El Gobierno detectó un mecanismo interno para trabar las auditorías a empresarios ligados a los K como Lázaro Báez, Cristóbal López y Alejandro Vandenbroele, entre otros.
Son empresas o personas que figuraban como contribuyentes que revisten interés público cuando en realidad no deberían haberse incluido en ese listado.
Las acusaciones involucran a la gestión de Cambiemos en el ente tributario y a sus sucesores K.
Son el Fondo Fiduciario del Servicio Universal, el Fondo Fiduciario para la Vivienda Social y el Fideicomiso del Programa de Desarrollo Rural y Agricultura Familiar.
La medida fue publicada en el Boletín Oficial a través del Decreto 6/2025.
Se disolvieron luego de los resultados obtenidos en una auditoría realizada por la SIGEN.
