En una tarde cálida y sin viento del mes pasado, unos 40 migrantes africanos se reunieron en una parada de autobús en Dunkerque, en la costa norte de Francia. Muchos llevaban bolsas de plástico llenas de chalecos salvavidas. Una pareja con niños pequeños tuvo dificultades empujando un cochecito, antes de dejarlo a un lado de la carretera.
Venían de un campamento destartalado en las afueras industriales de la ciudad y se dirigían a una de las playas de Dunkerque, famosas por ser el lugar donde, hace casi un siglo, una armada de pequeñas embarcaciones ayudó a las tropas británicas a escapar del avance nazi.
Estos migrantes también ansiaban tomar una pequeña embarcación para cruzar el canal de la Mancha.
Pero en esta noche, su viaje se detuvo antes de llegar a la orilla del agua. Cerca de la costa, fueron rodeados por la policía después de refugiarse en un invernadero agrícola. Se acurrucaron en la oscuridad durante horas, pero la presencia de más oficiales en la playa los disuadió y no pudieron llegar al mar.
Este juego del gato y el ratón, tan rutinario que los residentes locales apenas lo notan, es el frente más reciente en una lucha de décadas entre las autoridades francesas y los migrantes. Desde la década de 1990, los cruces ilegales del canal se han convertido en un desafío político crónico en el Reino Unido y en una fuente recurrente de tensión entre Londres y París.
Hay indicios de que los nuevos esfuerzos policiales transfronterizos para frenar este flujo clandestino están dando resultado. El número de personas que llegaron en botes pequeños disminuyó un 43 por ciento hasta agosto de este año en comparación con el mismo periodo en 2025, de unas 29.000 a 16.500, según datos registrados por el gobierno británico. Parte de eso, según funcionarios franceses, se debe a la mayor presencia policial en territorio francés, un despliegue financiado en gran medida con dinero británico.
“El fortalecimiento de la cooperación franco-británica, relanzada en la lucha contra la inmigración irregular en el Norte, está dando sus frutos”, escribió el ministro del Interior de Francia, Laurent Nuñez, en las redes sociales el mes pasado.
Y, sin embargo, al día siguiente de que se frustrara el intento de los migrantes en Dunkerque, casi 500 personas llegaron a Inglaterra en pequeñas embarcaciones. Varias de ellas, al no poder trepar a las embarcaciones, tuvieron que ser rescatadas. Un día después, un hombre murió durante un cruce fallido. Y los niveles de migración, aunque mucho más bajos que el año pasado, aún son mucho más altos que antes de la pandemia.
Las cifras ilustran una verdad compleja. El aumento de la vigilancia policial a menudo reduce la migración, pero rara vez la detiene por completo. Otros factores --como el estado del tiempo, la hostilidad hacia los solicitantes de asilo en otras partes de Europa y el ritmo de los conflictos extranjeros-- significan que rutas migratorias como el canal no pueden bloquearse únicamente con la presencia de guardias fronterizos, según expertos en migración.
La vigilancia policial agresiva también incentiva a los traficantes de personas, que cobran a cada migrante varios miles de euros por cruce, a encontrar nuevas formas de evadir a la policía. En Francia, esto los ha impulsado a usar diferentes playas y desplegar “taxis acuáticos”, que navegan por la costa y recogen a los pasajeros que se adentran en el oleaje, donde es más difícil para la policía interceptarlos.
Elsa Faucillon, una legisladora francesa que compiló un informe crítico sobre la historia de las iniciativas franco-británicas para detener la migración a través del canal, reconoció la disminución en las cifras. Pero argumentó que el aumento de las patrullas francesas hacía que los cruces fueran “más peligrosos”.
“La gente intentará regresar, a veces ocho veces, a veces 10 veces, y acabaran por conseguirlo”, dijo. “O terminarán muriendo”. Nuñez, el ministro del Interior, dijo en el Parlamento este verano que la prioridad de la policía era “salvar vidas humanas” evitando que las personas entraran al agua.
Hafez Abdul conoce los peligros de los intentos repetidos. Abdul, un joven de 23 años de Eritrea, en África oriental, escapó por poco de la muerte el mes pasado durante su tercer intento de cruzar el canal, cuando un bote inflable que lo transportaba a él y a más de otros 160 migrantes se incendió. Esto puso bajo los reflectores el uso creciente de los llamados megabotes por parte de los traficantes, que transportan a muchos más pasajeros que las embarcaciones que usaban anteriormente.
“Fue aterrador, y juré que era la última vez que intentaba cruzar”, dijo Abdul en una entrevista.
Tras haber huido de Eritrea para evitar el reclutamiento, dijo, Abdul cruzó Sudán antes de volar a Rusia y luego viajó a través de Bielorrusia, Letonia y Bélgica, y terminó en Francia. Dijo que solicitó asilo allí, pero su solicitud fue rechazada. Según la ley de la Unión Europea, Abdul debería haberse quedado y solicitado asilo en el país por donde ingresó inicialmente al bloque, Letonia.
Ahora, Abdul teme ser deportado de regreso a Letonia, y de ahí su deseo de llegar al Reino Unido, que no forma parte de la Unión Europea.
“No quiero nada más que seguridad, estabilidad y protección”, dijo.
