La Cámara Federal de Casación Penal mantuvo la prisión preventiva domiciliaria de José Lellis Sosa Córdoba, uno de los 28 imputados que están siendo juzgados por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en el ámbito del Departamento de Informaciones de la Policía de Mendoza (D-2).
La Sala IV del máximo tribunal penal del país, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky, revisó la decisión del Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, que había prorrogado la medida cautelar por un año a partir del 15 de septiembre. Casación avaló su continuidad, aunque redujo el plazo a seis meses o hasta la finalización del debate oral, lo que ocurra primero.
Para sostener la medida, los jueces ponderaron “la naturaleza, dimensión y gravedad de los hechos endilgados”, la complejidad del proceso y que el debate penal se encuentra “en pleno desarrollo”. También tuvieron en cuenta que el acusado cumple la detención bajo la modalidad de prisión domiciliaria.
Ese debate comenzó el 4 de agosto de 2023 ante el Tribunal Oral Federal N° 1 de Mendoza, integrado por Alejandro Piña, Alberto Carelli y Paula Marisi. En esa sede están siendo juzgadas 28 personas por ilícitos cometidos contra más de 300 víctimas vinculadas con el centro clandestino de detención que funcionó en el D-2, dentro del Palacio Policial de la capital mendocina.
Sosa Córdoba, de 78 años, se desempeñó en esa dependencia con el grado de agente y posteriormente se retiró de la Policía de Mendoza con el rango de suboficial principal. En el juicio se analizan, entre otros hechos, privaciones abusivas de la libertad, tormentos, homicidios, lesiones, robos agravados y episodios de violencia sexual atribuidos a integrantes de la estructura represiva que operó en Mendoza durante el último gobierno militar.
Por su calificación como crímenes de lesa humanidad, esos hechos son considerados imprescriptibles, por lo que la acción penal no se extingue con el paso del tiempo.
El nombre de Sosa Córdoba aparece, por lo demás, en otro expediente que avanzó este año. Según informó el portal del Ministerio Público Fiscal (MPF), en marzo el Juzgado Federal N° 1 de Mendoza, a cargo de Leopoldo Rago Gallo, lo procesó junto con otros 14 exintegrantes de las Fuerzas Armadas y de seguridad por crímenes cometidos contra 56 niños, niñas y adolescentes entre 1976 y 1983.
Ese tramo se había iniciado en mayo de 2025 a partir de un requerimiento del MPF, que identificó distintos patrones de violencia ejercida contra menores durante operativos represivos. La investigación comprende hechos de privación abusiva de la libertad, tormentos agravados, abandono de persona, coacción, sustracción, retención u ocultamiento de menores, alteración del estado civil y falsedad ideológica.
Entre los casos reconstruidos aparece el de un bebé de siete meses abandonado en la puerta de la casa de sus abuelos con signos de maltrato. Otro niño, de diez meses, permaneció durante un mes en poder de un comisario y, según la acusación, fue utilizado como “cebo” para intentar capturar a su padre.
Los hechos relevados también incluyen episodios ocurridos durante los propios operativos. Dos hermanos de cuatro y seis años fueron encerrados con la boca tapada con cinta mientras sus padres eran secuestrados. En otro caso, una niña fue arrancada de los brazos de su madre y arrojada a un pasillo.
A ese cuadro se suman situaciones de violencia directamente dirigidas contra menores. Un niño de tres años habría sido amenazado con un arma apoyada en la cabeza frente a su padre; una niña de cinco años fue apuntada y obligada a entregar la llave de su casa; y un adolescente sufrió la introducción de un arma en la boca. La hipótesis acusatoria menciona también a una niña de cinco años que fue obligada a presenciar las torturas infligidas a su padre.
El D-2, eje común de ambos expedientes, fue señalado por el Ministerio Público Fiscal como el principal centro clandestino de detención de la provincia de Mendoza. Según la información reunida en distintos procesos judiciales, más de 300 personas pasaron por esa dependencia, donde se investigaron y juzgaron privaciones ilegítimas de la libertad, tormentos, agresiones sexuales y homicidios.
