Frente al avance de la violencia del crimen organizado en el país centroamericano, la presidenta Laura Fernández ha defendido una serie de posibles reformas del poder judicial, al que acusa de inacción. Los cambios, que incluyen recortes presupuestarios y modificaciones en la elección de magistrados, han sido tildados por sus críticos de un intento de alterar la imparcialidad de la Justicia y dar primacía al Ejecutivo. En medio de la creciente disputa, algunos ciudadanos se manifestaron contra la medida.