En un contundente golpe a las estructuras del crimen organizado que operaban en la zona oriental y occidental de El Salvador, el Tribunal Primero contra el Crimen Organizado B de San Miguel dictó sentencias condenatorias contra 31 miembros de una compleja red delictiva.
A la estructura se le atribuyen múltiples delitos gravísimos, entre los que destacan:
- El tráfico ilícito de drogas
- Tráfico ilegal de personas
- Trata de personas con fines de explotación sexual
- La conspiración para cometer homicidios.
Según las investigaciones judiciales presentadas durante el proceso procesal, la red operó de manera sistemática entre junio de 2022 y septiembre de 2023. Durante este periodo, los imputados estructuraron e implementaron una ruta de transporte de sustancias prohibidas que iniciaba en el departamento de Santa Ana y cruzaba el país hasta llegar a San Miguel.
Una vez en el oriente salvadoreño, la cocaína y la marihuana eran distribuidas y comercializadas de forma masiva en establecimientos estratégicos como centros comerciales, bares y centros de tolerancia.
Las penas impuestas por el juzgado reflejan la gravedad de los hechos cometidos y el grado de participación de cada involucrado. Entre las condenas más drásticas resalta la de Gerson Inocente Benítez Rivera, a quien el tribunal le impuso un total de 81 años y seis meses de prisión.
Benítez Rivera fue declarado culpable por:
- Trata de personas en la modalidad de explotación sexual
- 11 casos de actos preparatorios
- Conspiración y asociaciones delictiva
- Tres casos de proposición y conspiración en el delito de homicidio agravado.
En el fallo judicial también destaca la condena del exagente de la Policía Nacional Civil, José Esteban Rodríguez, a quien se le demostró su participación directa en tres casos de proposición y conspiración para cometer homicidio agravado, sumando una condena de 45 años de cárcel.
Asimismo, por el delito de tráfico ilícito de drogas, William Alexander Contreras Calderón recibió una pena de 68 años de prisión, mientras que David Fabrizzio Villalobos Rivera fue sentenciado a 47 años tras las rejas. Los 27 procesados restantes recibieron penas que oscilan entre los tres y los 36 años de prisión, dependiendo de su nivel de implicación en la red criminal.
Tipificación y marco legal de los delitos según el Código Penal de El Salvador y leyes especiales
Para comprender la magnitud de las condenas emitidas por el Tribunal de San Miguel, es fundamental analizar la base legal y la tipificación que realiza el ordenamiento jurídico penal de El Salvador sobre las conductas atribuidas a los procesados.
Aunque el Código Penal tutela los delitos contra la salud pública en términos generales, la conducta del tráfico ilícito se halla regulada de forma concreta en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas (LRARD), de aplicación especial en materia penal.
De acuerdo con el Artículo 33 de dicho marco normativo, incurre en tráfico ilícito quien sin autorización legal adquiera, enajene a cualquier título, importe, exporte, deposite, almacene, transporte, distribuya, suministre u venda drogas.
El transporte de cocaína y marihuana desde Santa Ana hasta San Miguel encaja perfectamente en este tipo penal, el cual contempla penas de prisión que van desde los 10 hasta los 15 años por evento, incrementándose sustancialmente en casos de concurso de delitos o cuando se opera bajo la modalidad de crimen organizado.
- Trata de personas con fines de explotación sexual:
La ley establece penas severas que parten de 10 a 14 años de prisión, las cuales se elevan considerablemente cuando la conducta se comete en el contexto de una organización criminal organizada o se vulneran múltiples víctimas.
