Patricia Bullrich volvió a marcar diferencias con el gobierno de Javier Milei tras el fallo que condenó a cuatro periodistas por realizar una cobertura en una comunidad originaria de Formosa. La jefa del bloque de senadores de La Libertad Avanza cuestionó la resolución judicial, apuntó contra el gobernador Gildo Insfrán y sostuvo que “la libertad de prensa se respeta”.
La senadora se pronunció a través de su cuenta de X, donde rechazó la sentencia que impuso cinco días de arresto —con posibilidad de reemplazar la pena por una multa— a los integrantes de un equipo periodístico que había viajado a la provincia para realizar entrevistas y registrar las condiciones de vida de una comunidad indígena.
“En Formosa, hacer periodismo puede costarte cinco días de arresto. ¿Pedir permiso para hablar con ciudadanos? ¿Qué clase de libertad y democracia hay en Formosa? La libertad de prensa se respeta”, escribió Bullrich. En el mismo mensaje responsabilizó a Insfrán y aseguró que el mandatario provincial considera que “la provincia y los formoseños le pertenecen”.
La postura de Bullrich contrastó con la que había expresado el Presidente un día antes. Javier Milei celebró la decisión judicial con un duro mensaje en redes sociales, donde calificó a los periodistas como “basuras inmundas con micrófono” y los acusó de “hacerle el juego a los corruptos de la alta política y sus amiguitos golpistas”.
La sentencia fue dictada por el Juzgado de Paz de Menor Cuantía de Las Lomitas, a cargo del juez Omar Padilla. El fallo consideró que la cronista Micaela Urdinez, el camarógrafo Lautaro Martín Guillamondegui, el sonidista Joaquín Rajadel y el director audiovisual Javier Federico Corbalán infringieron el artículo 73 del Código de Faltas de Formosa al desarrollar una actividad sin la autorización previa exigida y por no contar con un carnet para ejercer el periodismo.
El episodio tuvo su origen en una cobertura realizada en septiembre de 2025 en la comunidad San José, ubicada en la zona de Las Lomitas. Durante el trabajo periodístico, el equipo fue interceptado por efectivos policiales y trasladado a una dependencia, donde permaneció alrededor de dos horas mientras era notificado de una denuncia.
Según la reconstrucción del caso, la presentación fue impulsada por el cacique de la comunidad, Guillermo López, quien posteriormente aseguró que desconocía el contenido del documento que había firmado.
Tras conocerse la resolución, la Asociación de Entidades Periodísticas Argentinas (ADEPA) y el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) repudiaron la condena y cuestionaron que se sancione a periodistas por el ejercicio de su actividad.
ADEPA recordó que en la Argentina no existe un requisito de licencia, matrícula ni autorización estatal para ejercer el periodismo, mientras que FOPEA advirtió que la decisión judicial constituye un antecedente que criminaliza la labor informativa.
