La Universidad de Guadalajara (UdeG) separó de sus funciones a un profesor de nombre Eduardo Medrano Martínez de la Preparatoria Regional de Santa Anita, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, luego de que estudiantes difundieran señalamientos por presunto acoso y conductas inapropiadas dentro del plantel.
El caso provocó movilizaciones de alumnas y alumnos, quienes exigieron la expulsión definitiva del docente y una investigación a fondo para determinar si existieron omisiones o posibles actos de encubrimiento por parte de autoridades escolares.
La controversia comenzó a crecer esta semana, después de que en redes sociales fueran difundidas imágenes y videos en los que presuntamente aparece el profesor junto a una estudiante.
Las publicaciones generaron denuncias anónimas de integrantes de la comunidad estudiantil, quienes señalaron que las conductas atribuidas al docente no serían un hecho aislado.
UdeG suspende al profesor e inicia investigación
Ante la difusión de los señalamientos, la Preparatoria Regional de Santa Anita informó que adoptó medidas cautelares y suspendió al profesor de sus actividades.
La rectora general de la UdeG, Karla Planter, confirmó posteriormente que el docente no puede ingresar al plantel y que se iniciaron procedimientos administrativos y laborales para determinar las responsabilidades correspondientes.
Además, la Universidad informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público para que las autoridades investiguen los hechos y determinen si existe la comisión de algún delito.
La institución también señaló que se busca garantizar la protección de las posibles víctimas, mantener bajo resguardo su identidad y evitar cualquier contacto entre ellas y el profesor señalado mientras avanzan los procedimientos.
El caso se encuentra, por tanto, en dos vías: una investigación interna de carácter administrativo y laboral dentro de la UdeG, y la intervención de las autoridades ministeriales para determinar si existen elementos que puedan constituir un delito.
Alumnos salen a protestar en la Prepa Santa Anita
La respuesta institucional no frenó la inconformidad de la comunidad estudiantil.
Durante las movilizaciones realizadas en el plantel, estudiantes colocaron mensajes y expresaron públicamente su rechazo al docente. Entre sus principales demandas está que no solamente sea separado temporalmente, sino que se determine su expulsión definitiva en caso de acreditarse las acusaciones.
Las manifestaciones también plantearon la necesidad de revisar si las autoridades escolares conocieron previamente alguna situación relacionada con el profesor y, en su caso, determinar si hubo omisiones en la atención de las quejas.
De acuerdo con reportes sobre las protestas, estudiantes sostuvieron que las conductas denunciadas presuntamente habrían ocurrido en más de una ocasión, aunque corresponde a las autoridades establecer qué hechos pueden acreditarse y quiénes serían las personas afectadas.
Fiscalía de Jalisco pide presentar denuncias formales
Mientras la UdeG informó que presentó una denuncia ante el Ministerio Público, la Fiscalía de Jalisco señaló que hasta el 10 de septiembre no contaba con una denuncia formal presentada directamente por alguna de las posibles víctimas contra el profesor.
El fiscal estatal, Salvador González de los Santos, llamó a quienes consideren que fueron afectadas a acudir ante las autoridades para aportar su testimonio y las pruebas que tengan disponibles.
La Fiscalía explicó que las posibles víctimas pueden acudir a los Centros de Justicia para las Mujeres, donde pueden presentar las denuncias correspondientes y aportar materiales como fotografías, videos u otros elementos relacionados con los hechos.
En este punto existe una diferencia importante entre la denuncia presentada por la Universidad para informar a las autoridades sobre el caso y la presentación de una denuncia formal por parte de una posible víctima, elemento que la Fiscalía considera necesario para avanzar en la investigación penal.
La UdeG, por su parte, mantiene suspendido al docente y continúa con sus procedimientos internos, mientras que la comunidad estudiantil mantiene la exigencia de que el caso sea esclarecido.
