Durante al menos dos años, Albertina Mangini, una funcionaria del Poder Judicial bonaerense, se habría aprovechado de su puesto para ejecutar una maniobra fraudulenta con la que habría movido más de 27 mil millones de pesos a través del juego clandestino virtual.
Detrás de ella se habría montado toda una estructura compuesta por empresarios de distintos rubros, analistas de sistemas, operadores financieros y hasta una banda de “cajeras” que se ocupaban de conseguir clientes para casinos online.
La fiscal Betina Lacki, titular de la UFI N°2 de La Plata, avanza en la investigación que ya tiene cuatro detenidos. Además de Mangini, fueron arrestados Mauro Perrota, Ignacio Leonel Marchioni y Cristian Alejandro Scigliano, durante una serie de allanamientos que se hicieron a principios de agosto.
También emitió una orden de detención contra Juan Ignacio Campoli Sillero y Catriel Taubenschlag, que no fueron encontrados durante los últimos operativos y desde entonces tienen pedido de captura en condición de prófugos.
Para los investigadores, cada uno tenía una función distinta, algunos conseguían las identidades, otros administraban las cuentas y otros se ocupaban de mover los fondos.
La fiscal llamó a indagatoria a los detenidos, pero solo Marchioni decidió declarar ante el juez de Garantías N°6, Agustín Crispo. Los acusados están imputados por presunta defraudación mediante el uso indebido de datos, lavado de activos agravado y asociación ilícita. En el caso de Mangini, la acusación también contempla un agravante por su condición de funcionaria pública.
Mientras la Policía intenta encontrar a Sillero y Taubenschlag, la defensa de Mangini busca que la exfuncionaria deje la cárcel o, al menos, cambie las condiciones de su detención.
Sus abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón presentaron un pedido de morigeración basado en su estado de salud. Mangini sostiene que pesa 45 kilos, que no puede dormir y que atraviesa un cuadro de depresión, ansiedad y angustia.
Cómo comenzó a investigarse el caso
En agosto de 2024, un hombre salió de la oficina de Mangini, dentro del Patronato de Liberados en La Plata, a los gritos. “Yo no quiero tener ningún problema. Vos me ofreciste 80 mil pesos”, dijo enojado, según el testimonio de varios testigos que vieron la secuencia.
El motivo tenía que ver con una propuesta que le había hecho Mangini, quien en ese momento trabajaba como funcionaria del Ministerio Público Fiscal bonaerense, y que tenía contacto con personas que habían recuperado la libertad, ya que actuaba como coordinadora entre el Poder Judicial y el gobierno bonaerense.
Ese episodio llamó la atención del resto de los empleados del organismo, sobre todo de la fiscal Karina Vila, que estaba presente en ese momento y elevó un pedido ante la oficina de Control Disciplinario de la Fiscalía de Cámaras para que se investigue qué estaba ocurriendo dentro de la oficina de Mangini.
A partir de escuchas telefónicas y del relato de los testigos, se pudo reconstruir cómo era el mecanismo de defraudación. Según surge de la investigación, la mujer le había ofrecido dinero a ese hombre a cambio de sus datos personales. Hasta ese momento, no se sabía el motivo.
La denuncia que destapó la maniobra de Mangini
La fiscal llamó a declarar a los empleados del Patronato de Liberados y al hombre que había tenido la discusión con Mangini. En su relato contó que meses antes había ido a hacer un trámite después de quedar en libertad por una causa penal, cuando la mujer le comentó que “estaba bien de AFIP” y si quería ganarse 80 mil pesos.
El trato era entregar sus datos personales y someterse a un escáner de datos biométricos. Para eso, tenía que acercarse a un bar de 7 y 56, frente al edificio donde funcionan las fiscalías de La Plata, donde lo recibiría una colaboradora. “Es rápido, en quince minutos vas a un café y lo hacemos”, le habría dicho Mangini.
El hombre no aceptó, según su versión, porque “por ese dinero no pensaba moverse”. Ella insistió y le dijo que con esos datos iban a abrir dos cuentas a su nombre, una en UALA y otra en Paypal. Ahí es cuando escaló la conversación y terminó discutiendo con la funcionaria.
