La discusión por el acto religioso realizado durante la posesión presidencial de Abelardo de la Espriella el pasado 7 de agosto de 2026 continuará en los tribunales.
El equipo cercano al mandatario anunció que buscará impugnar el fallo de tutela que le ordenó ofrecer disculpas públicas y planteó, además, que las acciones judiciales contra el jefe de Estado vuelvan a ser conocidas por el Consejo de Estado.
Carlos Suárez, asesor político del presidente ―aunque no ocupa un cargo oficial en la Casa de Nariño―, fue quien dio a conocer la intención de recurrir esta decisión. Suárez sostuvo que la controversia debería llegar a la Corte Constitucional para que ese tribunal determine el alcance de los derechos involucrados. “Vendrá la impugnación del fallo y, ojalá, haya revisión del mismo en la Corte Constitucional”, dijo Suárez a El Tiempo.
El asesor consideró que la discusión debe centrarse en “el ejercicio de los derechos de libertad religiosa y de expresión del presidente de La República”. Su posición se conoce después de que el mandatario acatara la orden judicial y se pronunciara públicamente sobre la ceremonia en una alocución el domingo 30 de agosto, en la que también abordó otros temas de interés nacional.
La propuesta de Suárez va más allá del caso relacionado con la posesión. El asesor planteó modificar nuevamente la instancia que recibe las tutelas presentadas contra el presidente de la República y sostuvo que esa competencia debería regresar al Consejo de Estado. “Hay que devolver las cosas a su lugar: Petro cambió la competencia para conocer tutelas en contra del presidente y pasó el conocimiento del Consejo de Estado a los jueces del Circuito”, afirmó.
De acuerdo con su explicación, la discusión sobre qué tribunal debe asumir estos procesos cambió durante los últimos gobiernos. Suárez señaló que tanto Iván Duque como Gustavo Petro modificaron la instancia correspondiente después de enfrentar decisiones judiciales adversas.
Durante la administración de Duque, un decreto estableció que las tutelas contra el presidente debían ser conocidas por el Consejo de Estado. Según Suárez, la medida se produjo después de varias decisiones desfavorables para ese gobierno en los jueces del circuito.
Posteriormente, durante el gobierno de Petro, la competencia volvió a los jueces del circuito. El cambio ocurrió después de un escenario similar, según la explicación del asesor, debido a decisiones adversas emitidas por el Consejo de Estado frente a acciones relacionadas con el entonces mandatario.
Con la propuesta planteada ahora, el gobierno de De la Espriella buscaría que el Consejo de Estado vuelva a asumir el conocimiento de las tutelas contra el presidente. La discusión abre así un nuevo capítulo sobre la instancia judicial encargada de revisar este tipo de acciones.
La controversia inicial surgió por la ceremonia religiosa incluida en la posesión presidencial del 7 de agosto. El fallo de tutela ordenó a De la Espriella pronunciarse sobre el acto y ofrecer disculpas a quienes pudieran haberse sentido afectados.
El domingo 30 de agosto, el presidente cumplió esa instrucción durante una alocución pública. En su intervención explicó su posición frente a la religión y la separación entre las instituciones del Estado y la Iglesia. “Aunque me identifico como creyente, soy católico, respeto la separación entre la Iglesia y el Estado”, afirmó.
Luego, el mandatario se refirió a las posibles molestias generadas por la ceremonia y ofreció excusas en su condición de jefe de Estado. “Si este acto pudo generar incomodidad o si ofendió a alguna persona, en mi condición de Jefe de Estado ofrezco excusas por ello”, manifestó.
La decisión judicial incluyó además obligaciones relacionadas con la neutralidad religiosa del Estado y la actuación de los funcionarios públicos. Tras cumplir con el pronunciamiento ordenado, De la Espriella mantuvo su postura religiosa. El presidente terminó su intervención con el mensaje “Que Dios bendiga a Colombia” y reiteró la expresión “¡Viva Cristo Rey!” que volvió a generar polémica.
