La Junta de Andalucía mantiene su pulso con el Gobierno central por el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, pero deja claro que la disputa jurídica no implica renunciar a los fondos previstos para la comunidad. La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha insistido este lunes en que plantear un conflicto de competencia contra la regulación del plan “no significa” que Andalucía haya “renunciado a ese dinero”.
Díaz se ha pronunciado así durante una visita a Lupión (Jaén), donde ha conocido las obras de ocho viviendas protegidas, y en respuesta a las preguntas de los periodistas sobre la situación del conflicto planteado por la Junta, recogidas por Europa Press. El Gobierno andaluz sostiene que el reglamento que desarrolla el plan no respeta el reparto de competencias establecido en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía.
La consejera ha puesto el foco también en la financiación del programa y ha rechazado que los 7.000 millones anunciados para el conjunto del Plan Estatal de Vivienda procedan exclusivamente del Ejecutivo central. “El Gobierno de España no pone 7.000 millones” en el marco del Plan Estatal de Vivienda y lo que aporta es “casi la mitad”, ha señalado.
Una disputa por las competencias, sin renunciar a las ayudas
A juicio de Rocío Díaz, “a Andalucía le corresponde, por población, casi 1.200 millones de euros, de los cuales el 40 por ciento lo pone la Junta”. La consejera ha utilizado este reparto para defender que la comunidad tiene un papel financiero relevante en el programa y que el conflicto abierto con el Estado no debe interpretarse como un rechazo a los recursos destinados a vivienda.
“Con lo cual, no estamos hablando de un dinero que ponga exclusivamente el Gobierno de España, ni mucho menos. Nosotros hemos presentado un conflicto de competencia. Eso no significa que nosotros hayamos renunciado a ese dinero. Todo lo contrario”, ha incidido Díaz.
La Junta, de hecho, ya ha comenzado a preparar el siguiente paso para poner en marcha las ayudas. Díaz ha explicado que su departamento ha “mandado el convenio de colaboración al Ministerio” y que está estudiando ese convenio para poder firmarlo cuanto antes, en los próximos meses, y para poder iniciar esas ayudas que van a venir.
“Pero, como digo, son ayudas del Gobierno de España y son ayudas de la Junta de Andalucía. Tanto es así que hemos multiplicado por seis desde la Junta de Andalucía los fondos que poníamos con el anterior plan”, ha informado Díaz.
Objetivos del plan estatal: más construcción, rehabilitación y protección
Los fondos del Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 permitirán a las comunidades autónomas poner en marcha nuevas políticas públicas de vivienda, dentro de un plan que el Gobierno ha presentado como uno de los principales instrumentos para ampliar la oferta de vivienda asequible. Contempla una inversión total de 7.000 millones de euros hasta 2030. La cifra triplica los recursos previstos en el anterior Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y se articula alrededor de tres grandes líneas de actuación: más construcción, más rehabilitación y más protección.
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana completó a finales de agosto la transferencia de los primeros 800 millones del plan estatal a las comunidades autónomas. Con ese primer desembolso, el departamento que dirige Isabel Rodríguez formalizó el pago de la primera anualidad correspondiente al Estado y dio el pistoletazo de salida a la aplicación del nuevo programa en los distintos territorios.
El plan supone, además, un cambio de orientación respecto a las políticas anteriores, según la interpretación que hace el Ministerio de Vivienda. El Ejecutivo quiere que la inversión pública en vivienda tenga efectos permanentes y que “ni un solo euro más se destine a viviendas que en el futuro se puedan privatizar”, con la intención de garantizar que el esfuerzo inversor de las administraciones se traduzca en una oferta estable de vivienda protegida y asequible.
