Cinco exintegrantes de la Dirección Nacional de la Alianza Verde reclamaron su regreso al máximo órgano del partido y, al mismo tiempo, exigieron una definición política de fondo: declarar a la colectividad en oposición al gobierno de Abelardo de la Espriella. En una carta fechada en Bogotá el 3 de septiembre de 2026, el grupo sostuvo que fue apartado de sus funciones internas mientras ejercía cargos públicos en el gobierno de Gustavo Petro y afirmó que se le han negado sus “plenos derechos” para retomar ese lugar.
Antonio Sanguino Páez, exsenador y exministro de Trabajo; Martha Alfonso, exrepresentante a la Cámara; Diana Rodríguez, exconcejal de Bogotá y exfuncionaria del Ministerio de Salud; Angélica Marín, exviceministra de Defensa; y Jorge Londoño, exgobernador de Boyacá y exministro de Justicia,, todos con pasado reciente en cargos públicos del Gobierno del Cambio o en representación política de la colectividad.
Los firmantes vincularon ese reclamo orgánico con una toma de posición electoral reciente. En el escrito recordaron que resolvieron “confluir en la Alianza Por La Vida y respaldar la candidatura presidencial de Ivan Cepeda Castro y Aida Quilcué Vivas en la reciente contienda presidencial”, una decisión que ubicaron como continuidad de su apoyo al proyecto político que encabezó Petro entre 2022 y 2026.
Los exfuncionarios plantearon que la discusión ya no es interna, sino estratégica
En el documento, los dirigentes justificaron su paso por el gobierno de Gustavo Petro como una actuación “en representación de nuestro partido”, señalando que la Alianza Verde participó mayoritariamente en la campaña de 2022 y decidió ser partido de gobierno durante el periodo 2022-2026. Sus afirmaciones apuntan a que asumieron ese papel porque consideraron que el Gobierno del Cambio interpretaba “plenamente el ideario y ADN alternativo, progresista y transformador” de la colectividad.
Esa secuencia sirve en la carta para sostener una idea más amplia: el vínculo entre la Alianza Verde y el petrismo no fue, para ellos, una adhesión periférica sino una expresión de identidad política. Desde esa lectura, el pedido de oposición al actual Ejecutivo aparece como una continuidad y no como un viraje.
Los firmantes trazaron además una división tajante del escenario político colombiano. “El país, políticamente, ha quedado partido en dos orillas: la del viejo establecimiento excluyente y oligárquico; y el nuevo país transformador y progresista. Nosotros hacemos parte del segundo”, escribieron.
La formulación no se limita a describir un clima político. También fija el lugar desde el cual buscan interpelar a la Dirección Nacional: el de un sector que se asume dentro del campo progresista y que le reclama al partido una ubicación explícita frente al nuevo gobierno.
La carta eleva el tono contra el gobierno de Abelardo de la Espriella
El tramo más duro del texto está dirigido al oficialismo actual. “No estamos enfrentados al tradicional proyecto de las derechas colombiana. Ahora enfrentamos una pretensión societaria de corte fascista que hace uso peligrosamente de las herramientas del mundo digital y que apuesta por una agenda de muerte”, señalaron.
La frase condensa la tesis política de la carta. Los firmantes no describen al gobierno de Abelardo de la Espriella como una alternancia convencional ni como una versión más del adversario histórico, sino como un fenómeno de otra naturaleza, definido por ellos en clave de amenaza ideológica y cultural.
A partir de esa caracterización, descartaron posiciones intermedias dentro del partido. “Frente a ello no hay ambigüedades. O se está con la vida o no se está”, afirmaron.
El pedido formal incluyó oposición y una coalición para 2030
La carta concluye con dos solicitudes concretas a la Dirección Nacional de la Alianza Verde. La primera es “declarar a la Alianza Verde como Partido de Oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella”.
La segunda apunta a la reorganización del bloque alternativo. Los exdirigentes pidieron “contribuir y sumar en la construcción de una amplia coalición de fuerzas alternativas, progresistas y de izquierdas” para enfrentar de manera conjunta al gobierno, conquistar poder regional y “volver en el 2030 a la conducción de la sociedad colombiana con una segunda ola de reformas y transformaciones”.
El reclamo no quedó solo en el plano de la estrategia electoral. En el cierre, los firmantes sostuvieron que esa propuesta les habría gustado discutirla directamente con la cúpula del partido, pero denunciaron que no pudieron asistir “como invitados” por decisiones que calificaron de “poco fraternales”.
