La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá sostiene que proteger a los jubilados, pensionados y adultos mayores” es una responsabilidad que compartimos”, aunque se decanta por que hay que “discutir es cómo hacerlo de manera sostenible y viable”.
La posición de los comerciantes surge luego de que la Asamblea Nacional aprobara ampliar los beneficios a los jubilados, pensionados y personas de la tercera edad, incorporando nuevos descuentos y aumentando otros ya existentes.
Esto, aducen, “amerita una decisión clara del Ejecutivo”, por lo que “el proyecto debe ser vetado en su conjunto”.
El Proyecto de Ley 226 recibió 47 votos favorables y uno en contra, pero todavía no constituye una norma vigente, pues debe ser sancionado y promulgado por el Ejecutivo.
La propuesta modifica la Ley 6 de 1987, cuyos beneficios alcanzan a las mujeres desde los 55 años y a los hombres desde los 60, además de todos los jubilados y pensionados, independientemente de su edad. Para los extranjeros, el nuevo texto especifica que deberán contar con permiso de residente permanente en Panamá.
Un cambio de mayor alcance fiscal establece que todos los beneficios concedidos podrán reconocerse como crédito fiscal contra el impuesto sobre la renta.
La legislación vigente limita ese tratamiento principalmente a restaurantes y establecimientos de comida rápida, tras la modificación introducida mediante la Ley 192 de 2020.
Los empresarios alegan que para una micro, pequeña o mediana empresa, un descuento obligatorio no es una cifra en una ley.
“Es una reducción directa sobre una venta mientras la planilla, el alquiler, la energía, los insumos, el financiamiento y los impuestos siguen costando lo mismo o inclusive más”, afirman.
Afirman que las MiPymes no tienen capacidad ilimitada para absorber nuevas cargas, sobre todo cuando los costos aumentan de manera permanente, las alternativas son pocas: reducir márgenes, subir precios, posponer inversiones, limitar contrataciones o dejar de operar.
Ninguna de esas opciones beneficia a los panameños en su conjunto, se queja la Cámara de Comercio en su acostumbrada nota dominical.
Reconocer fiscalmente los descuentos es un tema pendiente que debe atenderse, señala el gremio empresarial, y agrega que durante años distintos sectores han asumido beneficios establecidos por ley sin un reconocimiento fiscal equivalente.
“Incorporar un crédito fiscal del 100% no corrige por sí solo el problema de fondo”, manifiestan.
“Primero debe determinarse su viabilidad, su costo para las finanzas públicas y la capacidad del Estado para hacerlo efectivo. Y aun si ese mecanismo funcionara, seguiría pendiente la pregunta principal: ¿es sostenible continuar ampliando una política social mediante obligaciones impuestas al tejido empresarial?, se preguntan.
Pese a la queja, reconocen que la solidaridad con nuestros adultos mayores es responsabilidad de toda la sociedad, por lo que “no debe descansar de forma creciente y permanente sobre determinados sectores productivos”.
Antes de imponer nuevas cargas, los empresarios se inclinan por evaluar el régimen vigente, su impacto inflacionario sobre precios, empleo, inversión y MiPymes, así como la participación que debe asumir el Estado en su financiamiento.
También apuntan que se debe fortalecer el cumplimiento de los beneficios que ya existen y atender las causas que obligan a muchos adultos mayores a buscar en el sector privado respuestas que deberían encontrar oportunamente en los servicios públicos.
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura reitera que su posición respecto al Proyecto de Ley 226 es clara: pedimos al presidente de la República vetar esta iniciativa y abrir una revisión integral, técnica, fiscal y económica.
Añaden que proteger a nuestros adultos mayores es necesario, aunque hacerlo poniendo más presión sobre las MiPymes no es sostenible.
Actualmente, negar los beneficios puede generar multas de $50 a $5,000, mientras que la reforma eleva ese rango a entre $500 y $10,000, y cada reincidencia duplicará la sanción anterior
