Auque el caso sobre el asesinato del senador y entonces precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay ha arrojado nuevos datos en los últimos días, incluida la presunta fuga de información desde el interior del círculo de protección del congresista, en la mañana del domingo 30 de agosto se conoció parte del expediente que demostraría que, en realidad, esa hipótesis ya estaba en manos de la Fiscalía General de la Nación apenas días después del magnicidio.
Según los documentos obtenidos por El Colombiano, el ente acusador identificó la hipótesis de complicidad dentro del grupo de escoltas 46 días después del atentado ocurrido el 7 de junio de 2025.
Este hallazgo surgió tras el testimonio del menor de edad identificado con las iniciales E.J.M.M., también conocido como alias Churco, que declaró que miembros del entorno de seguridad de Uribe habrían colaborado con los responsables del ataque.
El expediente del magnicidio del senador y precandidato presidencial muestra que esa pista surgió durante una diligencia iniciada el 23 de julio a las 3:35 p. m. en el Comando de la Policía Metropolitana de Bogotá.
Sin embargo, el documento revelado por El Colombiano dejó ver que la entrevista se suspendió ese día a las 5:50 p. m. por una presunta autoincriminación y continuó el 24 de julio a las 08:00 a. m.
“Churco”, identificado en el expediente como oriundo de Venezuela, dijo que Elder José Arteaga Hernández, alias “Chipi” o “El Costeño”, no dependía solo de vigilancias externas. Según su relato, la organización conocía la residencia de Uribe, la Toyota TXL blanca y gris en la que se movilizaba y las rutas que usaba.
La investigación reveló desde entonces que la organización criminal habría tenido acceso a información privilegiada sobre la residencia, el vehículo y las rutas utilizadas por el senador.
Alias Churco aseguró que Elder José Arteaga Hernández, alias Chipi, se beneficiaba de datos proporcionados por escoltas. En el teléfono de “Chipi” se encontró un contacto bajo el nombre “Escolta del senador”, con quien se comunicó para obtener alertas en tiempo real, como la advertencia sobre manifestaciones.
Según el testimonio, a finales de mayo de 2025, en un taller de motocicletas de la localidad de Engativá, “Churco” presenció una llamada por WhatsApp a ese número. La comunicación habría durado menos de tres segundos cuando una voz masculina respondió: “hay manifestaciones”. Luego colgó.
Según el expediente conocido por El Colombiano, las transferencias de dinero a cambio de información eran coordinadas por Simeón Pérez Marroquín, alias La Firma o “El Viejo”, quien ya fue condenado por su participación en la logística del crimen. La estructura criminal, conocida como “Plata o Plomo” o “Amantes del Billete”, funcionaba mediante la subcontratación de sicarios y tenía vínculos con disidencias de las Farc, específicamente la Segunda Marquetalia, dirigida por Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.
Cómo se habría usado la información para planear el atentado
Los seguimientos al senador, según el expediente, venían de meses atrás. El 30 de marzo de 2025, durante una actividad política en Bosa, el teléfono atribuido a “El Viejo” salió del sector de Diana Turbay-La Victoria y quedó conectado a una antena de esa zona entre las 08:52 y las 11:33 a. m., en coincidencia con el acto.
Además, la declaración de “Churco” añadió un dato sobre la posible utilidad de esa información. Dijo que la organización conocía un camino, callejón o pasillo estrecho cerca de la vivienda del senador por el que este debía pasar a pie tras algunas actividades.
Ese conocimiento habría servido para evaluar puntos de vulnerabilidad dentro del esquema de protección. La estructura también intentó un primer ataque el 3 de junio con un artefacto explosivo improvisado contra la camioneta del senador.
Según la reconstrucción del proceso conocida por El Colombiano, Katherine Andrea Martínez, alias Gabriela o Andrea, llevó el artefacto hasta una panadería en inmediaciones de la calle 33 con avenida Caracas y luego entregó el detonador a “Churco”.
Él debía acercarse como parrillero en una motocicleta FZ 250 hasta la Toyota TXL, pero la oportunidad no apareció y el plan se abortó. Cuatro días después, el 7 de junio, la estructura cambió de método y ejecutó el ataque con arma de fuego en el parque El Golfito de Modelia.
Para esa acción, según el expediente, reclutaron a un menor de 15 años identificado con las iniciales JCSR, alias “Tianz”, a quien le ofrecieron 20 millones de pesos.
La infiltración en el esquema de seguridad
El caso dio un giro relevante cuando se determinó que, tras el atentado, dos escoltas bajo sospecha continuaban asignados a la protección de la viuda, María Claudia Tarazona. Esta situación incrementó la preocupación por la precisión con la que actuaron los asesinos, lo que sugiere una posible traición interna.
Tarazona confirmó en sus redes sociales que su esquema de seguridad fue completamente reemplazado, agradeciendo a la Policía Nacional y a la Unidad Nacional de Protección.
La Fiscalía sostiene como hipótesis central que la orden del magnicidio provino de la cúpula de la Segunda Marquetalia, con la coordinación de mandos como José Manuel Sierra Sabogal, alias Zarco Aldinever, y la ejecución logística a cargo de “El Viejo”. Los análisis de geolocalización y tráfico de llamadas permitieron reconstruir encuentros entre los escoltas y el coordinador criminal, como el registrado el 29 de enero de 2025 en Modelia, y otra coincidencia técnica en abril cerca del Congreso de la República, según información revelada por Noticias RCN.
Entretanto, la Fiscalía General de la Nación mantiene abierta la línea investigativa sobre la infiltración en el círculo de protección de Miguel Uribe Turbay. Según fuentes del ente investigador, cualquier conclusión deberá estar sustentada en pruebas sólidas.
