Si bien el Parlamento Europeo lo frenó mandándolo a la Justicia para revisión de ciertos puntos, los gobiernos de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay lo están queriendo ratificar rápidamente.
La investigación se inició tras la denuncia de un dirigente de ATE.
La Justicia secuestró celulares y cámaras de seguridad en oficinas vinculadas a Gonzalo Carpintero, condenado por corrupción y socio de un empresario pesquero.