Durante años el principal reclamo de las sociedades rurales bonaerenses, además claro de las retenciones, fue el desvío de los fondos de la tasa vial que realizaban los municipios de la Provincia: muchos intendentes recaudaban ese recurso de los productores y en vez de utilizar la plata para arreglar los caminos rurales, como corresponde, se la gastaban en otras cosas.

En ese contexto, llamó la atención un comunicado difundido por Carbap (Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa) en el que la entidad que agrupa a un centenar de sociedades rurales “expresa su preocupación ante la situación planteada en torno al Consorcio de Gestión del Puerto Quequén y su vinculación con obras viales ajenas al ámbito portuario”.

¿Cuál es la situación planteada?

En el marco de una emergencia en materia de caminos rurales suscitada por los excesos hídricos, en el Municipio de Necochea se pidió colaboración, y entonces a fines de agosto el Directorio del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, aprobó un aporte especial para colaborar con el restablecimiento de la red vial local.

“El esfuerzo y la dedicación puestos en esta tarea tienen un objetivo concreto: colaborar para recuperar la transitabilidad de los caminos rurales y permitir que los productores puedan culminar con la cosecha, avanzar con la siembra y continuar desarrollando las diferentes labores que demanda la actividad agropecuaria”, justificó el consorcio el dinero aportado por el Puerto para reparar, entre otras cosas “el kilómetro 40 de la Ruta Nacional 228, donde el estado del camino había llegado a impedir prácticamente cualquier tipo de circulación, incluso de vehículos con doble tracción”.

“La situación era crítica debido a la presencia de grandes sectores anegados, acumulación de agua y barro de considerable profundidad. Para recuperar la transitabilidad fue necesario realizar un importante movimiento de suelo, retirando gran cantidad de barro líquido acumulado. Los trabajos comprendieron además la limpieza de alcantarillas, tareas de desbarre y drenaje y la incorporación sucesiva de arena y tosca, con el objetivo de recomponer la estructura del camino y generar nuevamente condiciones adecuadas para la circulación”, se explicó el pasado 19 de agosto.

La propia Municipalidad de Necochea, el 25 de agosto, informó que “continuó desarrollando a través del Ente Municipal de Servicios Urbanos y Rurales (EMSUR) un intenso operativo de mantenimiento, reparación y reconstrucción de los caminos rurales del distrito, con el objetivo de garantizar la transitabilidad y acompañar las necesidades de productores y vecinos de las localidades del interior”.

“Las tareas se llevan adelante en un contexto climático particularmente exigente. En lo que va de 2026, el registro anual de lluvias alcanza un acumulado de 691 milímetros, generando cortes, deterioros y dificultades en distintos sectores de la amplia red vial rural. Frente a esta situación, la gestión municipal sostiene una labor permanente sobre los caminos, priorizando los puntos que requieren intervenciones para recuperar sus condiciones de circulación”, se explayó el municipio, destallando algunas de las obras.

Pero Carbap no está muy de acuerdo en cómo se llevan adelante estas obras, desviando recursos de otros orígenes y con otros fines.

“Resulta necesario señalar que los recursos administrados por el Consorcio de Puerto Quequén provienen del esfuerzo de la totalidad de los productores de la región que utilizan esa terminal para la comercialización de su producción. Por esa razón, dichos fondos deben aplicarse exclusivamente a obras de infraestructura portuaria y a su área de influencia directa, y no a intervenciones ajenas a ese objeto, como las obras de reparación de caminos rurales del partido de Necochea”, enfatizó la entidad rural.

Que reconoce: “Si bien ha ocurrido una situación excepcional por causa de excesos hídricos, llama la atención que el partido de Necochea, pese a cobrar la tasa vial más cara de toda la provincia de Buenos Aires, deba recurrir a la colaboración del Consorcio de Puerto Quequén para atender el estado de sus caminos rurales. Esta circunstancia genera serias dudas respecto del destino real que tendrán los fondos recaudados por la nueva tasa que el Municipio pretende cobrar, en la medida en que un antecedente similar -la propia tasa vial- no alcanzó para garantizar el mantenimiento adecuado de la red vial rural”.

La explicación de esto que parece un desatino es la siguiente: desde hace un par de años que los dirigentes rurales de la región protestan -incluso judicialmente- contra la imposición por parte de Necochea de la denominada “tasa portuaria”, que la Municipalidad aplica sobre la totalidad de los granos que ingresan a Puerto Quequén.

El argumento de la Municipalidad para cobrar esa tasa especial es que más de 300.000 camiones anuales deterioran los caminos del partido, por lo que el costo del mantenimiento no debe recaer únicamente sobre los vecinos. Pero los productores argumentan que finalmente ese sobrecosto del flete recae sobre ellos, que ya pagan otras tasas.

Luego de un largo periodo en que la justicia debatió el tema, a principios de agosto la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata hizo lugar al recurso presentado por la Municipalidad y revocó la medida cautelar que impedía el cobro de la Tasa Solidaria por Mantenimiento Diferenciado de la Red Vial, más conocida como “tasa portuaria”.

“No se trata de enfrentar al sector privado ni de poner obstáculos a la producción. Se trata de construir reglas equilibradas para que producción, desarrollo e infraestructura puedan crecer de manera sostenible. Defender los recursos municipales es defender a los vecinos. Cuando esos recursos no ingresan, el Municipio debe afrontar el mantenimiento del circuito vial con fondos provenientes de otras fuentes, que también deben atender calles, iluminación, salud y servicios en todo el distrito”, explicó el intendente Arturo Rojas.

Que de todos modos, ahora pidió ayuda al propio Puerto Quequén para hacer reparaciones extraordinarias de la red vial.

Es eso lo que reclaman los dirigentes rurales: “Carbap entiende que tanto la utilización de fondos portuarios para obras ajenas al puerto como la pretensión de cobrar esta nueva tasa responden a un mismo criterio: el uso de recursos generados por la actividad portuaria -de alcance regiona-— para fines exclusivamente municipales. Esta conducta resulta contraria al espíritu con el que fue creado el Consorcio de Gestión de Puerto Quequén y perjudica a los productores de toda el área de influencia del puerto”, explicó el comunicado.

Lo curioso es que el directorio del Puerto Quequén está integrado por ocho miembros que representan también al sector privado, aunque no directamente a los productores usuarios de esas instalaciones.

La semana pasada, el presidente interino del Consorcio de Gestión de Puerto Quequén, participó de una jornada en el Centro de Acopiadores y “puso en valor el trabajo conjunto de toda la cadena productiva y logística de la región”.  No se sabe cuánto dinero del puerto se desvió a esos trabajos, pero el representante portuario valoró “la importancia de fortalecer la articulación entre los distintos actores que integran la cadena agroindustrial, entendiendo a la región como un sistema productivo y logístico integrado”.