Un amplio conjunto de entidades vinculadas al agro, la industria, la energía y las economías regionales solicitó a los senadores nacionales que aceleren el tratamiento y la aprobación del nuevo Marco Regulatorio de Biocombustibles, correspondiente al Expediente S-809/26 y otros proyectos vinculados. El pedido apunta a que el dictamen favorable emitido por las comisiones de Minería, Energía y Combustibles, y de Presupuesto y Hacienda, llegue cuanto antes al recinto para avanzar hacia su sanción definitiva.
Las organizaciones consideran que la iniciativa representa una actualización superadora de la normativa vigente y una oportunidad estratégica para el desarrollo energético, industrial y agroindustrial del país. Entre sus principales propuestas se encuentra el incremento progresivo de los cortes obligatorios de biodiesel y bioetanol en el gasoil y las naftas, lo que permitiría ampliar el uso de materias primas de origen agroindustrial y profundizar la agregación de valor en las distintas regiones productivas.
Otro de los ejes destacados por las entidades es el aporte de los biocombustibles a la reducción de emisiones. Según sostienen, una mayor participación de estos combustibles en el transporte contribuiría al proceso de descarbonización y permitiría a la Argentina avanzar en línea con los estándares internacionales de mitigación del cambio climático y transición energética. A la vez, remarcaron que la incorporación de biocombustibles puede mejorar determinadas propiedades técnicas de las mezclas, como el octanaje en las naftas.
El proyecto también plantea un escenario de mayor apertura y competencia para la industria. Entre las posibilidades mencionadas aparecen el desarrollo de un mercado libre, la incorporación de vehículos flex, kits de conversión y nuevas estaciones de servicio de etanol, además de la posibilidad de establecer mayores cortes provinciales de bioetanol y biodiesel. Las entidades destacaron especialmente la previsibilidad de 15 años para las inversiones, junto con el desarrollo de nuevos productos, como el combustible sostenible para aviación (SAF) y alternativas destinadas al transporte marítimo.
Desde el sector productivo también remarcaron el potencial impacto económico del nuevo esquema. La intención es promover una oferta más competitiva de combustibles, con beneficios para el consumidor y, al mismo tiempo, generar inversiones, empleo federal y mayor valor agregado en origen. Para las organizaciones firmantes, la competencia constituye una condición fundamental para que la industria pueda ampliar su escala, incorporar tecnología y desarrollar nuevos mercados.
El documento lleva las firmas de numerosas instituciones, entre ellas Barbechando, las Bolsas de Cereales de Bahía Blanca y Buenos Aires, las Bolsas de Comercio de Chaco y Rosario, el Centro Azucarero Argentino, CARBIO, la Cámara de Bioetanol de Maíz, CIARA, el Centro de Exportadores de Cereales, el Consejo Agroindustrial Argentino, Coninagro y Maizar, además de organizaciones de productores cañeros y la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la Universidad Nacional de Córdoba. En conjunto, solicitaron a la Cámara de Senadores que otorgue pronto tratamiento al dictamen y avance con su sanción definitiva.
