La causa por el pago de sueldos indebidos por casi $1000 millones en la Armada Argentina avanzó esta semana con dos medidas centrales: las declaraciones testimoniales de los dos militares que integraron la comisión interna que detectó las maniobras, y el secuestro formal de las computadoras que contenían la información utilizada para las acreditaciones cuestionadas, según supo TN de fuentes judiciales.
El primero en declarar ante el Juzgado Criminal y Correccional Federal, 2 a cargo de Sebastián Ramos, fue Mauricio Fernando Borda, capitán de corbeta contador y jefe de la División Contabilidad Presupuestaria de la Jefatura Administrativa Financiera de la Armada, que se presentó ante el juez Ramos el lunes 21 de septiembre. Borda integró la comisión interdisciplinaria que la fuerza formó a fines de agosto para auditar las liquidaciones cuestionadas, junto al capitán Carlos Alberto Castro Maggio —quien después hizo la denuncia penal—, la teniente Acuña —identificada solo por su apellido en la declaración— y el teniente Jonathan Fernando Romano, jefe de la División Sistemas.
El expediente se originó en la denuncia que el propio Castro Maggio presentó el 15 de septiembre, después de detectar acreditaciones bancarias superiores a los haberes liquidados por un total de $981.148.567 entre julio de 2022 y enero de 2026, con 23 personas beneficiadas y cuatro de ellas sin ningún vínculo laboral con la fuerza. A partir de esa denuncia, el ministro de Defensa, Carlos Presti, ordenó al jefe de la Armada, almirante Juan Carlos Romay, iniciar los consejos de disciplina para destituir al personal involucrado. La fuerza terminó desplazando de sus funciones a nueve efectivos —ocho capitanes de corbeta y un suboficial—.
Castro Maggio indicó que “durante el período comprendido entre julio de 2022 y enero de 2026, se efectuaron 645 acreditaciones indebidas a favor de 23 personas, por importes superiores a los que les correspondían conforme a sus respectivas liquidaciones y/o sin respaldo en haberes legítimamente liquidados”. El funcionario dijo que las presuntas anomalías alcanzan los $981.148.567,88.
a presentación identificó entre los involucrados a “personal militar en actividad y retiro, personal civil de planta permanente y contratado, personal civil actualmente jubilado y cuatro personas que no poseen vinculación laboral ni funcional alguna con la Armada”.
Estas últimas son María del Carmen Prieto, con 46 acreditaciones por $152.259.495,86, Damián Andrés Santana, con 47 acreditaciones por $99.496.225,47, Amalia Cristina Díaz, con 46 acreditaciones por $91.978.048,38, Natalia Carolina Yahia, con 45 acreditaciones por $90.466.948,33. Prieto es la persona que recibió el mayor importe individual entre los 23 involucrados identificados, y es cónyuge del entonces Jefe del Departamento Revista, Capitán de Navío, Contador Ariel Baltasar Atanasoff.
Según el testimonio de Borda, trabajaron con la información alojada en dos computadoras de la agente civil Vanesa Juárez, la extrajeron a un pendrive para preservar la cadena de custodia y compararon, sobre una base de unas 24.000 personas, los haberes liquidados, lo publicado en el sistema de haberes web y lo efectivamente acreditado por el Banco Nación. En apenas cuatro días de trabajo surgió, de manera repetida, el mismo grupo de 23 personas que hoy está bajo investigación.
Luego declaró también Jonathan Fernando Romano, el jefe de la División Sistemas que había quedado a cargo de resguardar los dos equipos informáticos que usaba Juárez para preparar y transmitir al Banco Nación los archivos de pago. Ese resguardo terminó esta semana, cuando la Justicia dispuso el secuestro formal de las computadoras, que hasta entonces permanecían guardadas en una caja fuerte del edificio Libertad, sede de la Armada.
Con las dos testimoniales ya incorporadas al expediente y los equipos secuestrados, el próximo paso de la instrucción es la pericia informática que había pedido el fiscal Ramiro González, orientada a determinar qué usuarios accedieron a esas computadoras, qué archivos fueron creados o modificados y en qué fechas y horarios se habrían producido las alteraciones que permitieron acreditar importes superiores a los liquidados. También sigue pendiente la respuesta del Banco Nación al oficio librado para reconstruir el circuito de las 645 acreditaciones cuestionadas.
