La senadora del Pacto Histórico, Carolina Corcho, solicitó en plenaria del Congreso que se vote una proposición para realizar cinco audiencias públicas sobre la atención a las zonas afectadas por el terremoto del pasado 10 de agosto de 2026.
La legisladora cuestionó que, a casi 30 días de la declaratoria de emergencia social y económica, no se conozcan los actos administrativos que reglamentarían las medidas anunciadas por el Gobierno nacional.
Corcho señaló que el 18 de septiembre se cumpliría el primer mes desde la expedición del decreto y reclamó información sobre su ejecución. “Hasta ahora no conocemos los actos administrativos que desarrollen el mismo”, afirmó ante la corporación.
La congresista sostuvo que la emergencia debe concentrarse en un plan de choque para las familias afectadas, la reconstrucción de viviendas, la atención escolar de niños y niñas y la recuperación de actividades económicas en las regiones damnificadas. Según expuso, al menos cuatro zonas del país perdieron parte de su estructura productiva a causa del sismo.
Durante su intervención, Carolina Corcho expresó reparos por la incorporación de megacárceles y de departamentos donde, según manifestó, no se han informado daños por el movimiento telúrico. “No entendemos muy bien qué tiene que ver una megacárcel con el manejo que tiene que tener en este momento la emergencia”, dijo.
La senadora planteó que las acciones públicas deberían priorizar la situación de quienes perdieron sus hogares, el retorno de estudiantes a las aulas y los proyectos productivos para las comunidades golpeadas por el desastre.
“El Congreso de la República debe acercarse, abrir una voz, un espacio para poder escuchar y saber exactamente cómo se está desarrollando el proceso de reconstrucción”, señaló Corcho, al insistir en la necesidad de que las sesiones se lleven a cabo fuera de Bogotá.
Carolina Corcho denunció el desalojo de 30 familias en Pereira
La legisladora también alertó sobre la situación de 30 familias que, de acuerdo con la información que recibió, fueron desalojadas de un albergue ubicado en la vía Combia-Marsella, en Pereira. “Hay una revictimización de las víctimas del terremoto”, advirtió.
El caso fue incorporado por la senadora como uno de los argumentos para llevar el debate a las regiones y conocer de primera mano las condiciones de los damnificados. Corcho pidió que el Ejecutivo presente con rapidez las disposiciones que desarrollan la emergencia económica.
Además, manifestó su preocupación por la posibilidad de que dichos documentos lleguen al Congreso de forma tardía. “No queremos que nos atiborrén a última hora para amedrentar nuestro derecho de control político”, afirmó durante la sesión.
La primera audiencia propuesta tendría lugar en Bogotá, en el Capitolio Nacional. El objetivo sería ejercer control político sobre el Gobierno y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), con foco en la transparencia, el uso de recursos, los créditos internacionales y la contratación de emergencia destinada a la reconstrucción.
La segunda sesión se celebraría en Quibdó, Chocó, y abordaría la vulnerabilidad territorial, la recuperación de medios de vida, el fortalecimiento de autoridades étnicas y el restablecimiento de servicios básicos y conectividad.
En Pereira, la discusión se centraría en los daños a la infraestructura, la reactivación económica, los subsidios de vivienda y la coordinación institucional en el Eje Cafetero. La propuesta incluye una cuarta cita en Cali, Valle del Cauca, para examinar la recuperación de la red hospitalaria, las alternativas de vivienda, la participación juvenil y la vigilancia ciudadana sobre la contratación.
La última audiencia se desarrollaría en Manizales, Caldas. Allí se debatirían los riesgos por deslizamientos, la recuperación de vías estratégicas, las afectaciones aeroportuarias y el estado de la infraestructura educativa y de los servicios públicos.
Por último, la senadora del Pacto Histórico Carolina Corcho pidió al presidente de la plenaria someter la proposición a votación. La iniciativa plantea que las cinco sesiones sirvan para recopilar información sobre la reconstrucción y para que el Congreso realice seguimiento a las medidas adoptadas tras el terremoto.
