Mientras el diputado libertario Santiago Pauli convocó a la Comisión de Finanzas para este martes a las 15, la oposición buscará reunir el quórum este miércoles a las 12 para emplazar a las comisiones que deben tratar los proyectos sobre endeudamiento familiar y los que prorrogan la declaración de Emergencia en Discapacidad, que por ley vence el próximo 31 de diciembre.
El emplazamiento implica fijarles a las comisiones plazos concretos para avanzar con el tratamiento y emitir dictamen. La estrategia opositora busca así acelerar una discusión para la que La Libertad Avanza ya estableció un cronograma propio.
La diputada Silvana Giudici, secretaria parlamentaria de la bancada de La Libertad Avanza, le dijo a TN: “Nosotros tenemos un cronograma fijado para escuchar expositores, darle unificación de giro y trabajar seriamente en un dictamen que no implique beneficiar a bancos ni financieras que hayan prestado a tasas altas que ahora se les dificulta cobrar. Cualquier solución debe plantearse sin intervención a fin de no desalentar el crédito y sin medidas que agraven la situación, como proponen gran parte de los proyectos presentados por UP”.
La postura libertaria
La hoja de ruta fue anunciada la semana pasada en las respectivas comisiones por los diputados Santiago Pauli, presidente de Finanzas, y Gerardo Huesen, titular de Discapacidad. Ambos detallaron los plazos previstos para el tratamiento de las iniciativas y la firma de los respectivos dictámenes.
En el caso del endeudamiento familiar, Pauli anunció dos reuniones informativas con invitados, previstas para este martes 8 y el miércoles 16 de septiembre. Luego, el miércoles 23, se realizaría una reunión de debate entre los diputados, mientras que el 30 de septiembre fue fijado como fecha límite para emitir dictamen.
Además, el titular de Finanzas se comprometió a trabajar en la unificación de los giros parlamentarios de las iniciativas. Actualmente hay cerca de medio centenar de proyectos vinculados con el tema, distribuidos entre nueve comisiones, una situación que complejiza y demora su tratamiento conjunto. Solo en Finanzas hay 35 proyectos en discusión.
Los proyectos de la oposición
La diputada radical María Inés Zigarán, integrante del bloque Provincias Unidas, sostuvo: “El sobreendeudamiento de los hogares dejó de ser un fenómeno marginal. Es una crisis de flujo de ingresos que puede coexistir con empleo, patrimonio modesto y voluntad de pago, pero que termina desplazando gastos de alimentación, vivienda, salud y educación. Un régimen moderno debe distinguir esa situación de la insolvencia empresarial y del fraude: proteger el mínimo vital, ordenar el pago posible y preservar incentivos para el cumplimiento futuro”.
En el proyecto de ley que presentó, que propone la creación de un Régimen de Prevención y Tratamiento del Sobreendeudamiento de Personas Humanas, Zigarán incorpora cifras oficiales del Banco Central que muestran la magnitud y la velocidad del deterioro.
En junio de 2026, la irregularidad de la cartera bancaria de las familias alcanzó el 12,8%, frente al 7,6% del financiamiento total al sector privado y al 3,5% del crédito a las empresas. Dentro de ese universo, los préstamos personales y las tarjetas exhibieron un deterioro particularmente marcado.
Emergencia en Discapacidad
En la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen anunció para esta semana una reunión informativa con invitados propuestos por los distintos bloques parlamentarios. El cronograma prevé además un encuentro entre los diputados para el miércoles 23 de septiembre, cuando podría avanzarse con la firma de los dictámenes.
Desde La Libertad Avanza sostuvieron que buscarán promover debates basados en datos precisos y garantizar que la sociedad cuente con información suficiente sobre la complejidad de los temas en discusión. En ese marco, el oficialismo volvió a respaldar el rumbo económico del Gobierno de Javier Milei.
La sesión especial
Este miércoles a las 12, la oposición buscará sesionar para emplazar a las comisiones que deben discutir los más de 50 proyectos relacionados con el endeudamiento familiar y la prórroga de la ley que declaró la Emergencia en Discapacidad.
El pedido de sesión especial llevó las firmas de Pablo Juliano (Provincias Unidas), Germán Martínez (UxP), Oscar Herrera Ahuad (Argentina Federal), Sebastián Nóblega (Elijo Catamarca), Marcela Pagano (Coherencia), Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica), Nicolás del Caño (Frente de Izquierda) y Miguel Pichetto (Encuentro Federal).
Entre los firmantes hay representantes de bloques que mantienen posiciones cercanas al oficialismo. La incógnita será si mantienen ese respaldo durante la sesión y acompañan el emplazamiento para avanzar con el tratamiento en las comisiones.
Los impulsores de la sesión sostuvieron que hay más de 20 millones de personas endeudadas en la Argentina y que seis millones ya se encuentran en mora, con dificultades para saldar sus deudas.
Trazabilidad de medicamentos
En el marco de una intensa agenda de debates en la Cámara de Diputados, este martes la Comisión de Acción Social y Salud Pública, que conduce el libertario Manuel Quintar, pondrá en discusión cuatro proyectos vinculados con la creación de un sistema de trazabilidad de medicamentos de alto riesgo y de sus ingredientes farmacéuticos activos.
La iniciativa fue una de las conclusiones de la Comisión Especial Investigadora para esclarecer el brote de fentanilo adulterado ocurrido en 2025. Los proyectos fueron presentados por Silvana Giudici (LLA), Pablo Juliano (Provincias Unidas), Victoria Tolosa Paz (UxP) y Marcela Pagano (Coherencia).
La Comisión Investigadora sobre el fentanilo contaminado presentó un informe final que consta de un expediente de 13 cuerpos y 2.600 fojas, además de un informe final de 1.537 fojas. El expediente completo alcanza las 4.200 fojas e incluye 20 recomendaciones surgidas a partir de los aportes de familiares de víctimas, especialistas y documentación remitida por distintas instituciones.
El fentanilo adulterado dejó más de un centenar de víctimas y decenas de sobrevivientes con secuelas, en un hecho considerado uno de los mayores desastres sanitarios vinculados con medicamentos de la historia reciente del país.
El proyecto de Giudici propone “establecer el deber de notificación inmediata por parte de las instituciones de salud públicas y privadas respecto del uso de medicamentos de alto riesgo, la ocurrencia de brotes infecciosos intrahospitalarios y la aparición de eventos adversos graves que puedan comprometer la salud pública”.
Además, crea el Sistema Nacional de Alerta y Trazabilidad de Eventos Críticos en Salud (SNATECS), de carácter obligatorio y digital, bajo la órbita de la ANMAT.
Según Giudici, “el proyecto busca mejorar la articulación entre trazabilidad, seguridad del paciente y capacidad de respuesta sanitaria, incorporando una herramienta moderna, compatible con la normativa vigente y adaptada a los desafíos actuales en el ámbito de la salud”. Su aprobación, sostuvo, “implicará un avance significativo en términos de prevención, coordinación y responsabilidad institucional frente a situaciones de riesgo clínico”.
