Seis años y medio después de que el colapso de Vicentin sacudiera los cimientos del sector agroexportador y del sistema financiero argentino, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) dio por cerrada de manera definitiva la investigación administrativa abierta sobre el rol del Banco Nación.
La resolución, firmada el pasado 14 de septiembre, concluyó que la entidad pública cometió faltas e irregularidades en la concesión y seguimiento de los créditos otorgados a la firma cerealera, pero resolvió no aplicar multas económicas ni sanciones de inhabilitación sobre el banco ni sobre sus exdirectivos.
El expediente, iniciado en 2020 para examinar el otorgamiento de líneas crediticias previas al concurso de acreedores de la empresa, determinó la existencia de incumplimientos a las normas prudenciales de exposición al riesgo.
No obstante, el directorio de la autoridad monetaria optó por la figura del apercibimiento administrativo —un equivalente a una llamada de atención o “tarjeta amarilla” que genera antecedente pero no implica erogación monetaria alguna— tanto para el BNA como para nueve de sus exfuncionarios, entre los que figuran el expresidente Javier González Fraga, el exvicepresidente Lucas Llach y los directores Carlos Castellani, Miguel Ángel Arce, Jorge Lawson y Ercilia Nofal, además de exgerentes de la línea técnica.
Un fallo sin costo económico
La investigación de la Superintendencia de Entidades Financieras centró su análisis en tres ejes fundamentales: las deficiencias operativas en la gestión del riesgo crediticio, el monitoreo y clasificación de la situación patrimonial de la compañía, y el reiterado exceso de las asistencias financieras por encima de los topes regulatorios.
El hito crítico de este entramado se situó en agosto de 2019, en medio de la volatilidad financiera posterior a las elecciones primarias, cuando comenzaron a vencer millonarias prefinanciaciones de exportación otorgadas a Vicentin que no fueron canceladas en tiempo y forma.
En aquel momento, el margen de Grandes Exposiciones al Riesgo Crediticio (GERC) —norma que establece que ningún grupo económico puede concentrar más del 15% del capital principal de la entidad pública— fue sobrepasado por una suma de $4425 millones.
En octubre de ese mismo año, las autoridades del Banco Nación informaron al ente regulador que las inconsistencias detectadas en la relación préstamo-patrimonio respondían, en forma determinante, a la deuda acumulada por la agroexportadora santafesina.
A pesar del rigor de las observaciones presentadas por los equipos técnicos de la Superintendencia, el organismo rector resolvió apartarse de las recomendaciones más severas al ponderar atenuantes institucionales y de contexto.
El argumento central para no imponer sanciones pecuniarias radica en que las faltas cometidas no respondieron a una maniobra deliberada para eludir los controles o fraguar la información contable.
Según consta en el expediente, la conducción del Nación notificó de forma transparente las superaciones de los límites crediticios a medida que se producían, marcando una diferencia sustancial con aquellos casos en los que se intenta ocultar la situación irregular al organismo de control.
Asimismo, la resolución del Central puso en balanza la incertidumbre macroeconómica y los eventos exógenos ocurridos durante el segundo semestre de 2019.
Entre ellos, se destacaron la marcada devaluación de la moneda nacional, la falta de previsibilidad sobre la verdadera escala de la crisis financiera de Vicentin en ese período y la decisión política de la administración de aquel entonces de exigir giros de dividendos desde el Banco Nación hacia el Tesoro Nacional, maniobra que erosionó la responsabilidad patrimonial computable del banco y elevó de manera automática la proporción técnica expuesta ante el deudor.
A su vez, la autoridad de contralor valoró la naturaleza jurídica del BNA en tanto entidad de fomento estatal, cuya misión primordial involucra el financiamiento estratégico del comercio exterior y el sostén operativo del entramado productivo nacional.
En función de estas variables, el dictamen determinó aplicar únicamente apercibimientos y llamados de atención, dejando el terreno económico despejado de resarcimientos en la vía regulatoria.
Con la clausura de este sumario financiero se baja el telón del capítulo regulatorio interno en el ente emisor, aunque la vía judicial continúa su curso independiente para determinar si existió responsabilidad penal o delito en los vínculos entre los exfuncionarios y la conducción de la firma.
Mientras tanto, la histórica cerealera inició un nuevo capítulo en su estructura corporativa luego de que, hacia fines de 2025, el Grupo Grassi asumió el control operacional de la agroexportadora tras imponerse en el proceso de salvataje y obtener la correspondiente homologación del acuerdo preventivo en los tribunales.
