Madrid, 9 sep (EFE).- Una ex secretaria general técnica de la Consejería de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid ha negado en el juicio que recibiera presiones del exconsejero Pedro Calvo Poch, uno de los acusados por la trama Lezo relacionada con el PP, para tramitar una operación del Canal de Isabel II supuestamente corrupta.
La Audiencia Nacional ha reanudado este miércoles la vista, en la que se sientan en el banquillo 19 acusados, entre ellos Pedro Calvo Poch y Juan Bravo Rivera, exconsejeros en el Gobierno de la Comunidad de Madrid que presidió Alberto Ruiz-Gallardón y que en el momento de los hechos formaban parte del Consejo de Administración del Canal de Isabel II junto con otros nueve procesados.
También son juzgados tres excargos de Canal de Isabel II y otros relacionados con Aguas de Barcelona S.A. (AGBAR).
La fiscal mantiene en sus conclusiones provisionales que la compra por el Canal de Isabel II del 75 % de Interamericana de Aguas y Servicios S.A. (Inassa), que fue aprobada el 29 de noviembre de 2001 por el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid, se efectuó por 73 millones de dólares.
Añade que el Canal de Isabel II efectuó esa compra con un "sobreprecio indebido" de entre 19.066.500 y 29.013.109 euros con cargo a fondos públicos, sin motivo alguno que lo justificase y "en beneficio exclusivo de los vendedores", y explica que la operación se realizó a través de una sociedad panameña a la que AGBAR vendió su participación en INASSA.
En la jornada de este miércoles han declarado como testigos las entonces secretarias generales técnicas de la consejerías de Medio Ambiente y Hacienda, cuyos titulares en el momento de los hechos investigados eran Pedro Calvo y Juan Bravo, respectivamente.
Ambas han explicado que el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid aprobó la propuesta del Consejo de Administración del Canal de Isabel II de constituir la sociedad pública Canal Extensia para adquirir el 75 por ciento de INASSA.
La fiscal les ha preguntado si en algún momento de la tramitación conocieron que lo que realmente quería comprar el Canal de Isabel II era el cien por cien de la sociedad panameña Aguas de América, residenciada en ese momento en un paraíso fiscal y que además tenía otros activos, Inassa y otra empresa dominicana, Watko, lo que las testigos han negado.
El abogado de Pedro Calvo ha preguntado a la primera testigo, Mariola P.M., si recuerda "haber recibido algún tipo de instrucción, indicación u orden que se alejara de lo ordinario en relación con la tramitación de este expediente, a lo que ha contestado que "ninguna".
Las testigos han recordado que en este como en otros casos se envió al Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid un extracto del expediente con los dictámenes, trámites preceptivos e informes favorables como era habitual. EFE
