Ucrania necesita encontrar nuevas fuentes de ingresos para sostener una guerra que consume decenas de miles de millones de dólares. Ahora ha puesto sobre la mesa una de las más insólitas: dejar de perseguir penalmente una industria pornográfica que ya mueve más de 100 millones al año y hacer que sus impuestos contribuyan al esfuerzo militar.
Convertir el porno en drones. La guerra contra Rusia ha obligado a Ucrania a buscar dinero prácticamente debajo de cada piedra y una propuesta que avanza por el Parlamento plantea aprovechar una industria que hasta ahora permanecía en la economía sumergida. Zhelezniak, miembro del comité de Finanzas de la Rada Suprema y coautor del proyecto, estima que aplicar los impuestos empresariales habituales al sector podría generar alrededor de 25 millones de dólares anuales.
Qué duda cabe, es una cantidad pequeña frente a las decenas de miles de millones que requiere la defensa ucraniana, pero el diputado la ha traducido a una unidad mucho más comprensible en el campo de batalla: según los cálculos, permitiría adquirir hasta 30.000 drones militares, un arma que se ha convertido en una pieza fundamental de la guerra.
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Industria millonaria ilegal. El problema es que la pornografía ya constituye un negocio considerable en Ucrania, aunque continúe criminalizada por una legislación heredada de la época soviética. Los datos proporcionados por Fenix International, la empresa británica propietaria de OnlyFans, muestran que unos 7.900 creadores ucranianos ingresaron más de 131 millones de dólares únicamente a través de la plataforma durante 2023.
Producción, distribución y posesión de pornografía, sin embargo, pueden conducir a procesos penales y determinadas infracciones pueden acarrear penas de hasta siete años de prisión. La reforma no pretende crear de cero una nueva industria para financiar la guerra, sino sacar a la superficie una que ya existe, genera decenas de millones y cuyos ingresos escapan parcialmente al sistema precisamente porque el propio Estado mantiene criminalizada su actividad.
El “peligro” de pagar impuestos. Contaba el Wall Street Journal que la contradicción alcanzó un punto difícilmente sostenible cuando las autoridades fiscales comenzaron a reclamar que los creadores declarasen los ingresos obtenidos en plataformas extranjeras. Como resume Zhelezniak, pueden no declarar el dinero y exponerse a una acusación por evasión fiscal o declararlo y proporcionar al Estado pruebas de que están realizando una actividad que ese mismo Estado considera delictiva.
Kiev llegó a enviar comunicaciones a creadores que habían presentado declaraciones tributarias mientras algunos de ellos terminaban investigados también por producción ilícita de contenido para adultos. La situación ha creado una anomalía especialmente llamativa en plena guerra: Ucrania necesita que esos ciudadanos contribuyan a financiar el Estado, pero todavía conserva una legislación que puede castigarlos precisamente por la actividad con la que generan los impuestos.
Un negocio paralelo. Porque mantener el sector en la ilegalidad no solo reduce su potencial recaudatorio, sino que ha proporcionado una poderosa herramienta de presión sobre modelos y estudios de webcam. Según la Fiscalía ucraniana, departamentos policiales de tres regiones habrían llegado a recibir más de 20.000 dólares mensuales en pagos para proteger determinados estudios, mientras varias creadoras han denunciado registros, confiscaciones y peticiones de sobornos.
Svitlana Dvornikova relató que la policía registró su vivienda mientras preparaba a su hija para ir al colegio, se llevó 20.000 dólares en efectivo, su ordenador y discos duros y le ofreció pagar para evitar problemas. La despenalización permitiría así perseguir un segundo objetivo además del fiscal: eliminar una legislación que convierte la amenaza de un proceso penal en una oportunidad para extorsionar a quienes trabajan en una industria que las autoridades saben que existe.
El caso de empujó el debate. El caso de Dvornikova acabó convirtiéndose en uno de los mejores argumentos de quienes reclaman cambiar el sistema. La creadora asegura haber pagado cerca de 900.000 dólares en impuestos y, después de que se abriera una causa contra ella, promovió una petición en la web de la presidencia ucraniana en la que defendía que el Estado debería valorar esa contribución en lugar de tratarla como una delincuente.
Incluso tradujo sus impuestos al lenguaje de la guerra, asegurando que ese dinero equivalía a “cientos de ocupantes muertos” en el frente. La petición superó las 25.000 firmas en pocos días, el umbral que obligó a darle recorrido institucional, y Volodímir Zelenski remitió la cuestión al Parlamento para que estudiara la reforma.
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Los 25 millones de dólares no cambiarían por sí solos las cuentas de una guerra de esta escala, pero la equivalencia propuesta por Zhelezniak resume hasta qué punto el conflicto está alterando las prioridades del país: una industria que Ucrania heredó como delito de su pasado soviético podría terminar ayudando a pagar decenas de miles de las armas que utiliza para combatir a Rusia.
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