La segunda denuncia contra Mangini
Mientras la fiscal investigaba el caso, llegó a la fiscalía una denuncia de una mujer que contó que había ido a hacer un trámite al Anses de Ensenada, para pedir iniciar la moratoria, pero que se lo habían rechazado por un motivo insólito.
Según precisó, una empleada le dijo que no podía comenzar el trámite porque su cuenta había sido bloqueada por ARCA. Así fue que se dirigió a las oficinas de 10 y 60, donde se enteró de que habían realizado una transferencia con una cuenta a su nombre, por más de 3.500.000 pesos, y el organismo decidió cerrarla.
La mujer fue citada como testigo en la causa contra Mangini, ya que en su descargo la mencionó y contó que meses atrás le había vendido sus datos por 80 mil pesos. “Soy una madre soltera, con dos hijos discapacitados y antecedentes. Necesitaba el dinero”, dijo en su declaración.
“Me dijo que un amigo suyo, llamado Mauro, era quien me iba a pagar. No estaba segura de si hacerlo o no. A los días me mandó un mensaje diciéndome que su amigo iba a estar por La Plata, que si quería aprovechar y ganarme la plata. Si tenía a un hijo, familiares o amigos para sumar, que aproveche”, contó la mujer.
Ella sí aceptó. Se reunió con dos chicas llamadas Valentina y Kiara. Le “escanearon el ojo” y le tomaron sus datos. Tras darle el dinero, Mangini borró todos los chats con la damnificada.
Los nombres que aparecen detrás del dinero
En ese tramo de la investigación aparece Mauro Perrotta, a quien la fiscalía ubica como uno de los principales operadores de la banda. Es amigo de Mangini, de Mar del Plata.
Los investigadores señalan a Perrotta como uno de los encargados de abrir y administrar las cuentas de la organización para recibir, fragmentar y desviar el dinero en las billeteras virtuales con un objetivo: lavar activos.
Lo hacía a través de los casinos online y por medio de esas cuentas “mulas financieras”, que pertenecían a los exreclusos en situación de vulnerabilidad a los que les habían comprado los datos. Luego, las usaban para recaudar las comisiones y ganancias que se generaban a través del juego virtual.
La cuenta bancaria funcionaba, en los hechos, como una estación intermedia. Cuando el jugador ganaba y quería retirar el dinero, ocurría algo parecido en sentido inverso. La cajera coordinaba el pago y el dinero salía hacia una cuenta indicada por el apostador.
Así, una misma cuenta podía recibir transferencias de muchas personas durante un día y después enviar fondos a otras cuentas, cobrando comisiones en cada transacción. Pero lo hacían con montos menores a los que la AFIP podía detectar.
Para la fiscalía, esa circulación es parte de lo que permitió que grandes cantidades de dinero, a partir de un “trabajo de hormiga”, se movieran sin aparecer de manera directa vinculadas con el juego online. También encontraron un patrón en las transacciones, y todas terminaban con el dígito .12. “Con esto podían identificar que ese dinero provenía del casino”, explicó la fiscal.
La comunicación entre quienes participaban de las operaciones tampoco se concentraba en WhatsApp. Los investigadores encontraron intercambios realizados mediante Signal, una aplicación de mensajería que utiliza cifrado.
Los peritos también encontraron que el correo, “telsinocas7@gmail.com” a nombre de Perrota es, para la fiscal, otro mecanismo de cifrado: “La inversión del término CASINO (ONISAC/SINOCAS) es una técnica de cripticismo rudimentario destinada a eludir los algoritmos de control y monitoreo de las plataformas financieras”.
Otra de las pruebas que halló la Justicia fue que, tanto ese mail como el número de teléfono de Perrota, figuraban asociados a múltiples cuentas mulas.
Quién es quién: el resto de la banda
De las pericias a los teléfonos y dispositivos que fueron secuestrados surgen distintas personas que serían parte clave de la banda.
