A más de cuatro años de la desaparición de Angie Samantha Peña, la investigación enfrenta un problema que puede ser tan determinante como encontrar nuevas pruebas: mantener con vida y en condiciones de declarar a quienes dicen saber qué ocurrió.
Walter Peña, padre de la joven desaparecida el 1 de enero de 2022 en Roatán, asegura que al menos dos personas que podrían aportar información relevante están siendo amenazadas antes del juicio contra integrantes de la estructura denominada “Delta Teams”.
La denuncia adquiere mayor gravedad después del asesinato, el pasado 17 de agosto, de Dereck Isaac McNeil James, identificado como testigo protegido en investigaciones relacionadas con el caso.
El problema ya no es solo qué saben los testigos
Peña menciona particularmente a una persona identificada como “R1”, de quien la familia asegura haber recibido información según la cual habría visto con vida a Angie después de su desaparición.
También sostiene que existen otros dos posibles testigos bajo amenazas para impedir que lleguen a declarar. Esa versión corresponde a la familia y deberá ser verificada por las autoridades.
Si esas personas poseen información relevante, su protección adquiere una doble dimensión: preservar sus vidas y evitar que desaparezcan piezas potencialmente importantes de un expediente que todavía no ha permitido establecer dónde está Angie.
McNeil había declarado ante operadores de justicia y, en un audio divulgado posteriormente, afirmó haber visto a Angie y conocer a personas identificadas como “Los Delta”.
El contenido, contexto y alcance probatorio de esas declaraciones corresponde determinarlo a las autoridades y al tribunal. Su asesinato todavía no ha sido vinculado oficialmente con su condición de testigo.
Pero ocurrió pocas semanas antes del juicio previsto entre el 7 y el 14 de septiembre, lo que elevó la preocupación sobre la seguridad de otras personas relacionadas con el expediente.
Septiembre será clave, pero no se juzga directamente la desaparición de Angie
Cuatro personas llegarán al juicio por acusaciones de trata de personas y asociación para delinquir: Harold Joseph Green Jr., William James Murdock, Gary Lee Johnston y Ramón Gustavo Trejo Nájera.
Aunque el proceso surgió de investigaciones conectadas con el caso Angie Peña, el tribunal no determinará directamente quién hizo desaparecer a la joven ni dónde se encuentra.
El juicio puede, sin embargo, permitir reconstruir cómo operaba la estructura investigada y qué información tenían distintas personas sobre sus actividades en Roatán.
El propio padre también denuncia amenazas
C-Libre reportó que Walter Peña denunció haber recibido meses atrás una carta anónima en la que presuntamente le exigían dejar de hablar públicamente sobre el caso y abandonar sus reclamos.
Esto amplía el problema: testigos que dicen conocer información y familiares que siguen exigiendo respuestas aseguran estar enfrentando intimidaciones alrededor de una misma investigación.
El sistema de justicia puede acumular expedientes, testimonios y procesos judiciales, pero todo pierde valor si quienes deben declarar sienten que hacerlo puede costarles la vida.
A días del juicio, la pregunta ya no es únicamente qué revelarán los testigos.
También es si Honduras puede garantizar que lleguen vivos, protegidos y sin coerción hasta el tribunal.
Porque después de la muerte de McNeil, cualquier nueva amenaza convierte la protección de testigos en parte central del caso Angie Peña.
