Este miércoles salen a la luz los documentos policiales sobre la entrada masiva de 70.000 migrantes en Ceuta los pasados 30 y 31 de julio. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ordenó su desclasificación en su última comparecencia en el Congreso, donde aseguró que, tras haberlos consultado todos, constatarían que la magnitud de la avalancha migratoria era inimaginable más allá del riesgo anunciado. El Ejecutivo defiende que se trata de un acto de transparencia para “desmentir los bulos” que rodean la crisis.
Sin embargo, en ese ejercicio no entrarían los documentos de los días posteriores, en los que se podría ahondar en qué actores estuvieron detrás de la operación. Y este asunto sería muy relevante, por ejemplo, para esclarecer la autoría de Marruecos, por acción u omisión, en la operación, como así lo apuntó un informe remitido a la jueza instructora de la Audiencia Nacional que investiga las causas y responsabilidades en la crisis.
No sería la primera vez que el presidente del Gobierno expone una realidad agujereada. El Ejecutivo también mantiene enterrados documentos que arrojarían luz a episodios centrales de la historia reciente de España vinculados a las relaciones diplomáticas con Rabat. Entre ellos, destacan documentos sobre la Marcha Verde, la iniciativa del rey Hassán II que marcó el futuro de la antigua colonia española hace 50 años; todo el proceso de retirada de España de la que fue su provincia hasta noviembre de 1975 y la política secreta hacia Marruecos durante la Transición.
Y así se lo han recordado los socios de Gobierno, que denuncian que la ley que pretende renovar la normativa de secretos oficiales sigue bloqueada en el Congreso desde hace un año. La que está vigente, que data de 1968, mantiene en penumbra esta historia porque, al igual que los que incumben al franquismo o la Transición, no fija un plazo automático para desclasificar documentos y deja esa decisión en manos del Gobierno. Con la nueva normativa, los documentos considerados como “alto secreto” quedarían liberados en un plazo máximo de 60 años, mientras que los de menor grado, los “secretos”, a los 35 años, con prórroga de 10.
La norma salió del Consejo de Ministros el pasado 2025, pero desde entonces se encuentra encallada en la Mesa del Congreso, órgano controlado por la mayoría del PSOE y que puede prorrogar indefinidamente el proceso de presentación de enmiendas. El mismo destino deparó para una iniciativa paralela presentada por el PNV, que reclamó por su parte la desclasificación de crímenes del franquismo, cuyo secreto sigue amparado por la ley actual. La formación de Aitor Esteban ha sido el partido que más ha presionado para forzar la votación, pero el PSOE siempre ha alegado que no hay mayoría suficiente debido al rechazo de Junts y PP, que no tienen intención de que prospere ninguna iniciativa del Gobierno.
La exministra de Defensa Carme Chacón propuso en 2011 desclasificar 10.000 documentos fechados entre 1936 y 1968, que abarcaban, entre otros asuntos peliagudos, la política del Protectorado en Marruecos y las operaciones en Sidi Ifni, después de que se concluyera que su publicación ya no suponía un riesgo para la seguridad del Estado. Sin embargo, el proyecto dio un frenazo en 2012 cuando solo faltaba su aprobación en el Consejo de Ministros.
La reparación del Sáhara en plena tensión con Rabat
Más allá de esclarecer el pasado, la tensión con Marruecos ha reavivado el debate sobre la reparación histórica de los saharauis, pueblo abandonado por España y sometido al acoso de Rabat, que, al igual que Ceuta y Melilla, lo considera parte de su territorio. El socio minoritario y el Partido Popular unieron fuerzas al final del curso pasado para presionar al Grupo Socialista y acelerar la votación de la iniciativa, que busca algo tan simbólico como reconocer la nacionalidad española a los saharauis nacidos bajo dominio español. Con la diputada de Más Madrid Tesh Sidi a la cabeza, el PSOE accedió a desbloquear la última ponencia en comisión, lo que permitió proceder a su votación en Pleno, que se espera que llegue este mes, en plena polémica por la crisis en Ceuta.
Preguntada sobre si la tensión en Ceuta podría llevar al PSOE a replantear su posición sobre esta norma, Sidi sostuvo que los socialistas “no tienen otra opción que votar a favor”. Advirtió que un cambio de postura equivaldría a “cavar su propia tumba”, porque proyectaría la imagen de que la soberanía del Parlamento está condicionada por injerencias extranjeras.