Uno de ellos es Ignacio Leonel Marchioni. Es, para la Justicia, el hombre detrás de los movimientos millonarios y quien aparece asociado a los mayores volúmenes de dinero detectados hasta ahora.
En una proveedora de pagos, los investigadores encontraron créditos por $13.574.944.078 y débitos por $13.574.944.075. Sumados, el movimiento bruto supera los $27.149 millones.
También aparece relacionado con LB Finanzas. Allí realizó cientos de operaciones con distintas personas y empresas. Una de las transferencias que llamó la atención fue un envío de $150.000 a una cuenta de Brubank a nombre de Catriel Taubenschlag. La fiscalía lo ubica dentro del tramo financiero de la organización.
Cristian Alejandro Scigliano fue el cuarto detenido. Su nombre aparece en la investigación relacionada con las operaciones posteriores a la captación de las identidades y con el movimiento de dinero.
Fue detenido en Mar del Plata durante los últimos allanamientos, mientras la Policía buscaba a Sillero y Taubenschlag. Su presunta función, según la acusación, estaba vinculada con la circulación de los fondos y las cuentas utilizadas por la organización.
En el esquema también figura Juan Ignacio Campoli Sillero, uno de los prófugos. Es analista en sistemas de computación, de Mar del Plata, y tiene formación y certificaciones relacionadas con SAP.
Los investigadores lo ubican dentro del circuito financiero. Fue cliente de LB Finanzas y también figura registrado en Sur Finanzas. Su nombre aparece además entre las personas relacionadas con el recorrido de los fondos que analiza la fiscalía.
La Justicia ordenó detenerlo, pero no fue encontrado durante los allanamientos y permanece prófugo.
Por último, aparece Catriel Taubenschlag, el empresario cripto que también está prófugo Según sus redes, tiene actividad en el mundo de las criptomonedas, las finanzas digitales y los desarrollos inmobiliarios.
Comenzó con la minería de Ethereum y luego pasó a Bitcoin. También figura como presidente y fundador de Mi Saldo SRL, una plataforma financiera digital, y aparece vinculado a distintas sociedades comerciales e inmobiliarias en Mar del Plata.
Cuando la Justicia ordenó su detención, Taubenschlag ya había viajado a Johannesburgo, Sudáfrica. Antes había presentado un pedido de eximición de prisión, que fue rechazado por el juez Agustín Crispo, y apeló ante la Cámara.
La fiscal ordenó una serie de medidas urgentes debido a que el empresario “cuenta con recursos económicos para evitar regresar al país”, sostuvo en el pedido de detención. Por eso, Lacki libró oficio a la oficina central de INTERPOL, para que su captura sea incluida en la lista roja del organismo internacional, destinada a “procurar su localización y efectivización de la detención con miras a la extradición”.
Según pudo saber TN, durante ese período Taubenschlag se comunicó con distintos medios para explicar que “no se considera prófugo”. Su versión es que estaba esperando la decisión de la Cámara y que, si el tribunal rechazaba su planteo, se presentaría ante la Justicia.
Sin embargo, cuando se realizaron los allanamientos, los investigadores no pudieron encontrarlo. Ahora la Policía Federal intenta establecer dónde está.
La defensa de Mangini pide una morigeración
Mientras tanto, Mangini permanece detenida. Sus abogados Miguel Molina y Alfredo Gascón presentaron un pedido para que se modifique su situación de detención y acompañaron documentación médica.
La defensa sostiene que su estado físico y psicológico se deterioró desde que quedó detenida. Mangini manifestó que pesa 45 kilos, que tiene problemas para dormir y que atraviesa un cuadro depresivo, además de ansiedad y angustia.
Un informe realizado durante su detención registró una supuesta importante pérdida de masa muscular. También consignó que la mujer manifestó dificultades para alimentarse adecuadamente por el estado emocional que atravesaba.
Los abogados buscan que esos antecedentes sean tenidos en cuenta para otorgarle una morigeración. La Justicia, mientras tanto, ordenó nuevas evaluaciones sobre su estado de salud.
