La justicia federal comenzó formalmente la investigación sobre una maniobra de corrupción con el pago de sueldos dentro de la Armada Argentina. El fiscal Ramiro González, a cargo de la Fiscalía Federal Nº 1, impulsó la acción penal y solicitó este viernes una serie de medidas de prueba clave para determinar cómo se ejecutaron cientos de transferencias bancarias irregulares mediante las cuales se habrían desviado casi mil millones de pesos.
Según pudo saber Infobae de fuentes judiciales, el juez federal Sebastián Ramos recibió en las últimas horas un dictamen de la fiscalía en el que se requirió un peritaje informático, la declaración de un testigo, copia de los legajos personales de los militares involucrados y documentación al Banco de la Nación Argentina.
La causa judicial se inició a partir de una denuncia penal presentada por el jefe de Administración Financiera de la fuerza, el capitán de navío contador Carlos Alberto Castro Maggio. La presentación judicial detalló que, entre julio de 2022 y enero de 2026, se realizaron 645 transferencias bancarias indebidas a favor de 23 personas, cuatro de ellas ajenas a la Armada.
El monto total del entramado ascendió a $981.148.567,88, aunque luego de algunas devoluciones parciales efectuadas por algunos involucrados, la cifra neta del presunto desfalco se ubicó en $938.574.300,25.
El requerimiento de instrucción presentado por el fiscal González ante el Juzgado Federal N° 2 -que de momento no delegó la investigación- se estructuró sobre cuatro ejes.
En primer lugar, la fiscalía solicitó formalmente a la Armada Argentina la remisión de copias de los legajos personales de todos los imputados en la causa. Esta medida busca precisar los cargos, destinos, funciones y los períodos exactos en los que se desempeñó cada uno de los sospechosos. Asimismo, requirió la nómina completa del personal que cumplió funciones en el Departamento Revista -donde se liquidan los sueldos- durante el período bajo sospecha, junto con el organigrama de la estructura administrativa y la normativa interna que regulaba el circuito de liquidación de sueldos. Con esto, la fiscalía pretende identificar con precisión qué agentes poseían permisos de acceso para manipular los archivos de acreditación bancaria.
En segundo término, el fiscal propuso la declaración testimonial de Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria. Borda integró la comisión interdisciplinaria que detectó las inconsistencias en las cuentas de la fuerza. Su testimonio resultará clave para que explique ante la justicia la metodología de análisis utilizada, las fuentes de información cotejadas y los hallazgos iniciales que dieron origen a la denuncia.
Como tercera medida, el Ministerio Público pidió librar un oficio al Banco Nación. La fiscalía demandó que la entidad bancaria estatal aporte las constancias de todas las transferencias realizadas a las cuentas de las 23 personas investigadas. El requerimiento exige el detalle de las fechas, los montos, CBU y la titularidad de las cuentas receptoras. Además, el banco deberá entregar los registros de las órdenes de pago enviadas por la Armada para identificar el lote específico de origen de cada transacción.
Finalmente, el fiscal dispuso la realización de una pericia informática sobre las computadoras que la Armada resguardó de manera preventiva. Este peritaje técnico buscará identificar qué usuarios accedieron a las terminales, qué archivos se crearon o modificaron y cuáles fueron transmitidos al banco. El análisis informático intentará determinar con exactitud qué datos e importes se alteraron, a qué beneficiarios correspondían y las fechas y horarios en que se concretaron las modificaciones manuales.
El mecanismo del fraude
Según la denuncia, los archivos generados de forma automática por el Sistema de Haberes de la Armada eran modificados manualmente antes de ser enviados al Banco Nación.
Los autores de la maniobra incrementaban de forma transitoria los montos de dinero destinados a las personas beneficiadas. Una vez que el banco procesaba los pagos y transfería los fondos, los registros informáticos internos de la Armada eran restituidos a sus valores originales. De esta manera, las modificaciones no quedaban registradas en los recibos de sueldo que los agentes visualizaban en la plataforma web de la institución.
La maniobra se descubrió en febrero de 2026, cuando una auditoría de rutina sobre la liquidación de enero detectó que cinco agentes del Departamento Revista habían cobrado suplementos salariales sin justificación. Aunque estos funcionarios devolvieron el dinero, la Jefatura de Administración Financiera profundizó los controles hacia atrás y descubrió que la operatoria ilegal se venía repitiendo sistemáticamente desde julio de 2022.
La fiscalía imputó inicialmente a un grupo de militares, personal civil y personas particulares. El principal sospechoso es el capitán de navío contador Ariel Baltasar Atanasoff, quien se desempeñaba como jefe del Departamento Revista. Era el funcionario a cargo del área donde se liquidaban los sueldos y viáticos. Lo separaron una vez que se radicó la denuncia.
Atanasoff confesó ante sus superiores de la Armada que repartió dinero por fuera de lo permitido y con el fin de beneficiar económicamente a los destinatarios. También aseguró haber actuado solo, según se desprende del expediente.
La sospecha sobre Atanasoff se consolidó cuando los auditores descubrieron que la mayor beneficiaria del esquema era su propia esposa, María del Carmen Prieto, una persona totalmente ajena a la fuerza. Prieto percibió 46 acreditaciones bancarias por un total de $152.259.495,86.
Junto a ella, otras tres personas sin vinculación laboral ni funcional con la institución militar recibieron sumas millonarias. En total, estos cuatro sospechosos ajenos a la fuerza concentraron el 44,25% de los fondos desviados.
La justicia también investiga a otros oficiales y agentes civiles de la Armada. Entre ellos, se analiza la situación del capitán de corbeta Roberto Eduardo Castro, quien cobró sueldos en el país de forma simultánea a los haberes que percibía mientras estaba destinado en el exterior, y de su esposa, Luana Magalí Piedigrossi, quien cobraba mientras se encontraba de licencia sin goce de sueldo.
Este jueves, una decena de militares fueron apartados de sus funciones por la trama de corrupción. Aún está abierto un sumario interno que podría derivar en la destitución de los responsables.
En la causa penal, el próximo paso deberá darlo el juez Ramos, quien debe decidir qué medidas de prueba ordena a partir del dictamen del fiscal.
