La Auditoría General–Defensoría de Villa María y la Defensoría del Pueblo de Río Cuarto acudieron al Senado de la Nación para manifestar su preocupación por el impacto en la tarifa de gas en Villa María.
Ambas dependencias enviaron una nota formal a los senadores analizando el proyecto registrado bajo el Orden del Día número 402.
Modificaciones previstas
La nota elevada cuestiona la derogación de artículos fijados por la Ley 27.637 y los cambios sobre la Ley 25.565.
Dichas normas extendían el régimen especial para usuarios residenciales hasta el 31 de diciembre de 2031.
De acuerdo con lo expresado por las defensorías, la propuesta genera incertidumbre respecto a las garantías jurídicas previas.
También remarcaron que las condiciones para acceder a la tarifa diferencial podrían quedar a criterio de futuras resoluciones.
Costos familiares
Los organismos advirtieron que una gran cantidad de vecinos de Villa María, Río Cuarto y el sur de Córdoba podrían perder el beneficio tarifario.
Esto obligaría a las familias a afrontar cuadros tarifarios plenos o incrementos en sus servicios esenciales.

El informe presentado subrayó además que se desconocen los mecanismos de implementación práctica para los usuarios ya registrados.
Frente a esto, reclamaron reglas claras y definidas antes de la sanción parlamentaria.
Opciones elevadas
Entre las propuestas enviadas al Congreso, las instituciones plantearon preservar el esquema territorial combinándolo con evaluaciones socioeconómicas.
Otra de las variantes sugeridas contempla fijar bonificaciones por temporada invernal o estival.
La presentación finalizó solicitando un análisis exhaustivo de las consecuencias sociales para salvaguardar los derechos adquiridos por los usuarios de la provincia.
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