Diego Sebastián “N” y Gerardo “N”, señalados de asesinar al tecladista de Camilo Sétimo y su familia, permanecen aislados en una zona de máxima seguridad del Centro Penitenciario y de Reinserción Social de Tlalnepantla, conocido como Barrientos, luego de que otros internos difundieran amenazas de muerte en su contra.
El periodista Carlos Jiménez reveló en su programa de televisión que la población carcelaria ya “los está amenazando de que los van a matar” y a recibirlos “con todo el odio” que sienten hacia ellos.
Ambos hombres ingresaron al penal a las 09:55 horas del viernes 4 de septiembre, apenas cinco minutos antes de que venciera el plazo constitucional de 48 horas para definir su situación jurídica. El traslado se realizó a bordo de una unidad blindada conocida como Mamba, con escolta de la Secretaría de Seguridad estatal y la Guardia Nacional.

Las autoridades del sistema penitenciario ordenaron que los dos procesados permanezcan separados de la población general para neutralizar cualquier intento de agresión física. La medida responde al rechazo que generó entre los reos el asesinato de una familia completa, incluida una niña de tres años y una mujer embarazada.
Harfuch confirma una relación comercial previa entre víctima y agresor

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, admitió durante una conferencia en Zacatecas que Diego Sebastián mantenía una relación previa con Jonathan Meléndez, tecladista de Camilo Séptimo. “Tenía una relación comercial, por decirlo así, o de cierta sociedad con el padre de familia”, declaró el funcionario.
García Harfuch confirmó que antes del crimen hubo una exigencia económica y amenazas contra el músico. “Lo que sí es un hecho es que estaba exigiendo dinero, hubo una exigencia, hubo ciertas amenazas y se comete este lamentable multihomicidio”, sostuvo el secretario.
El funcionario reconoció desconocer el monto exacto reclamado y aclaró que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México pidió reservar parte de la información hasta la primera audiencia, con el propósito de no afectar el proceso judicial.
Diego Sebastián habría buscado presionar a Meléndez por criptomonedas

De acuerdo con la información compartida por las autoridades, Diego Sebastián habría declarado que buscaba presionar a Jonathan para que le entregara dólares y criptomonedas, y que la situación “se salió de control”. Esa versión deberá confirmarse mediante las investigaciones ministeriales y el proceso judicial en curso.
El detenido cuenta con aparentes antecedentes delictivos en el Estado de México, según información proporcionada por Harfuch. Las autoridades mantienen abiertas todas las líneas de investigación para descartar la participación de otras personas en el multihomicidio.
Las víctimas fueron identificadas de manera oficial

Las cuatro víctimas del ataque son Jonathan Samuel Meléndez Ochoa, de 38 años, integrante de Camilo Séptimo; su esposa Ana Paula, de 35 años y con cuatro meses de embarazo; su hija Sofía, de tres años, y Aleyda Romero, trabajadora doméstica de 21 años. También murió Nala, la perra golden retriever de la familia.
Los homicidios ocurrieron entre las 17:30 y las 19:40 horas del martes 1 de septiembre, dentro de un departamento del Fraccionamiento Grand Viure, en Zona Esmeralda. Gerardo fue detenido a las 07:47 horas del día siguiente en la colonia Los Héroes Tecámac, mientras que Diego Sebastián, de 51 años, cayó horas después en la zona de La Marquesa, sobre la carretera México-Toluca.
La audiencia inicial se celebrará este sábado
Ambos detenidos quedaron a disposición de la autoridad judicial, que fijó las 12:30 horas de este sábado 5 de septiembre para la audiencia inicial de formulación de imputación. Enfrentan cargos por homicidio calificado en agravio de cuatro personas, interrupción del embarazo y maltrato a los seres sintientes.
Por cada homicidio, los imputados podrían recibir una pena de 25 a 70 años de prisión. El delito de interrupción del embarazo contempla una sanción adicional de 5 a 10 años, mientras que el maltrato animal podría sumar entre 3 y 6 años más de cárcel.


