Buenos Aires, 28 agosto (NA) - Vecinos y comerciantes de Añatuya lanzaron el 26 de agosto un ultimátum ante las roturas reiteradas de cañerías que mantienen calles del centro y de distintos barrios cubiertas por agua potable, y advirtieron que trasladarán el reclamo a la vía pública si no reciben una respuesta concreta. La protesta expone al gobierno de Elías Suárez porque la inspección solicitada por el Municipio quedó condicionada a una autorización del Ente Regulador de los Servicios de Agua y Cloacas (ERSAC) que no se había hecho pública al vencer el horario propuesto para el operativo. Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el reclamo alcanzó a arterias como Gobernador Barraza, Pueyrredón, Pasaje Quinteros, Chacabuco y Gottau, con especial impacto en el barrio Platense Oeste. Los frentistas afirmaron que el líquido que permanece sobre las calzadas proviene de la red de agua potable y no de pozos ciegos, mientras trabajadores municipales realizan tareas de escurrimiento que no detienen las pérdidas. El conflicto ya había llegado a los despachos oficiales. El intendente de Añatuya, Julio Castro, pidió el 10 de agosto a Aguas de Santiago un corte programado de 24 horas para efectuar un relevamiento técnico integral. La empresa respondió ese mismo día mediante la Nota GT 189-26 que no podía disponer unilateralmente la interrupción y que cualquier maniobra requería la aprobación previa del ERSAC. También cuestionó la metodología planteada y propuso postergar el procedimiento. Castro elevó entonces el pedido al presidente del organismo regulador, Juan Domingo Roitman. En la nota del 20 de agosto solicitó autorización para suspender temporalmente el suministro desde las 22 del lunes 24 hasta las 18 del martes 25, con el objetivo de localizar las fallas. El 26, cuando vecinos y comerciantes hicieron pública su advertencia, no se conocía una respuesta concreta del ente ni un cronograma de reparación para los puntos denunciados. Aguas de Santiago es una sociedad de capital privado que tiene desde octubre de 1997 una concesión por 30 años para prestar servicios de agua y cloacas en once localidades, entre ellas Añatuya. El 90 por ciento de sus acciones pertenece a Sagua y el 10 por ciento restante a trabajadores de la firma. Esa estructura coloca la operación cotidiana en manos de la concesionaria, pero no elimina la responsabilidad de control del Estado provincial sobre un servicio público esencial. La propia Provincia exhibió en 2024 su intervención en la política hídrica de la ciudad cuando el Ministerio de Obras Públicas y Agua, la Secretaría del Agua y el ERSAC firmaron con el Municipio un convenio para ampliar la red del barrio Campo Rosso. Aquella obra fue financiada íntegramente por el gobierno santiagueño y se presentó como parte de una expansión posterior al acueducto Simbolar-Añatuya. El antecedente vuelve difícil reducir la crisis actual a una disputa exclusiva entre una empresa y una intendencia. El costo político para Suárez surge del atasco regulatorio: la concesionaria invocó al ERSAC para no autorizar el corte solicitado, el intendente acudió al ente y el plazo operativo propuesto transcurrió sin una solución comunicada a los afectados. No está probado que el gobernador haya causado las roturas ni que la empresa haya incumplido deliberadamente una orden, pero sí existe una demanda ciudadana actual frente a un servicio concesionado y fiscalizado por la Provincia. Agencia NA