La Comisión Europea va a presentar este miércoles, 9 de septiembre, la nueva Ley de Vivienda Asequible. Una normativa que fijará por primera vez los criterios comunes para que los países del bloque puedan limitar los alquileres turísticos de corta duración y la compra de segundas residencias en las zonas donde el acceso a un techo se ha convertido en un problema estructural.
El texto, al que ha tenido acceso Reuters, llega después de que ciudades como París, Barcelona o Venecia hayan endurecido por su cuenta las condiciones para que puedan operar plataformas como Airbnb, y de que los precios de compra hayan subido un 64,9% en la última década frente a un 21,8% de los alquileres, según cifras de la propia Unión Europea.
Dicha propuesta, cuya responsable es Teresa Ribera, vicepresidenta de la Comisión Europea, deberá superar ahora el examen de los Estados miembros y del Parlamento Europeo antes de convertirse en ley, un trámite que se extenderá durante los próximos meses.
Cuándo una ciudad se considera zona tensionada
Sin embargo, el borrador no da total libertad a cualquier municipio a imponer restricciones, sino que obliga a las autoridades a demostrar primero que existe una gran presión sobre la vivienda antes de actuar contra los alquileres vacacionales o la compra de inmuebles. Para ello, el texto propone que se analice la relación entre el precio de la vivienda y los ingresos de la población, así como su evolución en el tiempo.
“La relación entre el precio y los ingresos mide la asequibilidad de la vivienda al comparar el coste de adquirir una vivienda con los ingresos del hogar o de la población que se espera que la compre”, señala el documento. Además, desde Bruselas añaden que las autoridades “deberían evaluar la tensión del mercado de la vivienda en la zona en cuestión sobre la base de la relación entre el precio y los ingresos y su evolución a lo largo del tiempo, junto con otros indicadores que permitan demostrar que es improbable que la tensión sobre la vivienda se alivie en el futuro”.
Entre esos indicadores adicionales están el crecimiento demográfico y el desequilibrio entre oferta y demanda de vivienda. El borrador también señala que cualquier medida que se adopte no puede ser discriminatoria, sino proporcionada y estar justificada por el interés público, un requisito pensado para evitar que las restricciones se conviertan en barreras arbitrarias.
De hecho, la Comisión pretende aplicar una referencia numérica concreta, lo que podría animar a los gobiernos de los Estados miembros a intervenir cuando los precios de la vivienda en una zona determinada tripliquen (hasta ocho veces) los ingresos locales, cuando esa brecha se haya mantenido durante la década anterior o cuando no se prevea una mejora en los siguientes tres años.
Multas o límites, pero no prohibiciones totales
Uno de los aspectos centrales del borrador es que descarta ir por la vía más drástica. En lugar de prohibir de forma directa la compra o el uso de propiedades para alquiler turístico, la Comisión plantea fórmulas más graduales, como topes cuantitativos al número de licencias en las zonas con escasez de vivienda o cláusulas de derechos adquiridos, que permitirían a quienes ya operan como anfitriones seguir haciéndolo bajo las reglas vigentes mientras se cierra el paso a nuevos operadores.
Según el documento, el objetivo es enfocarse, sobre todo, en los operadores comerciales que gestionan varias propiedades como negocio turístico, y no tanto hacia quienes alquilan de forma ocasional su propia vivienda. Bajo esta premisa, los municipios podrían restringir a las empresas con múltiples anuncios, mientras se preserva el derecho de un particular a poner en alquiler su residencia principal.
Las presiones del sector y de los vecinos afectados
Y, antes incluso de presentar la propuesta, ya ha llegado la respuesta del sector. La CCIA, un grupo de presión del que forma parte Airbnb, ha pedido que sea la propia Comisión la que vigile de cerca las restricciones nacionales y locales para evitar excesos. “Sin controles de proporcionalidad exigibles, la Ley de Vivienda Asequible no beneficiaría a nadie, ni a los propietarios que alquilan una habitación para llegar a fin de mes, ni a las regiones e industrias que viven del turismo”, ha advertido la organización en un comunicado.
En el otro extremo del debate están los residentes de las ciudades más turísticas, que en los últimos años han salido a la calle para denunciar que el auge de los alquileres de corta duración expulsa a la población local del mercado de la vivienda, en particular a los más jóvenes. La eurodiputada Leïla Chaibi, del grupo La Izquierda, trasladó esa misma preocupación al comisario de Vivienda, Dan Jørgensen, el pasado 2 de septiembre: “Ha llegado la hora de que la UE actúe y sabemos que los alquileres de corta duración tienen un impacto en la crisis de la vivienda, en nuestros centros urbanos, en nuestros barrios y también en el campo en toda Europa”.
