La ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos de Venezuela (CLIPP) alertó el miércoles sobre el traslado de un grupo de presos políticos desde la cárcel El Rodeo I, en el estado Miranda, hacia un centro de reclusión que todavía no fue identificado.
La organización informó que varios autobuses ingresaron al penal durante la tarde del 2 de septiembre, aunque no precisó cuántas personas fueron trasladadas. Los familiares consideran que los detenidos podrían estar en el Fuerte Guaicaipuro o en la cárcel de Yare II, ambos ubicados en Miranda.
“El Comité por la Libertad de los Presos Políticos alerta sobre traslados arbitrarios en el centro de reclusión El Rodeo I, luego de que varios autobuses ingresaran al penal la tarde de este miércoles, 2 de septiembre”, señaló la ONG en la red social X.
Los parientes de los presos permanecieron frente a El Rodeo I y exigieron explicaciones al director de la prisión. Según el CLIPP, el funcionario se negó a recibirlos y el personal del establecimiento los maltrató.
En un video difundido por la organización, María Soto, madre del teniente Luis Manuel Paiva Soto, denunció que las autoridades no le notificaron el traslado de su hijo. Paiva Soto está acusado de participar en un ataque marítimo ocurrido en 2020 que, según el Ejecutivo, buscaba facilitar una invasión militar de Venezuela.
El martes, activistas de la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos reclamaron al ministro para el Servicio Penitenciario, Julio García Zerpa, que atienda las irregularidades que denuncian en los centros de reclusión. Entre ellas mencionaron problemas de alimentación y atención médica. El mismo día, la ONG Foro Penal informó que en Venezuela hay 328 presos políticos, de los cuales 317 son hombres y 11 son mujeres, con datos actualizados hasta el 31 de agosto.
Horas antes, el CLIPP pidió que la situación de los detenidos por razones políticas forme parte de la agenda del segundo ciclo de diálogo entre el chavismo y un sector de la oposición, previsto para mediados de septiembre.
La organización sostuvo que las negociaciones deben incluir medidas concretas para las víctimas de arrestos arbitrarios y sus familiares. “Ante el inicio de un segundo ciclo, es necesario que los acuerdos produzcan resultados concretos. Recuperar la confianza requiere compromisos que se cumplan y garantías para que ninguna persona vuelva a ser perseguida o encarcelada por ejercer sus derechos”, expresó en un comunicado.
El primer ciclo de conversaciones concluyó el 12 de agosto con dos acuerdos. Uno que impulsa la renovación completa del Tribunal Supremo de Justicia, cuyos magistrados son cuestionados por la oposición; y el otro apunta a recuperar activos de las reservas internacionales depositadas en el Banco de Inglaterra para asistir a los damnificados por el doble terremoto de junio.
El CLIPP señaló que el tema de los presos políticos quedó fuera de esos entendimientos. Por ese motivo, reclamó que los compromisos acordados incluyan respuestas para quienes fueron detenidos por motivos políticos y para sus familias. La ONG contabiliza al menos 400 presos políticos en Venezuela. De ese total, 37 “presentan patologías graves que requieren atención médica sostenida y que, en la mayoría de los casos, no reciben adecuadamente”.
“A esto se suman las condiciones inhumanas de reclusión denunciadas por familiares en centros como Yare I, el Fuerte Guaicaipuro, El Rodeo I y distintos comandos policiales”, añadió la entidad, en referencia a establecimientos ubicados en el estado Miranda, cerca de Caracas.
La organización solicitó una reunión con ambas delegaciones, familiares y víctimas para exponer la situación de los detenidos con enfermedades graves y presentar propuestas orientadas a la “restitución de sus derechos”.
El Gobierno chavista, liderado por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, niega que existan presos políticos en Venezuela y sostiene que se trata de personas procesadas por delitos. Partidos opositores y organizaciones de derechos humanos rechazan esa posición.
(Con información de EFE)
