A pocos días de la noticia sobre la internación de la exdocente que amenazó con bombas a espacios vinculados a Adrián Suar. Toto Kirzner, el hijo del actor y productor, habló por primera vez del hecho y relató en detalle el impacto de esos episodios y cómo vivió su familia la escalada de hostigamiento: “Ya no tengo más miedo a hablar porque me confirmaron que esta persona está internada en el Hospital Moyano”, expresó.
El actor confirmó que la mujer, identificada como Marcela S., fue internada en el Hospital Moyano luego de que la Justicia y el Cuerpo Médico Forense determinaran que representaba un riesgo para sí y para terceros. “Tenía una obsesión con mi padre”, explicó en Amanece que no es poco, el ciclo de Elizabeth Vernaci en Olga, donde reemplaza a Marcos Aramburu por unos días.
La situación se volvió insostenible tras la serie de amenazas: “Le poncharon la casa y tenía como caretas de mi viejo. Muy, muy Batman, el caballero de la noche”, ironizó Toto, marcando la gravedad de la fijación. La exdocente fue detenida en su domicilio de Versalles, donde convivía con su hermana y su madre de noventa años. En el operativo, la Policía Federal secuestró su teléfono y un afiche de la película Yo, Narciso con la imagen de Suar recortada.
La Negra Vernaci detalló: “Fueron treinta amenazas de bomba, todas a las salas de cine donde se daban películas de Suar, la que se está dando ahora”. Las intimidaciones no se restringieron a los cines, sino que también incluyeron el Hospital Garrahan y el Multiteatro de la calle Corrientes, donde se presentaba una obra de Suar.
A lo largo de la conversación, el hijo de Araceli González contó que su padre nunca llegó a conocer la dimensión de las amenazas: “Sabés que igual no se enteró nunca”. La familia optó por la reserva hasta que la situación se encauzó judicialmente y la acusada fue detenida. “Ahora yo puedo hablar. Ya no tengo más miedo”, sostuvo el actor, quien remarcó la angustia por el tiempo vivido en silencio.
Kirzner reveló que no es la primera vez que su padre enfrenta amenazas o episodios de violencia. Recordó un intento de ataque en los antiguos estudios de Polka: “Una vez, hace mucho tiempo, un tipo con un cuchillo de cocina lo quiso apuñalar a mi viejo”. Tras ese hecho, Suar debió implementar medidas de seguridad.
El 14 de agosto, Marcela S. envió un correo electrónico firmado con la sigla inventada CATYCEM, en el que advertía la colocación de explosivos en esos lugares y exigía levantar las producciones de cartel. El mensaje, redactado en mayúsculas, especificaba horarios y amenazas concretas. La Cámara Criminal y Correccional y un instituto superior de profesorado recibieron los avisos. Los equipos de explosivos de la Policía Federal realizaron inspecciones en todos los objetivos, sin hallar artefactos.
El juez Marcos Fernández y el fiscal Juan Pedro Zoni tomaron el caso. La indagatoria prevista para el jueves fue suspendida tras el informe del Cuerpo Médico Forense, que evaluó a la acusada y concluyó que “es un riesgo para sí misma y para terceros”. Durante la evaluación, la mujer se mostró desorientada y “divagando”, según fuentes del expediente.
La exdocente permanece bajo custodia psiquiátrica en el Hospital Moyano. Por el momento, no hay un diagnóstico formal, pero el cuadro relevado por los forenses habilitó la internación involuntaria. La Justicia porteña evalúa la inimputabilidad de Marcela S.: de confirmarse, el expediente quedaría archivado por falta de responsabilidad penal.
La causa judicial se inició por el delito de intimidación pública agravada. A pesar de que no se encontraron explosivos, el volumen y la sistematicidad de las amenazas obligaron a activar todos los protocolos de emergencia en hospitales, cines y teatros, afectando a la comunidad, el personal y el público asistente. Las pruebas principales incluyen los correos electrónicos, los registros de llamadas y el material hallado en el domicilio de la acusada.
El expediente también documenta un historial previo de denuncias y presentaciones judiciales por parte de la mujer, en su mayoría archivadas por falta de elementos o de tipificación penal. En el fuero educativo, sumarios administrativos derivaron en su cesantía como docente en escuelas públicas porteñas.