Como muchos en su misma situación, Abdul pasaba la tarde en un refugio operado por un grupo benéfico católico, Secours Catholique, donde podía cargar su teléfono, conseguir algo de comida y patear un balón de fútbol con amigos. Hasta 800 personas entran todos los días, en su mayoría hombres jóvenes que huyen de la guerra civil sudanesa, según la directora del centro, Léa Biteau.
Muchos tienen historias similares a la de Abdul. Pero ha surgido un nuevo perfil en los últimos meses, según Biteau: personas a las que se les otorgó asilo temporal en Alemania y comenzaron una nueva vida allí hace varios años, pero cuyo asilo no fue renovado. Se puede escuchar a niños migrantes hablar alemán, aun cuando sus padres hablan árabe.
Para Abdul y más de 2000 personas más en campamentos lúgubres a lo largo de la costa francesa, el Reino Unido se ha convertido en un país de último recurso. Algunos extranjeros creen que será más fácil quedarse en suelo británico porque el Reino Unido abandonó la Unión Europea y no puede deportar fácilmente a decenas de migrantes a países de la UE.
Aun así, a medida que la migración agita la política del Reino Unido, este también ha tomado medidas enérgicas. El gobierno se ha comprometido a destinar casi 900 millones de dólares para subsidiar las patrullas en las playas francesas hasta 2029. Y ha recortado las concesiones de asilo, de un máximo del 76 por ciento de los solicitantes en 2022 a solo el 42 por ciento el año pasado.
Entre aquellos a quienes se les denegó la solicitud estaba Muhannad Ali, de 42 años, un libio que dijo haber abandonado su país en 2023. Ali pasó por Túnez y voló a los Países Bajos antes de llegar a Francia. Luego se dirigió al Reino Unido, donde, dijo, quedó decepcionado por la falta de oportunidades económicas.
Ali dijo que se fue voluntariamente. Pero habría sido candidato para ser deportado de regreso a Francia mediante un acuerdo de “uno entra, uno sale” entre Londres y París. En virtud del acuerdo, al Reino Unido se le permite devolver a un migrante que cruzó el canal ilegalmente a cambio de un migrante en Francia que haya solicitado ingresar legalmente.
La esperanza del Reino Unido es que el acuerdo haga que los migrantes lo piensen dos veces antes de cruzar de forma clandestina, lo que, a su vez, podría calmar las pasiones en el país, donde la cobertura mediática de los cruces del canal suscita el enojo de los votantes de manera constante.
“Si una parte significativa de esas personas fuera devuelta a Francia rápidamente, en teoría, la gente no se subiría a un bote”, dijo Mihnea Cuibus, experto en migración de la Universidad de Oxford. “En la práctica, es más difícil”.
Las condiciones para postularse desde suelo francés son extremadamente restrictivas. Los solicitantes deben tener documentos de identificación, que muchos han extraviado mientras viajaban a Europa. Deben llevar teléfonos celulares y estar listos para responder una llamada de los funcionarios en cualquier momento, durante tres meses.
Para septiembre, más de 1400 personas habían sido devueltas a Francia bajo dicha política, una fracción de las más de 41.000 personas que llegaron al Reino Unido después de cruzar el canal el año pasado. (Otras decenas de miles de migrantes son deportados anualmente a otros países).
Dichas cifras son un arma poderosa en manos de los líderes británicos y franceses de extrema derecha. Jordan Bardella, presidente del partido de extrema derecha francés, Agrupación Nacional, fue una de las principales atracciones en una reciente conferencia de Reform UK. Entre vítores, Bardella prometió que si su partido llegaba al poder, se “aseguraría de que Francia ya no sea la puerta de entrada para la migración ilegal hacia el Reino Unido”.
Francia, sin embargo, tendrá que superar a un adversario resiliente: los contrabandistas. Además de los “taxis acuáticos”, los contrabandistas ahora usan embarcaciones capaces de transportar a más pasajeros que antes. El número promedio de personas por embarcación es de 65, un aumento respecto a los 26 en 2021, según las autoridades marítimas francesas.
Régis Holy, el director de la sucursal en Calais de Sauveteurs en Mer, un servicio privado de rescate marítimo, dijo que su equipo, que puede rescatar hasta a 80 personas, monitoreó recientemente un bote que transportaba a 230, la mayor cantidad que jamás hayan encontrado.
Las salidas solían concentrarse en las playas de Calais. Ahora ocurren a lo largo de toda la costa noroeste de Francia y, cada vez más, desde Bélgica.
“Si realmente quisiéramos evitar que los migrantes cruzaran, tendríamos que emplazar policías cada 100 metros a lo largo de la costa”, dijo Nicolas Laroye, un representante sindical de la policía que pasó más de una década patrullando la frontera. Eso requeriría 15.000 oficiales, o alrededor del 10 por ciento de la policía nacional de Francia, dijo, y agregó: “Eso no es posible”.
Tampoco resolvería el dilema subyacente: Francia puede evitar que los migrantes se vayan, pero tampoco quiere que se queden.
*Por Ségolène Le Stradic, reportera e investigadora para El Times que vive en París, y Mark Landler, jefe de la corresponsalía del Times en París. Bushra Alzoubi colaboró con reportería.
