La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) informó este viernes que presentó una denuncia administrativa ante la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación.
¿Qué buscan los transportistas? Solicitar la intervención urgente del Gobierno para suspender un “peaje municipal encubierto” y la sobretasa a los combustibles en el Partido de Ramallo, provincia de Buenos Aires.
Aunque es un aspecto que impacta en todo el transporte, tiene su incidencia directa en lo que es el traslado de cargas agropecuarias, ya que uno de los caminos afectados es el que comunica hacia el puerto de San Nicolás.
LA DENUNCIA DE LOS TRANSPORTISTAS
Según FADEEAC, a través de la Licitación Pública 3/25, el Municipio de Ramallo adjudicó a la empresa Plus Byte SRL la instalación de dos pórticos tecnológicos en el ex Camino Provincial Ruta 87 (Acceso Sánchez).
Se trata de un tramo clave de 5,1 kilómetros que conecta la Ruta Nacional 9 con el parque industrial y el Puerto de San Nicolás.
En concreto, la normativa municipal proyecta cobros de hasta $37.000 por cada pesaje dinámico y $25.000 adicionales por el ingreso a predios industriales o playas de estacionamiento mediante un dispositivo electrónico (TAG).
Este esquema representa un costo por kilómetro 120% más caro que el peaje del Puente Zárate-Brazo Largo, y se suma a la tasa del 2% sobre cada litro de combustible que la comuna cobra en las estaciones de servicio locales desde enero.
“No podemos permitir que se reinstalen aduanas interiores disfrazadas de tasas de mantenimiento. Si este modelo se replica en otros municipios, no solo se absorbe el margen operativo de las empresas de transporte, sino que se fragmenta el comercio interior, se encarecen las exportaciones y se afecta directamente la competitividad del país”, advirtió Cristian Sanz, presidente de FADEEAC.
PARA LOS TRANSPORTISTAS, ES INCONSTITUCIONAL
En su presentación, FADEEAC también fundamentó que la medida configura una doble imposición tributaria e inconstitucional que viola la Ley de Coparticipación Federal (Ley 23.548) y la Ley Nacional de Combustibles (Ley 23.966).
Al no existir una contraprestación directa de servicio ni una afectación específica de los fondos -los cuales ingresan en un 100% a las arcas municipales y se reparten en un 50% con el concesionario privado-, la entidad solicitó al Ministerio de Economía que pida una medida cautelar de suspensión inmediata ante la Justicia, replicando las acciones promovidas por el Estado Nacional contra otros municipios como Tres de Febrero, San Isidro, San Martín y Morón.
Según los Pliegos de Bases y Condiciones, la concesión otorgada por 20 años obliga al privado al mantenimiento del tramo, bacheo, luminarias y demarcación.
“Sin embargo, la recaudación proyectada supera de manera desproporcionada cualquier costo de conservación vial”, se quejó FAEEAC.
ALERTA EN EL SECTOR PRODUCTIVO
La Federación advirtió además que la medida encendió las alarmas de más de un centenar de empresas de transporte e industrias dadoras de carga de la zona.
A través de una carta enviada a FADEEAC y a la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA), los empresarios remarcaron que la ubicación del puesto de control sobre el Acceso Sánchez ahoga el único corredor habilitado para el tránsito pesado hacia complejos industriales estratégicos y el Puerto de San Nicolás.
Según estimaciones de las firmas afectadas, el costo anual del gravamen se ubicaría entre los $100 y $500 millones por empresa, lo que absorbe directamente sus márgenes operativos y pone en riesgo la continuidad de las operaciones logísticas en la región.
A esto se suma el temor por la aplicación de esquemas sancionatorios arbitrarios, como multas o decomiso de mercadería a las unidades que no adhieran al sistema.
“El verdadero riesgo no es solo este gravamen local, sino el precedente de habilitar una red de barreras económicas municipales superpuestas, sin coordinación ni límite”, remarcaron las empresas, motivo por el cual FADEEAC reitera la necesidad de lograr la suspensión inmediata del sistema y la derogación de la ordenanza municipal.
