El concejal de Bogotá Juan David Quintero alertó por cámaras piratas instaladas en forma improvisada en postes y otros puntos del espacio público de Teusaquillo, que, según su denuncia, podrían ser usadas por delincuentes para vigilar rutinas de residentes antes de cometer hurtos. Los dispositivos fueron reportados en Pablo VI, Rafael Núñez, Nicolás de Federmán y Las Mercedes.
La Secretaría Distrital de Movilidad negó haber instalado las cámaras señaladas y aseguró que no tiene previsto desplegar equipos de ese tipo en los sectores mencionados. La entidad pidió a los ciudadanos informar sobre dispositivos no autorizados ubicados en el espacio público, donde su instalación requiere permisos.
Cámaras sujetas con alambres y conectadas a paneles solares
De acuerdo con la denuncia de Quintero, algunas cámaras aparecieron durante los últimos meses y fueron fijadas de forma artesanal. Los habitantes que reportaron los casos señalaron que varios equipos estaban sujetos con alambres y conectados a paneles solares.
La inquietud de la comunidad se debe a que las cámaras apuntarían hacia viviendas, edificios y zonas residenciales. Los ciudadanos no tienen certeza sobre quién instaló los aparatos, quién los opera ni qué información podrían estar recolectando desde esos puntos.
Según el concejal, particulares podrían aprovechar la presencia de sistemas oficiales de vigilancia para hacer pasar dispositivos sin autorización como equipos institucionales. La hipótesis planteada en la denuncia es que las cámaras permitirían observar movimientos de los residentes y obtener datos para planear robos.
Las denuncias sobre cámaras sospechosas no prueban por sí solas que exista una estructura delictiva detrás de cada dispositivo. Sin embargo, Quintero pidió que las autoridades inspeccionen los equipos, determinen si tienen autorización y establezcan si almacenan o transmiten imágenes de viviendas y espacios de circulación de los barrios.
“Es urgente que la Secretaría de Seguridad cree una alerta a una nueva modalidad delictiva”, afirmó Quintero.
Solicitud de inspecciones y protocolo de reporte
Quintero solicitó a la Policía Metropolitana de Bogotá y a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia que realicen verificaciones en los lugares donde fueron ubicadas las cámaras. El pedido incluye identificar a las personas responsables de instalarlas y establecer su finalidad.
El concejal planteó que las autoridades deben determinar si los dispositivos cuentan con permisos para funcionar en postes, vías u otras áreas de uso público. También pidió precisar si los equipos tienen conexión con hechos delictivos registrados en la localidad.
Quintero afirmó que los habitantes de los barrios afectados han expresado preocupación por aparatos que observan zonas cercanas a apartamentos y casas, en un contexto de aumento de hurtos reportado por la comunidad.
“Una cámara instalada sin autorización no puede convertirse en un punto ciego para las autoridades”, señaló el cabildante. Añadió: “Necesitamos saber quién la puso”, para qué fue instalada y qué información puede estar recopilando.
El concejal propuso la creación de un protocolo para que los residentes reporten equipos sospechosos. La medida buscaría establecer una ruta de atención para las denuncias, evitar que los dispositivos permanezcan instalados sin revisión y permitir una respuesta de las entidades competentes.
La red distrital tiene 1.599 equipos fuera de servicio
La alerta sobre las cámaras reportadas en Teusaquillo coincide con cuestionamientos sobre la disponibilidad de la videovigilancia pública de Bogotá. La concejala del Pacto Histórico Quena Ribadeneira denunció que 1.599 de las 5.824 cámaras distritales instaladas estaban fuera de servicio.
La declaración de Ribadeneira se basó en una respuesta de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y en datos del Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo, con corte al 15 de julio de 2026. De acuerdo con esas cifras, 4.225 equipos se encontraban operativos.
Según el despacho de la concejala, Bogotá cuenta con cerca de 7,9 millones de habitantes y dispone de una cámara distrital por cada 1.363 personas. La relación equivale a 0,73 dispositivos por cada 1.000 habitantes, de acuerdo con los cálculos expuestos en la denuncia.
La mayor causa de inactividad en la red, según los datos citados por Ribadeneira, es el mantenimiento: 1.357 de las 1.599 cámaras fuera de servicio se encontraban inactivas por esa razón. La cabildante cuestionó la capacidad de conservación de la infraestructura de vigilancia ya instalada.
Kennedy, Bosa y Ciudad Bolívar reúnen 469 cámaras fuera de operación, según la información presentada por Ribadeneira. Las tres localidades cuentan en conjunto con 1.465 dispositivos instalados dentro de la red distrital de videovigilancia.
En Kennedy hay 501 cámaras instaladas y 175 no funcionan, lo que equivale al 35% de la red registrada en esa localidad. Bosa tiene 472 equipos, de los cuales 146 permanecen fuera de servicio, cerca del 31%.
Ciudad Bolívar cuenta con 492 cámaras y 148 están inactivas, alrededor del 30% del total local. Ribadeneira señaló que la concentración de equipos sin funcionamiento plantea una brecha en zonas del sur y suroccidente de Bogotá que enfrentan problemas de seguridad.
Los datos de la Secretaría Distrital de Seguridad también registran niveles de inactividad en otras localidades. Los Mártires tiene 98 cámaras fuera de servicio de un total de 237; Santa Fe reporta 98 de 304; Engativá cuenta con 105 equipos inactivos de 441; y Suba tiene 125 cámaras sin operación de las 495 instaladas.
