El presidente de Ucrania, Volodímir Zelensky, suspendió este lunes por decreto al fiscal general, Ruslán Kravchenko, invocando las facultades excepcionales que le otorga la ley marcial, y pidió al Parlamento que ratifique su destitución sin demora. La medida llegó horas después de que Kravchenko formulara acusaciones penales contra Semen Krivonós, director de la Oficina Nacional Anticorrupción (NABU), organismo que investiga a la propia fiscalía. La comisión parlamentaria de orden público respaldó la iniciativa esa misma tarde y la votación en el pleno de la Rada estaba prevista para el martes.
Kravchenko ya había presentado su renuncia el 7 de septiembre, calificándola de decisión política consciente, pero permanecía en el cargo a la espera de que el Parlamento la tramitara. La propuesta formal de destitución quedó registrada en la Rada el 14 de septiembre bajo el número 16064. El fiscal niega cualquier vínculo con la trama de blanqueo investigada y sostiene que las acusaciones carecen de fundamento.
El detonante de la crisis fue la llamada operación Cartago, lanzada el 4 de septiembre por la NABU y la Fiscalía Especializada Anticorrupción (SAPO). Los investigadores denunciaron haber descubierto una organización criminal, encabezada por un alto funcionario de la Fiscalía General, dedicada a proteger centros de llamadas fraudulentos y a blanquear millones de grivnas. Un día después, agentes registraron dependencias oficiales utilizadas por Kravchenko.
Fuentes citadas por medios locales identifican al presunto cabecilla como Serguéi Kropivá, subdirector del departamento de cooperación jurídica internacional de la fiscalía, detenido el 6 de septiembre con una fianza de 120 millones de grivnas, USD 2,7 millones. Los investigadores calculan que más de 20 millones de grivnas, unos USD 450.000, se destinaron a inmuebles, joyas y otros bienes de lujo. En grabaciones difundidas por la NABU, un implicado con el alias “Canciller” menciona a un “jefe” cuyo patronímico y trayectoria previa al frente del Servicio Estatal de Impuestos coinciden con los de Kravchenko, quien no ha sido formalmente imputado.
En respuesta, Kravchenko afirmó haber firmado una notificación de sospecha contra Krivonós por presunta falsificación de documentos, entre ellos un caso de adopción ficticia que, según sostiene, le habría permitido eludir responsabilidad penal, además de un episodio de soborno vinculado a la asignación de un terreno en 2014. La NABU respondió que su director no había recibido ninguna notificación oficial hasta la mañana del 14 de septiembre y que las declaraciones del fiscal tenían, por el momento, carácter público y no procesal.
La NABU y la SAPO calificaron conjuntamente las acusaciones de Kravchenko como la continuación de un ataque sistemático contra su independencia, que según ambas agencias comenzó en julio de 2025 con el intento de subordinarlas a la Fiscalía General. La referencia remite a la crisis de julio de 2025, cuando el Parlamento aprobó una ley que otorgaba al fiscal general poder para reasignar causas y emitir órdenes vinculantes a ambos organismos. La norma provocó las mayores protestas registradas en Ucrania desde la invasión rusa, con manifestaciones en Kiev, Járkov, Leópolis, Dnipró y Odesa. Bruselas advirtió entonces de forma reservada que podría suspender programas de financiación si Kiev no revertía la ley. Zelensky dio marcha atrás en menos de diez días y firmó una nueva norma que devolvió la autonomía a ambos organismos.
El propio nombramiento de Kravchenko como fiscal general, en junio de 2025, coincidió con aquella ofensiva legislativa. Dos años antes había competido sin éxito por la dirección de la NABU frente al propio Krivonós, un antecedente que alimenta las lecturas sobre una rivalidad personal detrás del actual enfrentamiento.
El episodio se suma a una larga lista de fiscales generales apartados del cargo en Ucrania: Andriy Kostin dimitió en 2024 tras un escándalo por bajas médicas fraudulentas entre fiscales, e Irina Venediktova fue destituida en 2022 por sospechas de colaboracionismo con Rusia. La corrupción sigue siendo, más de tres años después de la invasión a gran escala, uno de los principales obstáculos para el ingreso de Ucrania en la Unión Europea.
El trasfondo económico de la trama es considerable: un informe de abril de la organización Global Initiative Against Transnational Organized Crime calculó que la industria ucraniana de centros de llamadas fraudulentos genera hasta USD 1.000 millones mensuales y emplea a unas 60.000 personas, dos tercios de la plantilla del sector bancario legal del país, con centros activos en las 24 regiones, incluidas zonas ocupadas por Rusia.
La votación parlamentaria del martes determinará si Kravchenko sale definitivamente del cargo, pero la disputa de fondo —hasta qué punto el poder ejecutivo tolera organismos anticorrupción realmente independientes— seguirá pesando sobre la relación de Kiev con sus socios europeos mientras dure la guerra.
