Este miércoles 9 de septiembre se convirtió en una fecha clave para los salvadoreños amparados por el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS. La jornada marca el vencimiento de la vigencia actual del permiso migratorio y también el límite para que las autoridades de Estados Unidos anuncien una nueva extensión. La falta de una definición deja en incertidumbre a cerca de 170 mil personas que han vivido y trabajado legalmente en ese país durante más de dos décadas.
Para muchos beneficiarios, el TPS ha sido el documento que sostuvo empleos, negocios, alquileres y familias con hijos ciudadanos estadounidenses. La posible pérdida de esa protección abre dudas sobre la autorización para trabajar, la permanencia en el país y la opción de regresar aEl Salvador, una decisión que para algunos implica dejar atrás décadas de arraigo.
“Ya empaqué casi 30 años de mi vida”, resume Soledad Miranda, una salvadoreña beneficiada por el programa que empezó a guardar sus pertenencias ante la incertidumbre. Las declaraciones fueron retomadas de CNN. Miranda llegó a Estados Unidos en 1997, cuando tenía 19 años, y obtuvo TPS en 2001, después de los terremotos que afectaron a El Salvador.
El TPS permitió construir una vida, pero no dio residencia permanente
Miranda logró una licencia de cosmetóloga, participó en la lucha por permisos para vendedores ambulantes en Washington y trabaja con mujeres que han sufrido maltrato. También tiene un empleo en el área de limpieza de la Alcaldía de Washington, puesto que también debe abandonar al no contar con autorización laboral.
La salvadoreña alquiló hace tres años un apartamento para ofrecer mejores condiciones a su hija de 16 años, ciudadana estadounidense. Mientras guarda sus cosas en cajas, se enfrenta a la posibilidad de alterar un proyecto familiar que había organizado para mantenerse en Estados Unidos.
“Yo tenía ya mi vida planeada, cómo yo me iba a ir con mi gusto”, expresó Miranda. Su retorno a El Salvador era una idea que contemplaba para el futuro. Hace 16 años construyó una casa para su madre en el país, con la expectativa de volver en otro momento y bajo otras condiciones.
El TPS fue otorgado a los salvadoreños en 2001 como una respuesta a las consecuencias de los terremotos. Aunque permitió residir y trabajar de forma legal en Estados Unidos, el programa mantuvo siempre un carácter temporal y no otorgó por sí mismo un camino directo hacia la residencia permanente.
La incertidumbre no se limita a quienes carecen de patrimonio o redes familiares. También alcanza a empresarios, trabajadores, madres y padres que dependen del TPS como única protección migratoria. La eventual finalización del programa puede obligarlos a modificar sus planes laborales y familiares en cuestión de días.
Según la Alianza Nacional para el TPS, los salvadoreños amparados por el programa aportan unos $5,400 millones al año a la economía de Estados Unidos y pagan cerca de $1,500 millones anuales en impuestos federales, estatales y locales. Para Miranda y miles de compatriotas, el 9 de septiembre deja una pregunta pendiente: si podrán conservar la vida que construyeron lejos de El Salvador.
