantías de no repetición asumidas institucionalmente se traduzcan en actuaciones concretas, con debida diligencia y perspectiva de derechos humanos”.
Piden reforzar protección para Kenya Cuevas
La organización afirmó que la detención de Arturo ‘N’ no significa que el riesgo haya desaparecido, por lo que pidió mantener y reforzar los protocolos de seguridad para Kenya Cuevas, señalando que la activista ha enfrentado en la última década “amenazas y situaciones de riesgo derivadas de su labor como defensora de derechos humanos y de su exigencia de justicia para Paola”.
Resaltó que por dicho motivo, Cuevas cuenta desde hace años con medidas de protección y un esquema de escoltas; sin embargo, exigen que estas se fortalezcan durante todo el proceso contra el presunto feminicida, “sin reducciones o modificaciones que puedan debilitar su seguridad, y que se garantice la continuidad de su equipo de protección, así como los recursos materiales, operativos y de movilidad necesarios para su funcionamiento”, abundó.
Asimismo, advirtió que la protección de una defensora de derechos humanos “no puede tratarse como un trámite administrativo ni trasladarle a Kenya costos, cargas o responsabilidades que corresponden al Estado”, abundó Yaaj México.
Finalmente, reconoció “la apertura” de la fiscal capitalina Bertha Alcalde Luján, para atender las preocupaciones de las personas, colectivas y activistas trans, así como la actuación de la fiscalía.
No obstante, la organización “se mantendrá atenta a que esta disposición se traduzca, desde la continuación de la audiencia prevista para el 4 de septiembre, en decisiones concretas, una actuación ministerial técnicamente rigurosa, libre de prejuicios y discriminación, y plenamente apegada a los derechos humanos y a la perspectiva de género”.
“Este caso no puede entenderse de manera aislada.
Los protocolos, herramientas jurídicas y mecanismos institucionales que hoy existen son resultado de décadas de exigencia de las personas trans para que el Estado reconozca y atienda violencias históricamente invisibilizadas.
Cuando esas herramientas no se aplican, no estamos únicamente frente a una deficiencia institucional: también se debilitan las garantías de no repetición y la confianza de una población históricamente discriminada en las instituciones encargadas de procurar justicia”, concluyó.
Caso Paola Buenrostro Paola Buenrostro fue asesinada el 30 de septiembre de 2016 en la Ciudad de México. La persona señalada como probable responsable fue detenida inicialmente y posteriormente quedó en libertad; semanas después se emitió una orden de aprehensión, pero para entonces se había dado a la fuga.
Frente a ello, Kenya Cuevas inició una exigencia pública de justicia que, con el paso de los años, dio lugar a importantes precedentes institucionales:
- La Recomendación 02/2019 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM);
- Una disculpa pública de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX);
- El reconocimiento de Kenya como víctima indirecta y parte de la familia social de Paola;
- Así como protocolos especializados transformaciones normativas para investigar los feminicidios y transfeminicidios con perspectiva de género y derechos humanos.
El pasado 31 de agosto de 2026 fue detenido Arturo “N”, señalado como probable responsable de los hechos. Sin embargo, durante la audiencia inicial celebrada el 1 de septiembre se documentaron actuaciones que generan profunda preocupación: el uso del nombre que Kenya dejó legalmente de utilizar, referencias hacia su persona en masculino y el planteamiento de formular la imputación únicamente bajo la figura de homicidio calificado.
