El intendente de Morón, Lucas Ghi, reveló que la nueva policía comunal del municipio podrá hacer uso de sus armas personales —que portan en carácter de exmiembros de fuerzas de seguridad con estado policial— mientras avanza en la provincia de Buenos Aires una discusión legislativa para que el Estado municipal pueda proveerles directamente el armamento reglamentario.

La declaración se produjo en el marco de un episodio de inseguridad registrado frente al Colegio Nacional de Morón, institución de la que Ghi es egresado, donde sus hijos asisten y en la que fue docente antes de asumir la intendencia.

Un padre baleado a metros del colegio donde el intendente deja a sus hijos cada mañana

El hecho que disparó el debate ocurrió durante el horario de ingreso de los alumnos. Un excomisario identificado como Hernán, de más de 50 años, fue asaltado y baleado a 25 metros de la entrada del establecimiento —el mismo punto donde Ghi deja a su hijo todas las mañanas—. En paralelo, se registró un segundo incidente: una mujer que llevaba a sus hijos al colegio fue interceptada por un automóvil cuyos ocupantes, armados, la obligaron a descender de su vehículo. Ambos hechos generaron una convocatoria vecinal para las 18 horas del mismo día, con concentración en las calles Dinamarca y D’Amico, a una cuadra del establecimiento.

“Hernán deja el auto a veinticinco metros de donde lo dejo yo todas las mañanas cuando llevo a mi hijo”, señaló el intendente, quien reconoció estar afectado por el episodio en múltiples dimensiones: como padre de alumnos del colegio, como exalumno, como exdocente y como responsable político del municipio donde ocurrieron los hechos.

La policía comunal usará sus propias armas hasta que la ley provincial autorice al municipio a proveerlas

Ghi explicó que la primera promoción de la policía comunal de Morón —130 efectivos— estará operativa en los primeros días de diciembre, tras cuatro meses de reentrenamiento. Se trata de exintegrantes de fuerzas de seguridad que pasaron a retiro de forma voluntaria y que conservan estado policial. Por esa condición, tienen legítima portación de sus armas personales y están facultados para hacer uso de ellas ante situaciones que así lo requieran.

Sin embargo, el marco normativo vigente no le permite al municipio, como empleador, proveerles armamento letal. Ante esa restricción, el intendente anticipó que trabaja junto a la provincia de Buenos Aires para impulsar una ley que habilite esa posibilidad. Se está trabajando con la provincia para que exista una ley provincial que nos permita tener personal armado bajo nuestra jurisdicción, afirmó.

En la práctica, el esquema funcionará de la siguiente manera: el municipio les proveerá armas de baja letalidad como dotación institucional, pero los efectivos podrán recurrir a su arma personal reglamentaria ante situaciones extremas, en virtud de su estado policial. El intendente consideró que ese modelo es suficiente en el corto plazo, al tiempo que presiona para ampliar las atribuciones legales de la fuerza.

De 2.200 postulantes a 130 efectivos: cómo se formó la primera promoción

El proceso de selección partió de un universo de 2.200 postulantes, todos con estado policial. El municipio realizó un análisis exhaustivo de legajos para descartar a quienes hubieran sido cesanteados por inconducta o motivos penalmente reprochables. Luego, una evaluación psicofísica redujo aún más el número hasta llegar a los 130 seleccionados que integran la primera promoción.

El promedio de edad del grupo es de 40 años. Según Ghi, la mayoría son vecinos de Morón o de la región que se alejaron de sus fuerzas de origen por razones personales —cambios de domicilio, proyectos comerciales propios— y respondieron a la convocatoria municipal. Su condición de expolicías con estado policial permitió acortar el proceso de reentrenamiento a cuatro meses, frente al año o más que demandaría la formación de personal sin experiencia previa.

La fuerza tendrá funciones de policía de proximidad: no realizará tareas de investigación, allanamientos ni traslado de detenidos, pero sí podrá intervenir ante delitos en la vía pública. El foco estará puesto en los corredores escolares, las zonas comerciales y los puntos de alto tránsito. Una segunda promoción está prevista para el primer cuatrimestre del año siguiente.

El intendente pide 20 patrulleros más y reconoce que el municipio financia gastos que debería afrontar la provincia

En paralelo a la construcción de la fuerza propia, Ghi reconoció que los recursos policiales provinciales asignados a Morón son insuficientes. El municipio ya presentó una nota formal solicitando 20 patrulleros adicionales y gestiona la renovación de otra parte de la flota a través de un leasing con el Banco Provincia.

El intendente también admitió que, como ocurre en otros distritos de distintos signos políticos, el municipio asumió gastos que en principio corresponden a la órbita provincial: pago de horas adicionales a efectivos bonaerenses, instalación de sistemas de videovigilancia y alarmas. El vecino no reconoce jurisdicciones, justificó Ghi, quien afirmó mantener contacto directo con el gobernador y con el ministerio de Seguridad bonaerense para reforzar los dispositivos en la zona.

El debate en la provincia: dos proyectos en la Legislatura y críticas al modelo

La iniciativa de Morón se inscribe en una discusión más amplia que lleva meses en la Legislatura bonaerense. Dos proyectos avanzan en la Cámara de Diputados por carriles independientes a la reforma que prepara el gobierno de Axel Kicillof: uno presentado por el diputado Carlos Puglelli (Fuerza Patria), que propone crear Policías Comunales e incorporarlas al sistema de la Ley 13.482 —lo que implicaría habilitarlas con el mismo estatus que las fuerzas provinciales—, y otro del diputado Leonardo Moreno (Unión por la Patria), orientado a un modelo de proximidad y prevención con un perfil más acotado. El municipio de Zárate también impulsó en marzo de este año una ordenanza para crear su propia fuerza local armada, aunque condicionó el uso de armas de fuego a que la legislación provincial lo habilite de forma expresa.

La marcha vecinal y la postura del intendente ante el reclamo

Para la tarde del mismo día en que se registraron los hechos, los padres del colegio convocaron a una movilización bajo la consigna «Basta de inseguridad. Nuestros hijos también tienen derecho a estudiar tranquilos». El reclamo, según el flyer que circuló entre las familias, apunta al gobierno provincial.

Consultado sobre si asistiría a la marcha, Ghi se mostró cauto. Señaló tener comprometida a esa misma hora una reunión con autoridades de la fiscalía a cargo del caso —a quienes el municipio puso a disposición imágenes de sus cámaras de videovigilancia y de cámaras de particulares— y no descartó sumarse si la agenda se lo permite. No va a faltar desde algún sector de la política quien quiera sacar algún provecho, advirtió al explicar su prudencia, aunque reafirmó su compromiso de acompañar a las familias y las autoridades del establecimiento.