La Policía de Investigaciones de Chile (PDI) desarticuló una organización acusada de cometer robos con intimidación contra escolares y universitarios en el sector oriente de Santiago.
La banda, identificada como “Las Patronas”, estaba compuesta por siete ciudadanos colombianos que, de acuerdo con la investigación, captaban a sus víctimas con un acercamiento amistoso antes de acusarlas falsamente de vender drogas y quitarles teléfonos, documentos y otros objetos personales.
La investigación estuvo a cargo de detectives de la Brigada Investigadora de Robos Metropolitana Oriente junto con la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, y se logró la detención de los imputadosen procedimientos desarrollados en inmuebles de las comunas de Renca, Estación Central y Santiago.
Según los antecedentes reunidos por los investigadores, el grupo estaría vinculado con al menos 11 robos violentos cometidos entre 2025 y 2026.
Las víctimas eran, en su mayoría, jóvenes estudiantes que asistían a establecimientos escolares o universidades ubicadas en el sector oriente de la capital chilena.
Los siete detenidos mantenían una situación migratoria irregular. Además, la policía informó que todos registraban antecedentes por delitos cometidos en distintos países.
Prontuario de terror: una de las colombianas detenidas en Chile tenía circular roja de Interpol
Entre los detalles que se conocieron en el informe oficial por parte de las autoridades chilenas, se aseguró que una de las mujeres apresadas tenía una notificación roja de la Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) de Brasil, por un doble homicidio ocurrido en 2023.
Las pesquisas permitieron reconstruir el mecanismo que la banda habría utilizado para abordar a sus víctimas.
Registros de cámaras de seguridad mostraron que las mujeres se aproximaban a estudiantes en espacios públicos con una actitud cordial, como si intentaran iniciar una conversación casual.
Luego, según la indagatoria, les aseguraban que habían sido identificados como vendedores de droga dentro de una zona que el grupo decía controlar. La falsa acusación funcionaba como una forma de intimidación para obligar a los jóvenes a entregar sus teléfonos.
En algunos casos, las sospechosas les pedían a las víctimas que desbloquearan los dispositivos y accedieran a una página web, bajo el argumento de que debían someterse a una revisión.
Durante ese momento se acercaban hombres vinculados a la organización, quienes preguntaban a las mujeres si necesitaban apoyo o si había más personas involucradas.
La presencia de los hombres reforzaba la intimidación. De acuerdo con los antecedentes policiales, los estudiantes terminaban por entregar sus celulares y otras pertenencias. También les exigían información personal, que podía quedar expuesta una vez que los teléfonos eran desbloqueados.
El subprefecto Rubén Plaza, jefe de la Biro Oriente, explicó que la investigación permitió establecer que no se trataba de hechos aislados. “Logramos acreditar una asociación criminal dedicada a los robos con intimidación y posterior venta de las especies robadas, a través del mercado informal o mercado secundario”, detalló el oficial.
La policía busca establecer si existen más víctimas que no hayan presentado denuncias y determinar el alcance de la actuación de cada integrante de la organización. La causa también contempla revisar si hubo otras personas que facilitaron la comercialización de los dispositivos sustraídos.
La investigación avanzó sobre locales que recibían los teléfonos robados
Los procedimientos no solo apuntaron contra los presuntos autores de los robos. Los detectives también reunieron antecedentes sobre el circuito de reventa de celulares, que habría permitido transformar los objetos sustraídos en dinero.
Plaza sostuvo que los imputados acudían a locales dedicados a la compra, venta y reparación de artículos tecnológicos para entregar los teléfonos robados.
Los investigadores detectaron un mercado secundario que presuntamente recibía y reducía los dispositivos obtenidos mediante robos. A partir de esos antecedentes, la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente solicitó órdenes de entrega y registro para los establecimientos bajo investigación. La diligencia permitió acreditar, según la policía, la posible participación de algunos locatarios como receptadores de los objetos robados.
Los encargados de esos comercios contaban con programas informáticos destinados a restablecer o modificar los teléfonos, una práctica conocida como “flasheo”.
Ese procedimiento permite eliminar configuraciones previas del equipo, alterar su software o intentar acceder a claves y datos almacenados por los usuarios.
Durante los allanamientos, los detectives incautaron teléfonos celulares, cannabis, munición balística y otros elementos que serán incorporados a la investigación.
El material quedó a disposición de la Fiscalía, que deberá determinar su relación con los delitos investigados y con la eventual comercialización de los aparatos.
